Política

Manuel “Pombero” Rodríguez y el concejal PJ Cacho García, se apropiaron ilegalmente de un valioso terreno fiscal

En comunicación telefónica para Radio Nacional Formosa el Dr. Matías Berger explicó la trasferencia del terreno fiscal ubicado en Bransen Nº154  que termino en manos del jefe de Colonización y  Tierras Fiscales de la provincia de Formosa  el Ingeniero Manuel “Pombero ”Rodríguez, dijo “Es una cuestión amplia y compleja porque acá hay un procedimiento largo, donde la tierra cuando el territorio nacional lo convierte en provincia de Formosa le entrega a la provincia, entonces a partir de ese momento es tierra fiscal de la provincia de Formosa”.

“En 1974 el entonces senador de la nación por la provincia de Santa Cruz e interventor designado por el presidente Juan Domingo Perón, Juan Carlos Beliz, el dicta un decreto de ley por el cual dice”: “Que la tierra fiscal urbana tiene que pasar a los respectivos municipios y comisiones de fomento, y después en el año 1986 por el decreto del señor Dr. Floro Bogado expresamente establece que el Instituto de Colonización de Tierras Fiscales deberá entregar toda la documentación correspondiente del inmueble fiscal urbano a los respectivos municipios o comisiones de fomentos.”, agregó.

“Hay una disposición legal que dispone expresamente que el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales se debe limitar al manejo y distribución de la tierra fiscal rural”.

“El otro del doctor  Juan Carlos Beliz que dice las tierras fiscales son de los municipios y de las comisiones de fomento”.

“Y ya en ese momento eso tendría que haber sido y dejar a disposición de la municipalidad de Formosa, pero como se lo quedó el Instituto, a alguien se le ocurrió venderlo”, indicó.

“Por escritura del año 1991 que se realizó ante la Escribanía mayor de gobierno, el estado a través de sus funcionarios le vende a una persona” (un testaferro empleado del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales).

“Esa persona pasó unos años se la transfiere a otra persona (un concejal justicialista amigo personal del interventor del Instituto de Colonización y  Tierras Fiscales) y en noviembre del 2016 esa misma persona (el concejal Cacho García) le transfiere al mismo funcionario que había suscripto la misma escritura en 1998: al interventor del Instituto de Colonización y  Tierras Fiscales”, denunció.

“La ley en forma expresa dice que las tierras fiscales deben ser destinadas para la gente que necesita construir su vivienda, un establecimiento o una empresa, que puede ser un negocio o una industria”, manifestó.

“Desde que yo conozco quedo baldío, últimamente a principio de año lo limpiaron, yo saque fotografías certificadas por escribano para demostrar que el inmueble quedo en el mismo estado es decir baldío”, explicó.

UN HECHO DE CORRUPCIÓN

“Entonces hago la denuncia  y acá hay que presumir o existe la posibilidad de un hecho de corrupción, yo no he acusado a nadie en particular”, aclaró.

“Lo que me mueve hacer esto es que acá hay una triangulación y no sé de qué manera llamarlo, porque yo pido informe de condiciones de dominio en el año 2010 y estaba como titular el antiguo comprador”.

“Ahora pedí un informe de dominio el año pasado y encuentro las dos transferencias realizadas entonces bueno hago la denuncia”, exclamó.

“Pero yo quiero que la justicia investigue que paso con ese terreno, porque es muy clarita la convención  interamericana de la lucha contra la corrupción la ley de ética pública de la nación no cambia”, puntualizó.

“Pero por otra parte puntualizo lo siguiente la ley de procedimiento administrativo dice que cuando existe una venta de esta naturaleza, una operación o un acto administrativo  mejor dicho así dice que el acto por atacarlo como tal es inprescriptible, es como el delito de lesa humanidad”.

“Lo mismo dice el artículo 307 del código civil dice es que es un acto nulo de nulidad absoluta que son actos delictivos que no son susceptibles de saneamiento ni de prescripción”, expresó el Dr. Matías Berger.

En la denuncia involucró al gobernador Gildo Insfran, al concejal Hugo «Cacho» Garcia y a empleados del Instituto de Tierras Fiscales.

El letrado local Matías Berger en su denuncia penal por el gravísimo caso de apropiación de terrenos públicos, acuso al eterno interventor del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia Ing Manuel “Pombero” Rodríguez, ya está siendo investigado por corrupción en adjudicaciones ilegales de Tierras Fiscales, pero también a su amigo personal Cacho Garcia y al Gobernador de la provincia que estaba notificado del delito.

