Política

“Agresión a colectivos de Crucero del Sur”

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El doctor Horacio Lozina, representante  Legal de la empresa Crucero del Sur, comentó que los móviles tienen custodia policial por los ataques sufridos que perjudicaron el tramo normal del servicio público.

El apoderado de la firma de trasporte urbano afirmó que el servicio está funcionando en 75% ya que hay ocho unidades que han sufrido  roturas, también un grupo de 31 personas que adhieren a los ocho compañeros despedidos, por lo tanto no trabajan y eso influye en la merma de la prestación, la frecuencia de 19 minutos que sería la normal se calcula en 30 a 35 minutos, y hasta 40 porque se han suscitado tres asistencias en pinchaduras, lo cual retrasa aún más porque deben ir a mantenimiento.

También aportó a dilucidar como continuará el esquema y dijo “luego de que las ocho unidades hayan sido dañadas luego de haber cesado la conciliación obligatoria, la policía, ministerios, municipalidad y el gobierno  y quienes están a cargo de la seguridad de las personas que van a bordo de la unidad, ha dispuesto un operativo de seguimiento para que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos”.

Con respecto al vandalismo hacia las unidades estimó que  están con guardia ya que son hechos que atentan contra el servicio púbico, si bien es difícil identificar quienes son porque la agresión, los piedrazos vienen de afuera y siempre en horas nocturnas lo cual dificulta la individualización de los responsables, y más allá del daño material perse a que se cuenta con un seguro, que se paga para resguardarse económicamente , el perjuicio que se sufre en situaciones de naturaleza accidental o provocadas nadie las quiere pasar, por ello el seguimiento policial que desde que se puntualizó los hechos no han continuado lo cual hace pensar que son organizados.

Lozina hizo hincapié en el detrimento  que sufrieron los colectivos e indicó “más allá del costo material para la empresa el único afectado es el usuarios, que no tiene el servicio a  tiempo como debería ser si funcionara al cien por cien”.

En cuanto a la posibilidad de sufrir sanciones por no cumplir con el pliego estipulado afirmó “ que es incumplir con la norma, si yo tengo personas que he absorbido de otra empresa que ya no daba para más, si pongo unidades nuevas , se invierte en un servicio público que es mejor que el anterior, pero se comienzan con problemas de una u otra índole, toman la empresa, golpean compañeros, pretenden elegir un sindicalista de un sindicato que no está registrado en Formosa, es decir la empresa hace lo que puede pero no puede hacer lo que no puede”.

Al explicar la situación del personal  expuso “la empresa absorbió a la totalidad del persona, por un sentido humanitario de que nadie quede sin trabajo, pero hay que poner el hombre y permitir que marche la empresa para ver a donde vamos, pero a los cuatro meses ya fue un desastre el comportamiento de esta gente, sobre temas que ya son conocidos, que están en instancia judicial, es decir que hay que tener un poco de paciencia, no es fácil el servicio público, tener consideración por la inversión que se realiza, sobre todo teniendo en cuenta que lo anterior no era una panacea, por lo tanto todos debemos apostar porque la fuente es una sola y de allí salen los recursos para todos, porque el servicio es  para la comunidad y hay que tratar de abaratar los costos para las personas”.

Para finalizar afirmo que no se admite justificación para la violencia, que fue lo que marcó el límite entre los dueños de la empresa y los trabajadores afectados, ya que los derechos se pueden ejercer en los tribunales, en el ámbito laboral, pero mientras tanto el usuario está pagando los platos rotos.

 

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