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Concejales opositores recurrieron al STJ, en búsqueda de la democrática normalización del Concejo Deliberante

Los seis concejales de la oposición integrados por 5 de la UCR y Gabriela Neme del Bloque “Floro Eleuterio Bogado”, recurrieron al Superior Tribunal de Justicia STJ, promoviendo una Acción Declarativa de Certeza contra el Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en el HCD de la capital.

Argumentando que el ex presidente de HCD Ruben Dario Di Martino y  todo el bloque del PJ,  con actitudes y manifestaciones equívocas pretenden vulnerar el orden Constitucional y legal vigente manejándose en la ilegalidad y alterándose con ello el orden y la seguridad jurídica.-

A través de la presente demanda procuramos que se dicte un pronunciamiento declarando que los que suscribimos esta presentación entendemos que es este Superior Tribunal quien debe dirimir a través de una declaración de certeza cuál es la interpretación de la norma constitucional y legal que debe primar para que los doce concejales puedan entrar a sesionar en un marco de legalidad.-

LOS HECHOS

Como es de público y notorio conocimiento desde el 19 de febrero de 2019 fecha del llamado a la primer sesión preparatoria para la elección de las nuevas autoridades, y luego de fracasar ocho llamados, en virtud de que ambos bloques que hoy nos presentamos, con un total de 6 concejales, (la mitad de los integrantes del cuerpo) reclamamos la vice presidencia primera para así asegurar la representatividad de la oposición, y atento a la negativa del dialogo por parte del oficialismo que intenta imponer autoritariamente la elección de autoridades solo delegando la vice presidencia segunda a oposición, hemos decidido hacer uso de la herramienta de no dar quorum, entendiendo que el quórum no es una responsabilidad individual sino colectiva y sobre todo un responsabilidad política de quien presidia hasta el día 28 de febrero,  quien  debería haber arbitrado todas las medidas y medios para intentar el conceso y la construcción colectiva entre mayorías y minorías, máxime en la situación de paridad que hoy nos encontramos en el recinto, de un total de 6 concejales oficialistas y 6 concejales opositores.-

La oposición ha presentado sendas notas comunicando cual es la intención y reclamando una mesa de diálogo, aclarando  siempre sobre todas las cosas que la oposición iba a garantizar que la presidencia recaiga en un concejal oficialista que garantice la gobernabilidad del intendente, su línea sucesoria, pues siempre hemos respetado la institucionalidad y las reglas y normas democráticas, situación que lamentablemente no es reciproca por parte del oficialismo que ha apelado a todo tipo de situaciones para generar malestar social, y prácticamente apoderarse ilegítimamente de la institución,   las que pasaremos a detallar:

1.- Para la sesión convocada para el día 22 de febrero , se generó la idea de que los empleados del concejo deliberante corrían riesgo de cobrar sus haberes por la situación de falta de designación de presidente, inclusive convocando y llevando en camionetas a vecinos para generar escraches por parte del titular de la Asociación sindical del Municipio, Fabián Rodríguez, y otros vecinos, con bombos y demás condimentos, a lo cual los concejales no nos dejamos amedrentar y mantuvimos nuestra exigencia de que sino se garantizaba la vice presidencia a la oposición no se daría quorum, teniendo claramente presente que la función del presidente era hasta la celebración de la sesión preparatoria.-

2.- En el intento de sesión de fecha 25 de febrero, se hace una actuación  imprudente,  donde se dispone la comparecencia por la fuerza pública de los concejales, desconociéndose la garantía de fuero que tenemos los legisladores municipales,  situación que no se hizo efectiva en ese momento por negativa de la misma policía que se encontraba fuera del recinto, arengando los concejales oficialistas que sesionaban en minoría al público presente, diciendo que eran los únicos que trabajaban y que nosotros debíamos cumplir con nuestra obligación de trabajar, olvidándose que los concejales no solo trabajamos dentro del recinto.-