Berger pidió la investigación de una maniobra de triangulación realizada desde la administración pública para apropiarse ilegal e ilegítimamente de un valioso y céntrico terreno fiscal, que debía cumplir un fin social o un destino publico, y no terminar en manos de un alto funcionario público y engrosando su patrimonio personal.

El abogado aportó la matrícula del inmueble sustraído y dos informes del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Formosa, que dan cuenta de la existencia de un hecho de corrupción en el manejo de la tierra fiscal, y de abuso del poder para obtener una ventaja y desviar el destino que la ley ha asignado a un inmueble fiscal céntrico, para terminar apropiándose de el.

Berger pidió se investigue la responsabilidad en la compra, por parte del Interventor del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia del  inmueble  matrícula N° 20.747 (1), ubicado en calle Brandsen n° 154. El referido Instituto “vendió” este inmueble fiscal urbano y el comprador a la vez transfirió a un tercero en el año 2.012,  quien  el 09/11/16,  se lo vendió al responsable del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, Manuel Rodríguez que a través de esta maniobra de triangulación se ha convertido en propietario del inmueble fiscal.  

Dicho inmueble fiscal –agregó Berger- cuando fue vendido se hallaba baldío, y al mes de noviembre de 2017 encuentra en el mismo estado como lo pruebo con las fotografías que adjunto. Veremos luego la importancia que esta condición de baldío tiene para la ley que regula el tema, si bien en esta instancia y momento carece de valor.

Acompaño fotografías certificadas por escribano público tomadas los días 5 y 6 de de noviembre del  año 2.017 con las que demuestro que el inmueble sigue siendo baldío, si bien están haciendo limpieza del mismo.

En una de las fotografías tomada en el año 2010 se puede observar un vehículo dominio HKE 213, inscripto a nombre de la Sra. Liliana Elizabeth Báez, empleada del Instituto de Colonización, con domicilio en Policía de Territorios Nacionales n° 1556, de esta ciudad. Ello indica que el “comprador” sólo sería un  un testaferro, ya que ¿si el terreno le pertenecía porqué se utilizaba para estacionar  vehículos de una empleada de dicho organismo ¿Ello surge del Estado de Dominio Histórico brindado por el Registro de la Propiedad del Automotor que presento.

Otro vehículo también estacionado como se puede ver en la foto adjunta es el JEH555  a nombre de María Pascuala Benitez Gomez, con domicilio en Pol. Territorios Nacionales n°1556, de esta ciudad, con cédula de autorización a nombre de Liliana Elizabeth Baez. Al parecer la titular también sería empleada del Instituto u otro organismo del Estado.

LOS HECHOS

El Instituto de Colonización y Tierras Fiscales “vendió” el inmueble mediante un acto nulo  -escritura n° 38 – y ahora lo “compra”, la misma persona que en representación del Instituto, es decir del Estado, hizo la venta lo que hace suponer habría  realizado una clara maniobra para quedarse con el bien inmueble.

El Código Penal en su artículo 265 dispone que:” Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”, abundó Berger.

Pareciera evidente, a la luz de lo expuesto, la maniobra de peculado que se habría  realizado para quedarse indebidamente con el bien inmueble por parte del titular del Instituto de Colonización, constituyendo los delitos de abuso de autoridad, malversación, apropiación indebida, fraude y violación de los deberes de funcionario público. Hechos que se hallan tipificados y penados en nuestro Código Penal.

Dicho análisis nos lleva ineluctablemente a la conclusión de un actuar por sobre la ley. La manera en que se hicieron las transferencias del inmueble y las personas que  intervinieron son claras.

El funcionario responsable del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales entiendo sabía que el inmueble fiscal que el Instituto por él representado vendió, en violación de todas las normas legales que regulan la venta de inmuebles fiscales urbanos,….. era el que él estaba comprando mediante la escritura n°424 del 09/11/2016.

GILDO INSFRAN ESTABA DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Matías Berger relató que el gobernador Insfran estaba al tanto de estas maniobras de corrupción y apropiación indebida de bienes públicos. Ya que con fecha 22 de diciembre del año 2.010 se presentó al Gobernador de la Provincia y adjuntó fotocopia poniendo en su conocimiento  conductas que serían violatorias de las normas legales que regulan la disposición de tierras fiscales urbanas.

En la nota presentada al Señor Gobernador relaté circunstanciadamente los hechos y las violaciones a la legislación vigente, indicando que la  disposición de ese bien del Estado fue hecha mediante un acto nulo de nulidad absoluta, siendo imprescriptible la acción para impugnarlo tal como lo establece el artículo 52, inc.e) de la Ley de Procedimiento Administrativo ya mencionado.

