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Skanska: un fallo podría reabrir otra causa de corrupción que involucra a Insfran y el Fonfipro

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La sombra de la “cosa juzgada írrita”, la puerta para reabrir causas de corrupción cerradas de forma fraudulenta, sobrevoló hoy los tribunales de Comodoro Py, cuando la Cámara Federal decidió anular un fallo que permitió dejar en la nada la causa Skanska, el primer escándalo de corrupción que tuvo el kirchnerismo.

La Cámara Federal no habló sin embargo de “cosa juzgada” fraudulenta. Optó por anular la resolución anterior de 2011 diciendo que existía “un vicio grave en su fundamentación” y por lo tanto caía todo aquello que había sucedido “como consecuencia de ese pronunciamiento”.

Es que aquella resolución cuestionada había permitido en los inicios del kirchnerismo anular una prueba sustancial: una grabación en donde se admitía cómo se habían pagado coimas al Ministerio de Planificación.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi entendieron que aquí no se trataba taxativamente de un fallo fraudulento, como solicitó el fiscal Carlos Stornelli. Pero a los fines que buscaba el Ministerio Público, el resultado fue similar.

Declarar la cosa juzgada írrita, señalaron fuentes judiciales a Infobae, hubiera implicado tener que denunciar a los magistrados que dictaron las resoluciones cuestionadas. Pero además dejar establecido un antecedente que, de por sí, es antipático para los propios tribunales porque “habla de las fallas del propio sistema y atenta contra la seguridad jurídica”.

Con esta decisión, se abre el camino para que la Cámara Federal pueda resolver sobre los procesamientos que había dispuesto Casanello, entre ellos el de De Vido y los que estaban sobreseídos inicialmente.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido

El ex ministro de Planificación Julio De Vido

Nada de esto se puede entender sin ir al caso puntual. La “Causa Skanska” investigaba en los primeros años del kirchnerismo los presuntos pagos ilegales por parte de la empresa multinacional a funcionarios locales para la adjudicación de la construcción de gasoductos.

La obra –que sería financiara por un fondo fiduciario por Nación Fideicomisos- buscaba la expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (TGN) y en el sistema sur (TGS), además de potencia de compresión en las dos plantas existentes y la construcción de una nueva planta.

Y en la investigación apareció una prueba clave: una grabación en donde el ex responsable del área comercial de la empresa, Javier Azcárate, reconocía que Skanska coimeó para participar de una millonaria ampliación de gasoductos organizada por el Ministerio de Planificación y cómo se usaban facturas truchas para justificar los sobornos. Las palabras de Azcarate quedaron registradas en la charla que grabó el síndico de la compañía Claudio Corizzo, que estaba haciendo una auditoría interna

Pero en 2008, imprevistamente, la Sala I de la Cámara Federal desechó la validez de ese audio por entender que había sido obtenido de forma engañosa y no podía usarse como prueba. Así lo dijeron entonces los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah: que la grabación constituyó una “actividad parajudicial” y que Azcárate fue víctima de un engaño, un ardid, y que sólo por eso se autoincriminó.

Esto posibilitó los sobreseimientos de tres de los principales acusados, el ex titular del ENARGAS Fulvio Madaro; el ex gerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación Néstor Ulloa y el ex secretario de Energía Daniel Cameron.

El sobreseimiento de los ex funcionarios quedó firme porque el fiscal Germán Moldes no lo apeló, pero en diciembre de 2015 la Corte Suprema –por apelación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)- ordenó revisar la validez o no de la grabación, en una suerte de virtual reapertura de la causa.

El fiscal Carlos Stornelli

El fiscal Carlos Stornelli

Y en abril de 2016 la Cámara Federal de Casación Penal dio por válida la grabación, y el fiscal Carlos Stornelli se presentó ante el juez Sebastián Casanello pidiendo la reapertura de la causa. También reclamó que se dictara la llamada “cosa juzgada irrita”.

