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Gildo Insfran rumbo al procesamiento por peculado, asociación ilícita y la negociación fraudulenta de la deuda provincial

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En Comodoro Py las contundentes pruebas documentales potenciadas por el demoledor testimonio del testigo y participe directo “arrepentido” Alejandro Vandebroele, provocaron una contundente derivación de la denominada causa Ciccone II, en un caso de mayor gravedad institucional y de negociaciones incompatibles con la función pública que tendrán mayores consecuencias penales para Gildo Insfran, para el ex ministro de Economía Amado Bodou y varios funcionarios provinciales, porque compartieron una coima millonaria para refinanciar en forma fraudulenta una deuda gigantesca provincial, en perjuicio del Estado Nacional.

Justamente el “testigo arrepentido” Alejandro Vandebroele presidente de la sociedad anónima THE OLD FUND, es a quien el Gobierno de Formosa y la ex ministro de economía Inés Lotto de Vichetti (actual diputada Nacional), contrataron y le pagaron U$s 2 Millones para simular una consultoría que nunca se realizó, para la cual no tenía antecedentes ni estaba capacitado para realizar y ni siquiera le pidieron que realice, pero con ella en el 2010 entre Insfran y Bodou dolarizaron la gigantesca deuda formoseña que entonces alcanzaba 3.400 millones de pesos (comprometía el 94% de la coparticipación), la convirtieron en U$s 874 millones de dólares” y la patearon sin intereses, para el 30 de Abril del 2040, cuando Insfran tenga 90 años.

El gobernador de Formosa, cuando tuvo oportunidad se negó a colaborar con la justicia para mejorar su situación dado que los demás principales imputados ya están procesado y con prisión preventiva en la causa.

Según trascendió en los pasillos de Comodoro Py la conducta reticente del gobernador  habría terminado de convencer al juez federal Ariel Lijo del auto de procesamiento que sería dado a conocer en los próximos días luego de haber concluido la feria judicial.

Los que presumen de estar informados aseguran que la acusación concreta contra el gobernador consistiría en atribuirle –como mínimo- la conducta tipificada y reprimida en el artículo 261 del código penal constitutiva del delito de peculado que prevé la pena de reclusión a prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta para el funcionario público que sustrajere caudales cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada con razón de un cargo.

Recordemos que con la comisión de este ilícito los funcionarios imputados se apoderaron del equivalente a dos millones de dólares de erario público de los formoseños, para provocarle un perjuicio mayor al erario nacional y al patrimonio de todos los Argentinos.

Es decir, que los involucrados en la maniobra delictiva además de estafar al Estado nacional, destinaron dinero ajeno para sus bolsillos u de otros.

Sustrajeron dinero, se quedaron con él, y no solo es dinero ajeno de un particular, sino de todos los contribuyentes.

En consecuencia afecta otro bienes jurídicos: perjudica la fe que los ciudadanos hemos depositado en los funcionarios y la confianza en las instituciones. Y sin los funcionarios, y sin la confianza en las instituciones no pueden funcionar.

Constituye un atentado al interés ético-político a la sociedad

Por su puesto, la reacción-defensa del gobernador y sus obsecuentes será la de siempre, calificando la resolución judicial como una represión política por “defender los intereses de los formoseños”, sin dar indicio alguno sobre el destino final de los dos millones de dólares pagados por los formoseños a la empresa THE OLD FOUND por un trabajo que nunca realizó y una renegociación fraudulenta entre funcionarios públicos. Los próximos traerán novedades.

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