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El rol que tuvo Gils Carbó para tratar de salvar al kirchnerismo en la Justicia

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El 29 de agosto de 2012, Cristina Fernández de Kirchner le tomó juramento a Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación, un cargo clave para cubrir la retirada del kirchnerismo ante eventuales procesos judiciales por corrupción una vez fuera del poder. Con la nueva administración, los temores se hicieron realidad y la tarea de la renunciada procuradora fue relevante.

Una de las primeras medidas que adoptó Gils Carbó cuando asumió fue la redacción de un nuevo reglamento de concursos del Ministerio Público Fiscal.Esta norma estableció la designación de los jurados que evaluarían a los candidatos a fiscales de manera directa y discrecional por la procuradora general dejando sin efecto dos anteriores que ordenaban que los jurados se eligieran a través de un sorteo público.

El reglamento hecho a medida por Gils Carbó le permitió cubrir numerosos cargos estratégicos del Ministerio Público Fiscal con miembros de Justicia Legítima, la agrupación afín a Cristina Elisabet Kirchner y La Cámpora. La Sala II de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo le puso un freno al declarar inválido el reglamento por considerarlo arbitrario y violatorio de los principios de objetividad y transparencia que exige la Constitución Nacional.

En diciembre de 2014, la procuradora designó a 18 fiscales afines al kirchnerismo en todo el país. Frente a esta maniobra, la Asociación de Magistrados alertó de que esa jugada “podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción”.

Uno de los fiscales nombrados por la la procuradora fue Juan Pedro Zoni,quien había concursado para hacerse cargo de la Fiscalía Federal de Santiago del Estero, que aún no estaba funcionando. Sin embargo, Alejandra Gils Carbó ordenó recibir juramento a Zoni y, además, lo asignó a la Fiscalía Federal Nro. 8, con sede en Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. Meses más tarde lo confirmó como titular de esa fiscalía. El mismo día que Juan Zoni fue confirmado en la Fiscalía Nro. 8 de la Capital, firmó un dictamen en el que pidió que llamen a indagatoria por lavado de dinero a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman. Los abogados de Garfunkel y Nisman denunciaron que Zoni accedió a registros y documentos informáticos sin permitirle el debido control y participación a la defensa de las mujeres.

El caso de Zoni no es el único que muestra que Gils Carbó manejó a su antojo la designación de los lugares donde van a cumplir funciones los fiscales. Carlos Gonella terminó procesado por haber favorecido a Lázaro Báez cuando estaba a cargo de la PROCELAC, donde había sido designado por Gils Carbó siendo que, en realidad, había concursado para fiscal general de Formosa. A solo tres meses de haber sido destinado por la procuradora como subrogante de la Fiscalía Federal Nro. 5 de la Capital, Leonel Gómez Barbella pidió las indagatorias de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, en la causa Papel Prensa fogoneada durante el gobierno kirchnerista. Gómez Barbella había concursado para cubrir el cargo de fiscal federal de General Pico en La Pampa pero nunca asumió porque la fiscalía no estaba constituida.

Estas designaciones discrecionales fueron cuestionadas por el fiscal Guillermo Marijuan, quien fue desplazado por Gils Carbó de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social por sus críticas.
Uno de los casos más emblemáticos de cómo hacía sentir el rigor la procuradora a quienes no se encolumnaban detrás de sus decisiones fue el de José María Campagnoli que fue sometido a un jurado de enjuiciamiento por investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Otro de los representantes del Ministerio Público castigados por la procuradora general es el fiscal federal de General Roca, Alejandro Moldes,a quien Gils Carbó intentó desplazar por investigar al ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, denunciado por narcotráfico y lavado de dinero. Como no lo pudo remover de la fiscalía, Gils Carbó comenzó una serie de hostigamientos que incluyeron una denuncia penal, reducirle la planta de empleados y bloquearle el acceso a todas las causas que estaba investigando. Este caso fue revelado por Infobae en diciembre del año pasado, y luego de una investigación preliminar, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a Alejandra Gils Carbó, causa que tramita ante el juzgado a cargo de Julián Ercolini.

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