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Esta fule la cosa en el caso Ciccone: la UIF hoy pidió seis años de prisión para Amado Boudou

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Después de la pena de cinco años y seis meses de prisión que la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó contra Amado Boudou, acusado de cohecho pasivo en concurso ideal con las negociaciones incompatibles, este miércoles la Unidad de Información Financiera (UIF) al finalizar los alegatos en el juicio por la compra de la ex calcográfica Ciccone, solicitó la pena máxima: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, más una multa de 90.000 pesos.

El organismo querellante, entre sus principales planteos, sostuvo que el Estado buscó dar un «marco de impunidad» al caso cuando salió a la luz y que el ex vice con José María Núñez Carmona «se interesaron en el negocio» para que la imprenta termine siendo contratada por el Estado. Así, acusaron al ex vice de «estar al tanto de todo lo que se hizo y usar su cargo para ello y torcer el destino de Ciccone en función de sus intereses».

Amado Boudou con Guido Forcieri su ex jefe de gabinete en un cuarto intermedio el juicio por la compra Ciccone. Tribunales Comodoro Py. Foto: Fernando Orden

Amado Boudou con Guido Forcieri su ex jefe de gabinete en un cuarto intermedio el juicio por la compra Ciccone. Tribunales Comodoro Py. Foto: Fernando Orden

El juicio contra el ex vicepresidente se encamina a su instancia final. La segunda querella de la causa Ciccone expuso desde las 10 sus alegatos después del pedido de la OA. Antes del inicio de la feria judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, María Gabriela López Íñiguez y Néstor Costabel, estará en condiciones de dar a conocer la sentencia y los fundamentos de la misma, se conocerá después del receso.

La UIF pidió la pena máxima por los delitos que se le imputan al ex vice: seis años de prisión. «Si la escala penal tiene un máximo, se aplica a este tipo de casos», indicó el abogado del organismo.

En el caso de su socio y amigo, Núñez Carmona se pidió cinco años y ocho meses de prisión más una multa de 90.000 pesos, al igual que para Nicolás Ciccone. En el caso de Resnick Brenner y Guido Forcierie se les solicitó una pena de tres años de cárcel más la inhabilitación perpetua. La UIF pidió para Vandenbroele sólo un año de prisión.

En el juicio se los acusó junto a su amigo y socio, José María Núñez Carmona, de “haber adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele”. Esta firma -accionista mayoritaria de la imprenta- se usó para «facturar un negocio por la reestructuración de la deuda pública de Formosa».

José Maria Núñez Carmona se retira esta tarde de Tribunales Comodoro Py .Foto Pedro Lázaro Fernández.

José Maria Núñez Carmona se retira esta tarde de Tribunales Comodoro Py .Foto Pedro Lázaro Fernández.

El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.

Los alegatos de la UIF a cargo del Director de Litigios Penales, Agustín Biancardi y los abogados Facundo Orazi y Mariela Cimolai, apuntaron contra el rol de Boudou en toda la maniobra y las demás personas intervinientes en la operatoria.

En este sentido, expusieron ante el TOF 4, que todo respondió a un «negociado en el que se utilizaron todos los resortes del Estado”, desde el Ministerio de Economía hasta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para cumplir con el objetivo final: que el Gobierno termine contratando Ciccone.

La UIF fue categórica al sostener en sus argumentos, que “Amado Boudou y José Nuñez Carmona se interesaron de inmediato en el negocio», y que la maniobra central «era convertirse en proveedores del estado nacional”.

Cuando el caso salió a la luz, según la querella, hubo desde el Gobierno una “búsqueda de impunidad” y recordó la pérdida del expediente de The Old Fund en la Inspección General de Justicia. Como segundo hecho, se refirieron a la conferencia de prensa que realizó Boudou donde denunció al entonces procurador general Esteban Righi y cómo en ese contexto, el Congreso Nacional aprobó la expropiación de la empresa Ciccone.

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Amado Boudou y un pedido de prisión de cinco años y seis meses por parte de la OA.

Los acusados de haber sido partícipes de esta maniobra, «motivada por un interés personal de Boudou», como señaló la OA, son Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona, el ex jefe de Gabinete de la AFIP Rafael Resnick Brenner, Nicolás Ciccone y Guido Forcieri.

Al momento de explicar cómo funcionó el esquema que terminó en el salvataje y compra de la ex calcográfica con capacidad para la impresión de papel moneda, se explicó que el ex vice intervino, «a través de testaferros, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra» de Ciccone para que pudiera volver a operar.

El paso siguiente era «facilitar» la «contratación con el Estado Nacional (un salvataje de la empresa), amén del pago de 50.000 dólares mensuales a cada uno de los hermanos Ciccone por servicios de asesoramiento, acordado con posterioridad a la cesión del 35% de Nicolás Ciccone».

Dentro de las acusaciones contra Boudou, se indicó que tuvo injerencia directa, junto a Resnick Brenner y Guido Forcieri, en el «trámite de un plan de pagos ilegal ante la AFIP para permitir que la empresa pueda contratar con el Estado».

En una instancia siguiente, se lo acusó de interrumpir una licitación pública que tramitaba en “Sociedad del Estado Casa de Moneda” que «permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de la demanda de billetes del Banco Central», con el único objetivo de que Ciccone sea contratada por el Estado «luego que asumiera en el cargo de Vicepresidente de la Nación».

Es por ello que se remarcó que el ex vicepresidente actuó junto «a su entorno» para «adquirir la imprenta», y que «todo el plan fue diseñado por Boudou», por lo que se lo señala como coautor de la maniobra. Los demás involucrados, fueron acusados de «partícipes necesarios»

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