Política

Teléfono para Gildo Insfran: caso Skanska, piden indagatoria por fraude y coimas

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El fiscal Stornelli solicitó convocar al ex Ministro de Planificación Julio De Vido (actual diputado nacional por el FpV) y al ex secretario de Obras Públicas José López (preso) por fraude al Estado y sobornos en la causa Skanska. Dijo que se pagaron sobreprecios por 86 millones de pesos.

La causa Skanska, es la primera denuncia de corrupción contra el kirchnerismo que también involucra, a ENARSA y al Fondo Fiduciario de Formosa y se había cerrado por presiones K sobre la Justicia.

El Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro), que es administrado por Jorge Melchor es un organismo financiero oficial de la provincia de Formosa, aparece vinculado a los dos mayores casos de corrupción con el gobierno Kirchnerista. Está en la ruta de las coimas pagadas por la constructora sueca Skanska, para ampliar gasoductos en 2005, y también es cómplice en 2010 de la coima de los $ 7,6 millones, pagados al monotributista Alejandro Vandebroele,  supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou.

En su oportunidad el responsable del Fondo Fiduciario formoseño, Jorge Melchor, había admitido que ese organismo habría recibido más de 350.000 pesos en cheques que emitió la empresa Skanska por servicios inexistentes, encubriendo el supuesto pago de sobornos o coimas en la ampliación de dos gasoductos, investigadas por la Justicia.

En dicho fallo, se detalla que las firmas Conumi y Constructora La Nueva Argentina, además de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Cris, libraron cheques que terminaron siendo depositados en una cuenta oficial que administra el FONFIPRO.

Los cheques endosados a nombre del organismo formoseño fueron emitidos desde cuentas bancarias en las que se habían depositado cheques librados por Skanska a tres de las 23 empresas a las que, según admitió la propia constructora sueca, se les pagó por servicios que nunca se prestaron.

De acuerdo con el documento de López Biscayart, el Fondo Fiduciario fue destinatario de doce cheques emitidos por empresas fantasmas a comienzos de 2006 que antes habían recibido pagos de Skanska. El FONFIPRO se creó en 2004 en la provincia donde reina Gildo Insfrán desde 1995.

También se señala que, en el caso de la cooperativa, emitió los cheques números 14506881, por 38.570 pesos; 1456881, por 49.837 y un tercero, el 14506882, por 41.753 pesos, que fueron endosados como último depositantes por gente del FONFIPRO.

El nuevo pedido judicial complica la situación de De Vido quien ya está procesado por el direccionamiento de las obras públicas a favor de Lázaro Báez, la Tragedia de Once e imputado en Sueños Compartidos y por enriquecimiento ilícito, entre otras.

En una resolución de 165 páginas recordó las maniobras realizadas en el 2004 para digitar la licitación de la ampliación del gasoducto del norte a favor de la empresa sueca y el pago de unos 84 millones de pesos en sobreprecios.

La solicitud de indagatoria como sospechosos también abarca al ex secretario de Obras Públicas José López -detenido en la causa por los bolsos con 9 millones de dólares tirados al convento de General Rodríguez- y al ex titular de Nación Fideicomisos Nestor Alberto Ulloa.

Stornelli destacó que en la ruta del dinero de Skanska se llega a “Nación Fideicomisos y ENARGAS –este último bajo la órbita del Ministerio a cargo de De Vido-, pues, de manera directa o indirecta confluyeron en entidades financieras –Money Market S.A. y FONFIPRO- que se hallarían conectadas, de alguna forma, a los máximos funcionarios de sendos organismos, conforme iremos viendo más adelante, al hablar de las situaciones procesales puntuales”. Money Market estaba controlada por el financista Hernán Arcioni, vinculado al kirchnerismo, y quien está siendo investigado por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart en una causa por evasión del impuesto al cheque. Se estima que Arcioni manejó depósitos dudosos y cambió cheques por unos 3.500 millones de pesos entre el 2008 y el 2010. Y FONFIPRO -un fondo de la provincia de Formosa- es investigada por el juez federal Ariel Lijo en un desprendimiento de la causa Ciccone.

“La ingeniería legal y procedimental pergeñada obedeció a una clara intencionalidad de querer diluir las eventuales responsabilidades hacia abajo en la cadena jerárquica, incluso proyectándolas hacia las empresas privadas que resultaban licenciatarias”, agregó Stornelli.

Para el fiscal “De Vido estaba al tanto de cada uno de los pormenores de las contrataciones en cuestión, o cuanto menos, sobre quiénes eran los participantes y sobre la existencia de importantes desvíos presupuestarios. Pues así debía ser. Pesaba sobre el mismo un especial deber de custodia atento a las particulares misiones que le encomendaba a su ministerio el aludido Decreto PEN 180/04”.

Más adelante, luego de una descripción de las decenas de operaciones financieras conectadas con los pagos de Skanska, Stornelli dijo que “resulta inimaginable que De Vido hubiera simplemente delegado sus funciones, desentendiéndose –al menos bajo actitud negligente- de cuanto ocurriera en los procedimientos de contratación finalmente autorizados en su propia jurisdicción”. “Surge palmario, por tanto, que De Vido ha tenido un rol activo, decisivo y decisorio en la suerte que corrieran sendas contrataciones, y que ha manifestado su voluntad a través de los actos administrativos dictados por sus inferiores jerárquicos, en quienes había delegado formalmente las funciones”, agregó.

El kirchnerismo había logrado cerrar la causa, pero una decisión de la Corte del 2016 la reabrió.

Con el fallo de la Corte a favor, Stornelli consideró haber excluido de la valoración probatoria una grabación producida por el auditor de la firma Skanska en el que se decía que le había pagado “una coima al pingüino de acá a la vuelta”.

El disparador del planteo fiscal fue la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que en abril validó esas escuchas. Como antecedente a esa decisión de Casación, el año pasado, la Corte había abierto la posibilidad de que se caigan los polémicos sobreseimientos e dictó en el 2011 la sala I de la Cámara Federal y que beneficiaron al ex secretario de Energía Daniel Cameron, al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, y al ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. Un año antes, en el 2010, el juez federal Norberto Oyarbide había procesado a los funcionarios por cohecho y considerado que Skanska pagó sobreprecios. La sala I está compuesta por los jueces Eduardo Freirler y Jorge Ballestero, quienes solían votar a favor de la estrategia judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La Corte, con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, resolvió dejar sin efecto un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y así reconocerle legitimación al fiscal Guillermo Noailles. Para la Corte, la apelación de Noailles “se corresponde con la función constitucional del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.

Este fiscal había apelado, hasta ahora sin éxito, la decisión de la sala I de la Cámara Federal porteña que había excluido como medio de prueba una grabación secuestrada en un allanamiento a Skanska, así como la copia acompañada por el apoderado de esa firma y el testimonio de Claudio Carrizo referido a dicha conversación.

En esa grabación el ex responsable del área comercial de la empresa, Javier Azcárate, reconoce que Skanska coimeó para participar de una millonaria ampliación de gasoductos organizada por el ministerio de Planificación Federal. También cuenta ahí cómo el uso de facturas truchas ayudó a concretar la maniobra y precisa cómo se repartió al menos una parte de ese posible soborno: 3 por ciento para el Ente Regulador del Gas, que presidía Madaro, y un 2 por ciento para Nación Fideicomisos, cuyo gerente era Ulloa.

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