Como se puede leer en la misma, solicité al Sr.Gobernador  que se sirva ordenar a Fiscalía de Estado que promueva la acción correspondiente para que el acto en cuestión sea dejado sin efecto y el inmueble vuelva al dominio del Estado, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, que –como es el caso que nos ocupa – puede la propia Administración revocarlo, hecho que no se  produjo no obstante mi solicitud y la gravedad de los hechos narrados.

El abogado también acompañó Certificación de la Municipalidad de Formosa de fecha 18 de noviembre de 2010 que acredita quién es el titular, que se trata de un inmueble baldío ubicado en calle Brandzen N° 154, que a la fecha indicada adeudaba el Impuesto Inmobiliario desde la cuota 01 del  2005 a la cuota 05 del  2010 e igualmente adeudaba las cuotas 01 del 2005 a la 12 del  2010 de la Tasa de Servicios Municipales, lo que implica incumplimiento de las obligaciones impuestas por el art.76 de la ley 113, que tiene como consecuencia  la caducidad de la adjudicación, de acuerdo al artículo 78 de la ley 113.

Téngase en cuenta –agregó- que la operación se  realizó en el año 1991 y no se pagaron el impuesto inmobiliario ni la tasa única de servicios municipales, ni se realizaron las mejoras que exige la ley, que es la razón  por la que el Estado adjudica un inmueble a una persona (para que construya su vivienda o negocio), correspondiendo en caso de incumplimiento la caducidad de la adjudicación.

Pese a lo cual, nos encontramos con que ni el Gobernador, ni los funcionarios ni el adjudicatario cumplieron con la ley.

El Instituto de Colonización, cuya función esta limitada a la administración de las tierras rurales, formalizó la venta ya referida, que sería el inicio de la triangulación mencionada.

Dicha venta  constituye un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable  como lo establece el artículo 46, inc.b) del decreto-ley 971 (Ley de Procedimientos Administrativos), por lo que pidió se declare la nulidad  de la venta del inmueble efectuada por escritura N° 38.

Pidió que el Estado se constituya en parte querellante, en la investigación donde surge que el adjudicatario inicial , “transfirió”  el 17 de febrero del año 2.012 el inmueble a otra persona que, a la vez, se lo vendió al Interventor del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia el 09/11/2.016 mediante escritura N° 424.

 TRIANGULACIÓN

  • El Sr. Manuel A.Rodriguez en representación del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales vende el inmueble, por escritura N° 38 del 10/05/91.
  • El comprador, Sr.Roberto Fleitas sin hacer ninguna mejora ni cumplir ninguna obligación legal lo transfiere en el año 2.012 al concejal del FdV. Hugo Orlando “Cacho” García; allegado a Manuel Rodriguez
  • El comprador anterior, Sr. Hugo “Cacho” García se lo “vende” al funcionario responsable del Instituto de Colonización, Sr.Manuel A. Rodriguez en  noviembre  del año  016.

¿Se puede pensar que este último comprador, funcionario del Instituto que intervino en la venta del inmueble fiscal, desconocía los antecedentes de dominio del inmueble y su historia?.

Esto era una evidente maniobra para que el responsable del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales quede como titular de un inmueble fiscal urbano.

La primer venta del inmueble fue anteriormente denunciada en la causa N° 1.570/10, tramitada en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de esta ciudad, donde el 28 de agosto de 2.012 se dictó el sobreseimiento por prescripción de la acción como imputado del delito de violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), prescripción que fuera alegada porque la venta se había efectuado el 10 de mayo de 1.991, ya que  conforme mi denuncia había transferido el inmueble sin cumplir las formalidades de la ley y sin tener facultades ya que era un bien fiscal urbano que se halla bajo la jurisdicción municipal, siendo, en consecuencia, las autoridades municipales las legitimadas para su transferencia. Por otra parte los solares libres deben ser adjudicados mediante ofrecimiento público general y obligatorio según el art. 75 de la ley 113. Nada de esto se cumplió.

Por lo que  denunció que dicha venta habría sido el inicio de la triangulación, ya que el inmueble fue luego transferido por escritura pública N° 63 del 17/02/12 y este adquirente a la vez se lo vendió al Interventor del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales por escritura N° 424 del 09/11/16.

Todo indica que estamos frente a un caso de corrupción y asociación ilícita, por lo que debe investigarse la responsabilidad de todas las personas que han tenido conocimiento o actuado como partícipes de esta operación, concluyó el doctor Matías Berger.

 

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