3.- En fecha 28 de febrero se levanta la sesión, y se decide ilegalmente suspender la sesión de apertura  ordinarias donde el Intendente Jofré debía rendir cuentas al cuerpo, optando por hacer una acto político con batucadas y dirigencia traída obligatoriamente, recurriendo siempre al elemento de la presión, y generando el miedo de la perdida de sus puestos de trabajo, utilizándose como ejemplo el hecho ocurrido en el mes de enero con empleados de legislatura.-

Es importante aclarar V.E. que en todo momento hemos manifestando al,    en ese entonces presidente del HCD, que asistiríamos el día primero de marzo a recibir el informe del Intendente, pero apelaron a seguir violentando las normas constitucionales.-

Ahora bien, las sesiones convocadas hasta el 28 de febrero se ejercían en un  marco de  legalidad, pues Di Martino se encontraba en el ejercicio de sus funciones de presidente, pero el 1 de marzo al darse inicio al periodo ordinario de sesiones, se haga o no dentro del cuerpo, se abre otro periodo, y por ende ya Di Martino perdió las facultades y prerrogativas de Presidente, lo cual es reconocido públicamente no solo por el mismo Di Martino sino por otros concejales en forma mediática y hasta declaraciones del propio Intendente Jorge Jofré, quien manifestó que dado que el HCD no tiene autoridades en funciones decidía no realizar la apertura de sesión en el recinto y hacerlo en la vía pública, situación sin presente en todo el territorio nacional.-

Ante estas circunstancias  y siendo intención de la oposición restablecer el dialogo, conseguir el consenso y destrabar la situación de tensión y de anomalía ante el hecho de no poder sesionar, sobre todo encontrándonos ya en un periodo de sesiones ordinarias, decidimos los actores realizar una auto convocatoria a sesión extraordinaria para el solo efecto de la elección de autoridades, dejando aclarado que para el funcionamiento de dicha sesión se debía cumplir con el art. 24 de la ley 1028 que establece que debe presidir el concejal de mayor edad y actuar como secretario el de menor edad, sesión fijada para el día 13 de marzo a las 18 hs, y dirigida al secretario legislativo Sr. Nestor Barrios, conforme lo acreditamos con la documental adjunta.-

Aclaramos a S.S. que para el mismo día a las 19 hs. El concejal Di Martino, haciendo uso de facultades que ha dejado de tener, cita a sesión preparatoria, tipificando inclusive el delito de usurpación de cargos y honores, por arrogarse prerrogativas y facultades que ya caducaron.-

Advirtiendo por nuestra parte que el oficialismo seguía en un atrincheramiento y cometiendo abusos institucionales, convocamos al escribano Miguel Torres Barberis para dejar constancia de lo que pudiera suceder en la sesión auto convocada por nuestra parte.-

Así es como siendo las 18 hs. Del día 13 de marzo, los 6 concejales y en presencia del escribano actuante, nos dirigimos a la puerta de acceso de sala de prensa, puerta por donde ingresamos normalmente, la cual se encontraba cerrada con llave, motivo por el cual nos dirigimos a presidencia donde fuimos recibidos por el concejal Di Martino y los empleados administrativos, intentando en un primer momento impedirnos ingresar al recinto, a lo cual ante la exigencia de nuestra parte procede a aceptar el ingreso pero impide el acceso del escribano, e inclusive se niega a admitirle el ingreso a la sala de prensa para que el mismo pueda dejar constancia de todo lo que ocurra en la sesión auto convocada,  motivo por el cual el escribano procede a dirigirse al pasillo para intentar constatar todo lo que ocurriera tras el vidrio del ventanal previsto para que los vecinos puedan presenciar las sesiones.-

También es importante resaltar que se negó el acceso al recinto de nuestro equipo de fotógrafos y a los periodistas, violentándose la libertad de prensa, con el único objetivo evidente y manifiesto de pretender acallar la voz de 6 representantes del pueblo, esta es una de las causales por las cuales la oposición decidió no dar quorum, por el manejo arbitrario,  autoritario e ilegitimo.-

