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Insultaron y agredieron a funcionarios nacionales pero nadie hace nada porque está detrás el mismo gobierno de la provincia

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El presidente del Concejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas, Félix Díaz en comunicación con Radio Nacional Formosa informó acerca del cartel que colocaron en terreno en donde se lo califica como “usurpador de tierras”, en la localidad de La Primavera.

El referente Qom explicó que el anuncio está frente al Centro Integrador Comunitario (CIC) por el que se está reclamando para que este espacio físico funcione al servicio de la comunidad, pero hay una familia, los Sosa que viven frente al lugar, y la semana pasado acompañó a sus hermanos porque se llevó a cabo allí un operativo con el señor Emilio Basavilbaso, titular de la Anses a nivel nacional quien intentó llegar hasta el CIC para dialogar con los miembros de la comunidad y fijar un espacio físico donde los indígenas de la zona puedan recibir una asistencia, en cuanto a capacitación para que puedan resolver los problemas de regularización de trámites, pero fue impedido por la familia mencionada y el señor Mario Aponte y son ellos los que pusieron la acusación que figura en el cartel.

De repente estos punteros políticos del Gobierno provincial, ingresan al predio y agreden, hacen lo que quieren, nosotros como comunidad tenemos una medida cautelar que otorgó la CIDH, para proteger nuestra integridad física, para que no nos pase nada a toda la comunidad, pero esto tampoco funciona porque tanto gendarmería como la policía dice que es una cuestión interna, y estas mujeres han golpeado a ancianos con palos, escobas, y hace poco tuvimos la posibilidad de recuperar el funcionamiento de la radio 89.3 FM Qom, pero cuando fueron para ver donde se podía instalar la antena no los dejaron entrar, rompieron el vidrio del auto de la abogada Emilia Maciel de Las Lomitas, y nadie de las fuerzas de seguridad intentaron impedir que hicieran esto

El líder originario expuso “esto hace un año que venimos denunciando, se lo dijimos al Dr. Gonzales ministro de seguridad de la provincia, que le transmitimos esta preocupación y lo primero que dijo es que es una cuestión intracomunitaria y que no se puede intervenir, que no lo puede hacer ni la justicia, ni la gendarmería ni la policía pueden tocar a esas personas, porque es una cuestión interna entre la familia y yo.

Cuando sucedieron estas cosas presentamos denuncias en la fiscalía de Clorinda, y la fiscalía federal, esto comienza en noviembre de 2018, nosotros intentamos mantener el edificio como podemos, hemos limpiado, arreglamos las puertas, ventanas todo lo que se pudo, y de repente estas familias ingresan al predio y agreden, hacen lo que quieren, nosotros como comunidad tenemos una medida cautelar que otorgó la CIDH, para proteger nuestra integridad física, para que no nos pase nada a toda la comunidad, pero esto tampoco funciona porque tanto gendarmería como la policía dice que es una cuestión interna, y estas mujeres han golpeado a ancianos con palos, escobas, y hace poco tuvimos la posibilidad de recuperar el funcionamiento de la radio 89.3 FM Qom, pero cuando fueron para ver donde se podía instalar la antena no los dejaron entrar, rompieron el vidrio del auto de la abogada Emilia Maciel de Las Lomitas, y nadie de las fuerzas de seguridad intentaron impedir que hicieran esto”.

Vinieron autoridades nacionales como la directora del INAI Jimena Psathakis, a quien no dejaron bajar y fue presa de amenazas con palos, insultos, y la información que manejan es que detrás de estos hechos está el mismo gobierno de la provincia

Además señaló que la abogada hizo la denuncia pero no sucedió nada, luego vinieron autoridades nacionales como la directora del INAI Jimena Psathakis, a quien no dejaron bajar y fue presa de amenazas con palos, insultos, y la información que manejan es que detrás de estos hechos está el mismo gobierno de la provincia, porque los hijos de esa familia cuando me encerraron y amenazaron machetes en un estado de ebriedad, y decía que lo iba a matar, la agresión también la sufrió un gendarme con ladrillazo en el pecho, y lo más triste es que a los de la fuerza de seguridad que mandan a custodiar nunca ven nada ni escuchan nada, para ellos no hay problema está todo bien.

Por otro lado sentenció que fueron ellos los que tiraron la antena de la radio, los postes olímpicos, y actúan en complicidad con la policía, rompieron vidrios y sin embargo siguen allí y es un problema muy grave al cual el ministro de justicia le resta importancia, ni siquiera para pedir que no agredan a los funcionarios nacionales, porque estuvo allí el secretario de DDHH Claudio Avruj, porque estaba preocupado por esta cuestión, y la información del cartel la levanta el señor Catalino Sosa, quien es funcionario de la provincia, un hermano indígena, quien es el que está promocionando la idea de que  Díaz es usurpador de tierras, por ello es grave la situación y nadie piensa contenerla.

No sé qué poder tiene Aponte para tener en vilo a la gendarmería, la policía, le cobra a los funcionarios, rompe las cosas, las roba y eso para nosotros es muy desesperante, y los funcionarios nacionales son testigos de esto, la presidenta del INAI  Psathakis hizo la denuncia ante la policía en la Ruta Nacional 86, pero aun así no pasó nada

Díaz dijo “no sé qué poder tiene Aponte para tener en vilo a la gendarmería, la policía, le cobra a los funcionarios, rompe las cosas, las roba y eso para nosotros es muy desesperante, y los funcionarios nacionales son testigos de esto, la presidenta del INAI  Psathakis hizo la denuncia ante la policía en la Ruta Nacional 86, pero aun así no pasó nada, y esto es lo que genera impotencia y bronca porque nosotros lo que más queremos es el CIC para que funciones un Centro de Jubilados para nuestros ancianos, para puedan acceder a asistencia médica, remedios, alimentos, para que no dependan de los centros de Naineck , Laguna Blanca, para que ellos también reciban la asistencia como corresponde como lo hacen los afiliados del PAMI.

Esto al gobierno de la provincia no le conviene porque no puede controlar los recursos y su gente no va a poder manejar los programas que vienen de nación

Nuestra intención es mejorar la vida de nuestros ancianos, pero esto al gobierno de la provincia no le conviene porque no puede controlar los recursos y su gente no va a poder manejar los programas que vienen de nación, y ese el miedo que tiene el gobierno de la provincia de que funciones el CIC al servicio de la comunidad y lo grave es que no se hace nada para evitar la violencia que se está generando dentro de la comunidad, ya que nuevamente me comentan los hermanos que volvió a ingresar esta familia insultando y agrediendo”.

Para finalizar añadió que es una situación escandalosa y que ya no saben qué hacer, por ello apelan que la justicia actúe para resolver el problema, que los tiene en la mira de una familia utilizada por el poder político provincial.

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