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Malgarini reclamó explicaciones a los funcionarios locales que avalaron la corrupción en las obras de la ruta 81 de Formosa

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Adrian Malgarini, ante el inicio del juicio oral y público al Administrador General de la Dirección de Vialidad Nacional durante 12 años del Kirchnerismo, Nelson Periotti, quien está procesado por el delito de administración fraudulenta agravada, por irregularidades detectadas en los millonarios contratos viales en la ruta nacional 81 en la provincia de Formosa, reclamó que rindan cuentas y den explicaciones los funcionarios del gobierno de Gildo Insfran, que fueron cómplices, avalaron estos negociados, y fueron piezas indispensables en estos escandalosos engranajes de corrupción.

Los funcionarios locales certificaron obras, que en realidad nunca se realizaron, y fueron cómplices que los empresarios cobren millones por trabajos que nunca realizaron

Los funcionarios locales debían supervisar el cumplimiento del contrato y tenían la obligación de controlar los plazos de ejecución, sin embargo posibilitaron pagos millonarios a la empresa amiga certificando obras, que en realidad nunca se realizaron, avalando una estafa y un perjuicio millonario para el Estado, sobre el cual deben rendir cuenta a la justicia y dar explicaciones a la ciudadanía formoseña, consideró Malgarini.

Adrian Malgarini destacó que estas denuncias que fueron realizadas por legisladores de Formosa, también son derivaciones del Caso Cuadernos y no es la primera vez que el administrador K de Vialidad Nacional y los empresarios son procesados por la cartelización de la obra pública, y como integrantes de una asociación ilícita para saquear al Estado.

Todos los funcionarios tienen la obligación de “rendir cuentas” de sus actos, más cuando hay fondos públicos involucrados, tanto como los ciudadanos tienen el derecho de conocer “la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos desempeñan sus actividades, ejecutan las obras y manejan sus fondos”, puntualizó Malgarini.

Ya que en Formosa deliberadamente no existe la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ni la Ley de acceso a información pública, ni de la Ética y transparencia administrativa, «el lugar donde se deben presentar los funcionarios a rendir cuentas es en la Justicia«, valoró Malgarini.

Por ello resultaría altamente saludable y sumamente democrático y republicano, que los funcionarios que eventualmente estén sospechados de estar involucrados en delitos de defraudación al Estado rindan cuentas de su gestión, porque como funcionarios públicos deberían regirse por los principios de legalidad, transparencia y honestidad, y por ende asumir su obligación de dar cuentas sobre sus responsabilidades en el ejercicio de la función pública, redondeó Adrián Malgarini.

 

 

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