Al ingresar al recinto el concejal Amarrilla observa que los ventanales se encuentran con sus cortinas bajas procede a levantarlas, para darle publicidad conforme lo exige el art. 30 de la ley 1028, momento en el cual es increpado por el concejal Di Martino diciéndole que esa actitud es una atropello a su envestidura, y ordena a su secretaria a que proceda a bajarlas, situación que es revertida por la concejal Neme quien nuevamente da cumplimiento a la visibilidad de lo que ocurriera dentro de la sesión, no solo como publicidad como lo exige la ley sino también  como garantía de los concejales que nos encontrábamos en el recinto.-

Pero este bloqueo institucional de la mano el oficialismo no termino allí, sino que impidieron que el personal taquígrafo este presente para tomar registro de lo que ocurriera, como así tampoco se habilitaron los micrófonos para que el público presente y la prensa pueda escuchar nuestra sesión auto convocada,  violándose de manera fragante el reglamento interno que dispone que aunque  se sesione en minoría, se debe guardar registro de todos los hechos acontecidos en el recinto,  y de la intervención de cada uno de los concejales que son la voz del pueblo, sesión que obviamente se vio declinada por falta de quorum.-

Como marca la legislación vigente la Sesión Auto convocada de ayer fue presidida por el Concejal Rodríguez por ser el de mayor edad y actuando como Secretaria la Concejal Celeste Ruiz Díaz por ser la de menor edad conforme lo dispone el art. 24 de la ley 1028.-

Entendemos que el oficialismo hizo uso en este caso de la herramienta constitucional y legal de no dar quorum, pero lo grave es el patoterismo y el bloqueo al usar el recinto solo para los seis concejales oficialistas, como del personal administrativo y a nosotros no permitirnos ejercer la tarea, hasta el secretario y pro secretario legislativo se le impidió trabajar, pues el recinto es la casa de los 12 concejales y la auto convocatoria es una medida debidamente dispuesta por la ley, es inconcebible que Di Martino desconozca la convocatoria que fuera presentada al Sr. Secretario Legislativo Nestor Barrios el mismo que el día de ayer (13 de marzo ) se sentó en el estrado, y quien inclusive nos notificara de la convocatoria de Di Martino.-

La conducta denunciada es un claro abuso de las normas y de la legalidad, ya que para pretender hacer conducir a los concejales que no dábamos quorum por la fuerza pública, pero que no incurríamos en inasistencias injustificadas, porque expresamente se dejó sentada la postura, si es válida la Ley 1028, pero para permitir la realización de una sesión auto convocada por la mitad del recinto.

Claramente el Concejal Di Martino conjuntamente con los concejales, HUGO GARCIAL FABIAN CACERES, ADRIAN MURACCIOLI, BIBIANA MARTINEZ, Y LUIS FERREIRA, se encuentran convalidando una incompatibilidad legal por haber fenecido el mandato del ex presidente, y negarse a una sesión auto convocada realmente lo único que logra es prolongar la situación de conflicto que solo afecta la institucionalidad del Concejo Deliberante. No parece necesario abundar en argumentos para señalar los perjuicios no sólo de índole legal, que podría acarrearnos una postura como la que parece entreverse a la luz de los antecedentes reseñados por parte del oficialismo y la falta de otro remedio idóneo que no sea una declaración judicial como la que pretendemos por vía de esta acción.

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS.-

Conforme lo relatáramos en los hechos queremos fijar bien las dos posturas contradictorias existente en el Concejo Deliberante, que hoy solicitamos por esta acción se dicte una declaración de certeza para poder todos actuar dentro del marco de la ley.-

1) POSTURA DEL OFICIALISMO: Darío Di Martino sigue, supuestamente y para ellos, siendo presidente, puede seguir convocando a sesiones preparatorias aun a pesar de encontrarnos en periodo de sesiones ordinarias, con la única finalidad de hacer uso del doble voto que goza el presidente. Postura claramente caprichosa, arbitraria e ilegal. El Secretario Legislativo sigue en sus funciones para convocarnos a las sesiones citadas por Di Martino pero no para notificar la sesión auto convocada por la oposición.-

