Política

Letrados formoseños informaron a nación sobre los atropellos en el Consejo Profesional de la Abogacía

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El doctor Manuel Costa informó que junto a un grupo de abogados independientes que viajaron al chaco para participar del Encuentro Regional organizado por el Plan Belgrano, pudieron reunirse y presentar una nota al ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano en torno a la inconstitucional modificación de la Carta Orgánica del Consejo Profesional de la Abogacía y de la aberrante autoprorroga de mandatos de sus actuales autoridades.

“Nosotros expusimos, informamos detalladamente e hicimos entrega una carpeta con todos los antecedentes y pormenores de la ilegal sanción de la Ley 1663 que modificó el régimen de nuestro colegio profesional, y explicamos porque consideramos que es una ley inconstitucional, que contiene disposiciones que son aberrantes y que afectan directamente nuestros derechos a la retribución por vía de honorarios o a la manera de percibirlos”, informó el Dr Costa.

“También denunciamos algo que es mucho más grave a nuestra condición de ciudadanos porque impiden directamente elegir o ser elegidos en nuestro propio Consejo ya que directamente han prorrogado los años de mandato de las actuales autoridades del consejo y han impedido o pretenden impedir el ejercicio democrático de elegir quienes van a ser los encargados del control de la matrícula y en definitiva de la defensa de los profesionales del derecho”, cuestionó el abogado formoseño.

“Garavano se mostró preocupado por nuestra presentación y prometió ver y ocuparse de lo que ha pasado y de algún modo intentar alguna gestión supongo, porque hasta el momento tengo entendido que la ley no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo y los plazos aún están pendientes previstos en la Constitución para su promulgación, entonces estamos esperando alguna noticia sobre la cuestión”, indicó.

“Porque si se promulgara y publicara la promulgación de la ley, tendríamos que anteponer una ley de inconstitucionalidad ante la justicia, porque no vamos quedarnos callados y menos consentir esta barbaridad jurídica que han cometido con una intencionalidad inocultable y sin ningún sentido explicable”, argumento.

“Los fundamentos y argumentos utilizados para fundamentar y sustentar esta modificación carecen de sentido porque el oficialismo maneja el concejo profesional de la abogacía hace 16 años y si hay una deuda atrasada y si hay matriculados que adeudan matriculas o bonos de actuación letrada es por inacción de esta actual conducción que necesitan dos años más para ‘emprolijar’ la gestión y entregar un concejo saneado aludiendo a la existencia de una serie de deudas que también es responsabilidad de ellos”.

“El Poder Ejecutivo está asumiendo un gran costo político completamente innecesario, y dando un muy mal mensaje hacia la institucionalidad porque realmente pretender prorrogar mandatos de un concejo profesional por una ley, y eso es muy grave y le hace muy poco favor al espíritu democrático y republicano que debería regir en nuestra vida como sociedad”, cerró.

 

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