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A dos días de la detención, Lascurain deja la cárcel: deberá pagar una fianza de 100 mil pesos

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El fiscal Stornelli no se opuso a la liberación, luego de que fue indagado, porque no es funcionario. Pero lo supeditó a que depositara una importante caución.

El juez federal Luis Rodríguez excarceló al ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, detenido el lunes en una causa conexa del escándalo de la mina de Río Turbio. Luego de ser indagado como sospechoso por el cobro de 50 millones de pesos para una avenida en Río Turbio que no se construyó, pidió la excarcelación. El fiscal Carlos Stornelli no se opuso a que sea liberado porque es un particular y no un funcionario, pero pidió al magistrado que le fije una caución como garantía, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Según se supo, la fianza fijada fue de 100 mil pesos.

En cambio, el magistrado mantuvo la prisión preventiva del ex interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y e intendente de esa localidad, Atanasio Pérez Ozuna.

Mientras tanto, la presión judicial sobre ex funcionarios y empresarios kirchnernistas vinculados al escándalo de Río Turbio y un plan de retiros voluntarios en la mina aumentaron la tensión en esa localidad santacruceña mientras se registraron hechos vandálicos contra la familia del interventor Omar Zeidán.

Antes esta situación, el martes llegó un grupo de 200 gendarmes para evitar más desmanes en Río Turbio, luego de que sindicalistas y militantes K atacaron la casa de los padres de Zeidán y vandalizaron su auto y comercios de familiares del interventor.

Zeidán identificó a los grupos que protagonizaron los ataques como vinculados a “los secretarios generales de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón y ATE Río Turbio, Miguel Páez”.

En su cuenta en Twitter, Páez negó ser el responsable de los ataques y dijo que “el gobierno sostiene que no puede mantener los salarios de todos los trabajadores de la mina y que inclusive hay más personal de lo que debería haber, pero no sobra nadie, faltan». La mina hace un mes y medio que está parada por una huelga de ATE.

Los ataques recrudecieron luego de que el juez federal de la Capital Federal, Luis Rodríguez, ordenó detener el martes al ex interventor de YCRT, Atanasio Pérez Ozuna y al diputado provincial del Frente para la Victoria, Matías Mazú, quienes fueron los referentes del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, preso en la causa madre por el escándalo de Río Turbio. Pérez Ozuna fue arrestado en la Capital pero Mazú aún está libre porque tiene fueros parlamentarios provinciales.

Zeidán denunció que “una patota” luego de atacar la casa de sus padres, que son jubilados, prendió fuego la casa de la intervención, pintaron con aerosol vehículos oficiales y los particulares y rompieron los vidrios de casas de funcionarios de la mina.

En un comunicado, YCRT informó también que el subgerente de Asuntos Jurídicos, Miguel Páez, se descompensó luego de aceptar discutir con unos 50 delegados y trabajadores que lo “insultaron y le lanzaron toda clase de improperios”. Páez se negó a firmar un acuerdo y “un grupo de ATE destruyó el interior del salón SUM de la empresa, arrancaron la cortina, orinaron en todos lados y descolgaron y rompieron un cuadro del presidente Macri”. Luego un médico del hospital de Río Turbio, que “tiene una íntima relación con Pérez Ozuna” se negó a mandar una ambulancia para trasladar al subgerente, quien finalmente fue movilizado con otra e internado en terapia intensiva.

Zeidán, como querellante en la causa madre a través de su abogado, Federico Novelo, también pidió la intervención de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), delegación Río Gallegos, Martín Goicoechea. Ya está intervenida la fundación de la UTN que desvió 268 millones de pesos, según Stornelli. El juez «rechazó, por ahora, la intervención para respetar la autonomía universitaria» pero en Comodoro Py esperan alguna reacción del rector de la UTN, Eduardo Donnet, informaron las fuentes. Paralelamente, Donnet tiene que enfrentar la situación de la fundación de la UTN de La Plata que está siendo investigada por el juez federal Ernesto Kreplak por el desvío de 14 millones de pesos de una auditoría sobre los planes Trabajar del ministerio de Desarrollo Social en la época de Alicia Kirchner. Llamativamente, Alicia Kirchner como gobernadora acaba de firmar un nuevo convenio con la UTN Río Gallegos.

El conflicto en Río Turbio también tiene que ver con un plan de retiros voluntarios que puso en marcha Zeidan para “hacer viable” la mina más austral de la Argentina, al cual se opone ATE. El interventor afirma que tiene “muchos subgerentes que pasaron a tareas administrativas y quieren seguir cobrando, 160 mil pesos”. Zeidán dijo que, además, puso a “cien empleados en contacto con las empresas que construyen las empresas hidroeléctricas aquí y solo uno aceptó”. El conflicto sigue abierto.

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