2) POSTURA DE LA OPOSICION: Darío Di Martino cesó en el mandato, motivo por lo cual y encontrándonos en periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo del corriente año, y teniendo la voluntad política de destrabar el conflicto corresponde acudir a la vigencia y lo establecido por el art. 26 de la ley 1028 que dispone que existiendo asuntos urgentes o de interés público, un tercio de los concejales pueden auto convocarse. Entendemos que la acefalia del concejo es un tema urgente y de interés Público, toda vez que existen cuestiones urgentes de ser tratadas como ser el decreto del intendente de declaración de emergencia en el transporte público,  el  decreto de aumento de boleto de transporte de pasajero, materias propias e indelegables del Concejo Deliberante,  la adhesión al aumento fijado por el gobernador, entendiendo el aumento de presupuesto que se aprobó el año pasado, la inundación de la ciudad de Formosa frente a precipitaciones que no superan los 100 milímetros diarios que revelan realmente la falta de políticas públicas de cara al vecino, entre otras cuestiones. El vecino no está para una comparsa o para una fiesta de San Patricio, el vecino necesita de la presencia del estado en sus calles, en su basura, en su alumbrado, en su cuneteo,  en el control de alcoholemia los fines de semanas esencialmente para evitar que nuestros jóvenes se nos mueran, y en la problemática del mantenimiento de las bocas de tormento y demás trabajos para evitar el ingreso de aguas en los hogares formoseños,  y evitar las pérdida importantes,  ESA ES LA URGENCIA QUE NO PUEDE ENTENDER EL CONCEJAL MURACCIOLI, (conforme sus manifestaciones en el recinto el día de 13 de marzo), porque para poder entenderlo a parte de ir al recinto hay que estar en los barrios y sentir la necesidad de la gente a la cual representamos con una banca. Ese es nuestro argumento para auto convocarnos en sesión extraordinaria por encontrarnos frente a un concejo acéfalo, y arrebatado por el oficialismo.-

Es importante también advertir a este Excmo. Tribunal el bloqueo denunciado por esta parte para que se llevara a cabo la sesión extraordinaria auto convocada para el día 13 de marzo, de pretender no levantar las cortinas para que le pueblo no pueda observar lo que sucede, y el cierre de los micrófonos no activándose el sonido violándose la publicidad de las sesiones fijadas en el art. 30 de la ley 1028:  Las sesiones serán públicas. Para conferirles el carácter de Secretas se requiere la mayoría de los miembros presentes.

Nuestra Constitución provincial en su art. 106 dispone que: La Cámara abrirá sus sesiones por sí misma. Se reunirá todos los años en sesiones ordinarias, desde el día primero del mes de marzo hasta el día treinta de noviembre”.-

Es importante remarcar que “del texto legal del art. 322 CPCC se desprende que la acción meramente declarativa es la que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico, es decir, que es el medio de conseguir directa y únicamente la declaración por el Poder Judicial de que existe un derecho del actor, o bien, que no existe un determinado derecho en cabeza del demandado”.

De la definición transcripta de la acción declarativa de certeza, se desprende que una nota esencial a esta acción es su carácter preventivo, dado que se encuentra precedida únicamente por un estado de incertidumbre capaz de producir un perjuicio, FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL HCD ya que su finalidad está dada por el interés en una declaración judicial de certeza tendiente a evitar un daño.

En tal sentido, queda demostrado V.E., que como oposición ante el autoritarismo del oficialismo, sin reconocer que los porcentajes de representación han cambiado,  y bloqueando la posibilidad de sesionar, no por la falta de quorum que reconocemos es una herramienta, sino por impedir el normal desenvolvimiento del concejo, genera una situación de hecho tal, que los concejales de la oposición , sin la declaración judicial de certeza, sufrimos el atropello a la envestidura del cargo, motivo por el cual la declaración judicial se presenta como el medio necesario para evitar ese perjuicio.

Jurisprudencialmente en los autos “Di Paola Carlos Roberto y otro c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ ordinario” de la Camara Nacional Civil  los Dres. Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal puntualizaron que otro requisito para la admisibilidad de la mentada acción radica en “la falta de existencia de otra vía idónea para hacer cesar ese estado de incertidumbre”, debido a que “se ha interpretado que el CPCC:322 se enrola en la tendencia limitativa en cuando al uso de «la acción meramente declarativa», ya que es la propia norma la que dispone que de existir otra acción que pueda satisfacer la pretensión, debe necesariamente recurrirse a ella”, añadiendo que “es esta última particularidad de nuestra legislación la que demuestra que la vía de la citada acción es residual”.

