Política

Corrupción: Bonadio envió a juicio oral la causa de los cuadernos por las coimas de Cristina, ex funcionarios y empresarios

El juez Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción y envió a juicio oral a Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales” -es decir sobornos- y se le atribuyeron 28 hechos de cohecho pasivo. Se trata de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, un expediente que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores. El inmediato sorteo de la causa determinó que el Tribunal Oral Federal 7 será el encargado de llevar adelante el proceso.

Junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y como miembro de la asociación el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios. Bonadio volvió a pedir el desafuero de la senadora para arrestarla con prisión preventiva. Entre los empresarios se encuentra Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero y Enrique Pescarmona, entre otros, todos acusados sólo de pagar coimas.

De esos 172 acusados, en esta instancia Bonadio elevó a juicio a 53, ​entre ex funcionarios y empresarios. El juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo.

Asimismo, sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora Eduardo «Wado» de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner y Julián Álvarez; al empresario Sergio Szpolski y a los ex intendentes Enrique García y Ricardo Ivoskus. El uso de fondos ilegales para la campaña electoral de 2013, sin embargo, continúa bajo investigación en el juzgado que pertenecía a Sergio Torres, ahora subrogado por María Servini tras la designación de Torres en la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

En cambio, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, involucrado en aquella supuesta maniobra, fue sobreseído como integrante de la asociación ilícita, pero lo elevaron a juicio como partícipe secundario de 18 hechos de cohecho pasivo.

En uno de los artículos de la resolución a la que accedió Clarín, Bonadio volvió a requerir al Senado el desafuero de Cristina Kirchner para «cumplir con la prisión preventiva dispuesta».​

Junto con el​ expediente central del caso cuadernos, el juez cerró la instrucción de otras dos de las causas vinculadas: la que investigó la red de coimas específica entre los empresarios del transporte ferroviario (en la que se elevó a juicio a seis personas), y la que analizó las maniobras de lavado de dinero encabezadas por el ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno, con un total de catorce acusados, entre ellos Isidro Bounine, Juan Manuel Campillo, Sergio Todisco y la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti.

En la “causa madre” -ya que hubo seis desprendimientos más-, la semana pasada el magistrado dio por corroborados los dichos de 31 arrepentidos: “Habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas», afirmó Bonadio.

Cristóbal López y su socio presentaron ante el juez Claudio Bonadio el último trámite para quedar en libertad

Tal como había señalado el fiscal Carlos Stornelli en su acusación final y pedido de elevación a juicio, Bonadio señaló que se dio por corroborada la existencia de una «asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».

En este sentido, indicó que la asociación ilícita fue comandada por «Néstor y Cristina Kirchner» en su rol de presidentes de la Nación. Y que el dinero era «entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 (donde vive la Senadora actualmente), en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos».

Según la acusación, la maniobra fue organizada por Julio De Vido (entonces ministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión), «quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos».

Por este motivo, De Vido, Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva.

Respecto al rol del ex chofer Oscar Centeno, pese a sus reiterados pedidos para ser sobreseído, irá a juicio oral acusado como miembro de la organización delictiva. Tiene otorgada la libertad por ser el primer «arrepentido» en el expediente, y es parte del programa de imputados protegidos.

El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. «El sistema estribaba básicamente en una serie de ‘puntos fijos de recaudación’, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense; alternativamente esos ‘puntos fijos’ se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el ‘pase’ de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas», detalló el juez.

Así, los empresarios -entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Alberto Taselli, Eduardo Hugo Eurnekian, Enrique Pescarmona, Héctor Zabaleta, Néstor Otero y Aldo Roggio- irán a juicio sólo acusados de cohecho. El ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens, afrontarán la instancia oral bajo la acusación de organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra.

En cambio, fueron sobreseídos del empresario Marcelo Mindlin y el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli.

En diciembre de 2018, la Sala I de la Cámara federal porteña había confirmado las acusaciones de Bonadio contra la ex presidenta por dirigir una asociación ilícita, del delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​ Cuando el fiscal Stornelli pidió que la senadora vaya a juicio, señaló que también responsable de 40 hechos de cohecho. Bonadio aceptó acusarla por 28.

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