Casanello abrió el planteo y avanzó con las indagatorias de las que no habían sido rozados en la primera parte de la investigación, pero quedaba en un limbo aquellos sospechados que pedían que quedara firme su sobreseimiento inicial bajo el principio de la cosa juzgada.

Hoy, diez años después, la Sala I de la Cámara Federal –con otra composición- decidió anular aquel fallo inicial. “Sabido es que una sentencia que no considera entre sus fundamentos un elemento probatorio relevante para la solución del caso no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido”, dijeron los jueces Bruglia, Llorens y Bertuzzi.

CASO FORMOSA

El juez Claudio Bonadio, había citado al mendocino funcionario formoseño, director del Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro), por un caso de lavado de dinero y canje de Cheques, pero además está denunciado por el caso Skankay el pago irregular de 7,6 millones de pesos que hizo el gobierno de Formosa a la firma The Old Fund, vinculada a Amado Boudou.

Melchor se presentó en Tribunales y declaró como indagado. Se lo acusaba de participar en una maniobra de lavado de dinero facilitada por el Fonfipro. En el año 2006 una empresa de publicidad sin actividad comercial depositó dinero en su cuenta del Banco Francés. El banco reportó una operación sospechosa y el por entonces fiscal antilavado Raúl Pleé hizo la denuncia.

De los 2,3 millones de pesos que entraron a la cuenta de “Possi Pubicidad”, una agencia sin forma de justificar esos ingresos, 1,5 millones fue a parar al Fonfipro. El Fonfipro cobraba una comisión por transformar los cheques de “Possi Publicidad” en efectivo. La gestión de cobro la hacía una intermediaria llamada Boar. Los pagos los recibía en nombre de Boar Alberto Rumi González.

Las dos mujeres que aparecen al frente de la sociedad Boar admitieron en Tribunales que firmaron papeles en una escribanía a cambio de unos pocos pesos pero no saben nada de la operatoria millonaria. Los dueños de la agencia fueron citados por Bonadio. Santiago Podestá y Guillermo Rossi estaban imputados en la causa.

Melchor negó haber cometido delito. Según su declaración no conoce a la agencia de publicidad. En cambio sí reconoció haber recibido los cheques a través de Boar porque esa firma se había presentado ante el Fonfipro para que el organismo interviniera en la gestión de cobro de cheques.

Melchor explicó que la empresa Boar “bajo juramento” se hacía responsable por la procedencia de los cheques. Aseguró que en 2006 no se había sancionado la ley de lavado de dinero y no tenía obligación de informar la procedencia de los cheques.

Explicó que el Fonfipro daba créditos a productores -entre otras muchas cosas- y que la “gestión de cobros” aportaba dinero para dar créditos. Definió a la operatoria de cobrar cheques y quedarse con una comisión como algo habitual “en el sistema bancario”. Explicó también que en 2006 el Fonfipro “gestionó o recibió para su gestión de cobro 5279 cheques y eso significa que los 60 cheques por los que empezó esta causa son mínimos en el movimiento informado”.

Melchor no aceptó preguntas, firmó el acta y se fue de la secretaría de Bonadio. En el mismo piso de Tribunales, en el juzgado de Casanello se investiga otra maniobra donde estuvo involucrado el Fonfipro, que como se ve, no solo otorga créditos a los productores formoseños.

Fue esa entidad formoseña la que pagó los 7,6 millones de pesos que cobró la firma The Old Fund por el ficticio asesoramiento al gobierno de Gildo Insfrán para renegociar la deuda provincial con el estado nacional. Según el juez Ariel Lijo, que investiga el Caso Ciccone, The Old Fund, que se quedó con la imprenta, pertenece al vicepresidente Amado Boudou.

El Gobernador Gildo Insfran, seguramente ahora tendrá que dar explicaciones acerca de por qué utilizaron como cueva financiera al Fonfipro.

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