En no pocas oportunidades la CSJN en algunos de los precedentes, “convierte” el procedimiento utilizado por esta parte,  amparo por acción declarativa; en  acción declarativa por amparo.

A pesar de la ausencia de base constitucional explícita (se sostuvo que junto con el amparo es una acción que nacía directamente del art. 33 de la CN.) la Corte ha adoptado mayoritariamente el mecanismo del artículo 322 del CPCCN. interpretando que la declaración implica hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza produzca un perjuicio o lesión actual al actor y este no disponga de otro medio legal para ponerle término en forma inmediata.

La adopción del sistema judicialista de control de los actos del Ejecutivo y demás poderes del Estado  y la previsión constitucional que, en forma expresa, veda al Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales (artículo 109 CN), completan la garantía de la defensa prescrita en el artículo 18 de la Constitución Nacional que cabe asimilar a la consagración del debido proceso como garantía innominada por parte de la jurisprudencia.

A su vez, el Preámbulo de nuestra Constitución revela el propósito que persiguieron los constituyentes al proclamar, entre los fines del Estado, el de “afianzar la justicia”, configurando así un principio jurídico afín a la efectividad de la tutela judicial debida a los particulares, en cuanto éste constituye el modo principal de afianzamiento de la justicia.

Antes de la reforma constitucional 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en uno de sus fallos notables– sentó el principio con fundamento en que “la idea directriz de la división de poderes opera sincrónicamente con otra idea directriz de nuestro sistema constitucional –que emerge de la garantía del debido proceso– cuál es el principio pro actione a que conduce el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que se deriva, necesariamente, del art. 18 de la Constitución nacional, cuya regulación se integra, además con las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, que al ser aprobado por la ley 23.054 y ratificado el 5 de diciembre de 1984, tiene el carácter de ley suprema de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución nacional”.

Operada la recepción constitucional de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) a causa de lo prescrito en     el artículo 75, inciso 22, de la C.N., cuyos artículos 8 y 25 consagran el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio que nutre ese derecho adquirió plena operatividad constitucional, obligando también a las provincias,  habida cuenta de que los pactos internacionales y máxime, aquellos incorporados       expresamente a la Constitución Nacional constituyen conforme a su artículo 31 la Ley Suprema de la Nación, debiendo entenderse como reza el inciso 22 del artículo 75 que los derechos reconocidos por ellos complementan los derechos y  garantías constitucionales, con algunas excepciones, el principio de la tutela judicial efectiva goza en nuestro país de un amplio consenso doctrinario.

Esta acción que intentamos es tendiente a restablecer la seguridad jurídica entendiéndola como la posibilidad de prever razonablemente, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, las conductas de los hombres y de los operadores gubernamentales. Abarca la protección frente a la arbitrariedad y a las violaciones de ese mismo ordenamiento jurídico, en definitiva es la confianza en el derecho vigente y una razonable previsibilidad sobre su futuro.

Sentimos que necesitamos que este Superior Tribunal, nos garantice el acceso a la tutela jurídica, garantizándose así nuestro  “acceso a la justicia”, a los efectos de asegurarnos el debido proceso que se encuentra violentado institucionalmente, como así el derecho de defensa  y la necesidad de contar con una decisión oportuna que de un marco de certeza a las partes y poder así restablecer la paz social.-

De los hechos descriptos por esta parte resulta con evidente claridad que la seguridad jurídica está siendo quebrantada por un sector que se considera el propietario del Concejo Deliberante y se niega a aceptar que la estructura del poder político ha cambiado en el recinto y en democracia se debe respetar el derecho de la oposición que hoy es paridad en el Concejo.-

Sintetizando entendemos V.E., que la cuestión sometida a su contralor es una acción de excepción y se efectúa en el marco del contralor de la constitucionalidad  legalidad que queda reservada a la órbita del poder judicial, toda vez que se encuentra violentado el orden institucional en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa. La división y compensación de poderes del estado se asienta sobre un juego de controles, equilibrios y limitaciones mutuas; es decir, este motor funciona por un principio básico: “no existe poder sino en relación armónica con otro u otros poderes ” .

