Política

Ciccone II: Empieza indagatoria en la causa en la cual el juez Lijo deberá decidir si procesa a Gildo Insfran

Mientras empiezan este martes los alegatos en el juicio oral por Ciccone, el juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al empresario Sergio Martínez por haber participado en la maniobra por la cual Amado Boudou y José María Núñez Carmona, a través de la firma The Old Found, cobraron 2 millones de dólares del Gobierno de Formosa, por un asesoramiento simulado.

Se trata de un contrato de consultoría de esa empresa con el Fondo fiduciario de la Provincia de Formosa (FONFIPRO), simulando un asesoramiento para la restructuración de la deuda de la provincia que había dispuesto Boudou como ministro de Economía. Esta indagatoria es en la causa que se conoce como Ciccone II en la cual Lijo tiene que decidir si procesa al gobernador de Formosa, Guildo Insfrán, entre otros.

Martínez está citado para este martes y está relacionado con la empresa WSM que fue beneficiada por la Jefatura de Gabinete de Ministros en la época K con transferencias de por $ 3.450.333, por ejemplo, en concepto de publicidad del estado. También, siempre de acuerdo a los estados contables de esa compañía $ 293.000 de parte de la agencia estatal de noticias, Télam.

Al mismo tiempo, WSM registró como “clientes” a un amigo de Boudou y de Núñez Carmona, dueño en su momento del 3 por ciento de las acciones de la sociedad que se apropió de Ciccone Calcográfica, la firma de The Old Fund. Se trata de Sergio Gustavo Martínez, quien le facturó a WSM, según quedó asentado en su documentación empresaria, $ 60.000.

Mientras tanto, el juicio oral al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles en el traspaso de la ex Ciccone Calcográfica durante el kirchnerismo entrará este martes en su etapa final con el inicio de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4.

Para este martes está programado el inicio del alegato de la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa; para el 30 de mayo se espera el de la Unidad de Información Financiera, para el 5 de junio el del fiscal de juicio Marcelo Colombo y se escuchará a las defensas de los procesados desde el 19 de junio, informaron fuentes judiciales

Una vez que terminen todas las exposiciones, será el momento de las llamadas «réplicas y dúplicas», entre las partes y, finalmente, las últimas palabras de los acusados previas al veredicto que podría conocerse antes del inicio o inmediatamente después del fin de la próxima feria judicial de invierno.

El juicio comenzó en octubre del año pasado y los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez comenzaron a escuchar a los testigos en noviembre, en momentos en que Boudou y su socio y también procesado José María Núñez Carmona habían sido detenidos por orden del juez que todavía investiga parte del caso, Ariel Lijo.

La primera testigo fue la ex esposa de otro juzgado, Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz.

Días después de esta declaración, Vandenbroele se presentó en los tribunales federales de Retiro para pedir acogerse al régimen de imputado colaborador y dio detalles de todo lo ocurrido ante el fiscal de instrucción del caso, Jorge Di Lello.

Posteriormente, al prestar declaración indagatoria en el juicio oral, Vandenbroele -ex titular de The Old Fund- ratificó sus dichos como arrepentido y detalló cómo -según él- fue la operatoria para quedarse con la imprenta cuando Boudou era ministro de Economía, con miras a obtener contratos para la impresión de moneda nacional.

Además de Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele, en este proceso son juzgados el ex dueño de Ciccone, Nicolás Ciccone; el ex jefe de Asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner; y el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Boudou y Núñez Carmona fueron excarcelados en enero último por la Cámara Federal porteña y, al ser indagados en el juicio, rechazaron los dichos de Vandenbroele y negaron haber cometido delito alguno en el traspaso dela ex Ciccone.

Las querellas y la fiscalía deberán resolver si acusan a cada uno de los juzgados y qué penas piden al Tribunal, para delitos que prevén hasta seis años de prisión.

 

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