El Poder Judicial, tiene básicamente dos misiones. La primera examinar las leyes en los casos concretos que se llevan a su decisión, comparándolas con el texto Constitucional para averiguar si guardan o no conformidad con ella; la segunda, abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con la misma.

Esta atribución moderadora, constituye uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial provincial, l y una de las mayores garantías con que se ha querido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles de los poderes públicos.-

No es nuestra intención judicializar la policita sino la sola pretensión de respetar la legalidad y la de la aplicación correcta de las normas dispuestas por el legislador.-

Por ello consideramos que este Superior Tribunal como autoridad máxima, y siempre con la responsabilidad del funcionamiento legal de las instituciones deberá establecer cual es la interpretación correcta para sesionar o la convocatoria de Dario Di Martino para sesión preparatoria o la auto convocatoria a sesión extraordinaria sostenida por la oposición en las condiciones que fija el art. 24 de la ley 1028  y que en caso de empato resultara presidente el concejal del partido mas votado en las últimas elecciones.-

MEDIDA CAUTELAR.-

Atento a la gravead de esta situación fáctica es necesario garantizar la percepción de los haberes de los trabajadores del Concejo Deliberante, por cuanto al no haber autoridades electas, se corre el riesgo de la falta de pago en tiempo y forma del personal y de los prestadores, toda vez que es obvio que las autoridades no quieran asumir el costo de la responsabilidad de hacer un pago sin facultades para hacerlo,   motivo por el cual consideramos que con habilitación de Días y Horas se ordene mantener en sus funciones al Tesorero del Concejo Deliberante, teniendo en cuenta el carácter alimentario de los haberes, al Sr. Director Administrativo Armando Canteros y todo el personal,  ya que es necesario dar garantías constitucionales teniendo en cuenta que la situación de conflicto se encuentra en una encrucijada interpretativa que deberá ser resuelta por la inteligencia Judicial, porque es un problema de interpretación de leyes.-

Solicitamos que expresamente se los autorice a recurrir ante los organismos del estado provincial, municipal, nacional y las entidades bancarias.-

De acuerdo a la doctrina de este Superior Tribunal, la habilitación de días y horas requiere como premisa fundamental que la misma cumpla con los requisitos propios de su excepcionalidad en la concesión, lo cual implica no solo invocar sino acreditar suficientemente los potenciales perjuicios que la resolución dictada dentro de los plazos legales le acarrearía, amén de fundamentar los concretos motivos de urgencia (Fallo 5467/01 -entre otros-). Causa: “Ríos, Juan Benedicto y otros s/Mandamus” -Fallo N° 6745/04- de fecha 03/02/04; voto de los Dres. Arminda del Carmen Colman, Héctor Tievas, Carlos Gerardo Gonzalez, Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll.

 

PETITORIO

Por todo lo expuesto, de V.S. pedimos:

  1. a) Nos tenga por presentados, por parte, con el domicilio constituido y por deducida la presente demanda, disponiendo que la misma tramite por las normas del proceso sumarísimo con expresa HABILITACION DE DIAS Y HORAS atendiendo a la gravedad denunciada y la necesidad de restaurar el orden constitucional y el normal funcionamiento del Concejo Deliberante hoy arrebatado por un grupo que no acepta que hoy no cuenta con mayoría en el recinto.-
  2. b) Se dicte resolución declarativa de certeza respecto a la cuestión sometida a su interpretación con la única finalidad de restablecer el orden institucional, haciéndole saber a esta corte que de declararse que la interpretación correcta es del oficialismo garantizamos desde ya el quorum a la asamblea que se fije siempre que sea por decisión de nuestro máximo tribunal a cuyo criterio sometemos la cuestión planteada, por ello deberá establecer cual es la interpretación correcta para sesionar o la convocatoria de Dario Di Martino para sesión preparatoria o la auto convocatoria a sesión extraordinaria sostenida por la oposición.-

 

 

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