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De Vido y López a juicio oral por las «coimas» con los cheques de Skanska, que pasaron por el FonFiPro de Gildo Insfran

Los exfuncionarios Julio De Vido y José López enfrentarán otro proceso oral y público, por una causa iniciada hace más de 10 años. El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio la causa Skanska, uno de los primeros escándalos de corrupción del gobierno kirchnerista, iniciado por una denuncia en 2006, donde se encontraron implicados por coimas y sobreprecios un total de 31 imputados, entre exfuncionarios públicos, directivos de la firma e intermediarios.

La denuncia la presentó el entonces diputado del ARI Adrián Pérez en 2006, por irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, implementado por el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de De Vido. Inicialmente fueron denunciados el extitular del Enargas Fulvio Madaro, el exsecretario de Energía Daniel Cameron y el exsecretario de Obras Públicas José López. La investigación se extendió a ejecutivos argentinos de la firma sueca Skanska y a los exfuncionarios argentinos, que cobraron sobornos para la adjudicación de contratos de los gasoductos.

El fiscal Carlos Stornelli investigó desde el comienzo del expediente -entonces con el exjuez Norberto Oyarbide- el presunto pago de coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural a partir de la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS).

Según Casanello, «para cumplir con ese propósito, desde la posición que ocupaban como funcionarios públicos [De Vido, López y Ulloa], implementaron, en lugar de la licitación pública, un concurso privado de selección en el marco de las contrataciones vinculados al Proyecto TGN y al Proyecto TGS».

«Las contrataciones realizadas -detalló Casanello- se celebraron con precios que resultaron ser infinitamente superiores en relación a aquellos obtenidos tras las correspondientes evaluaciones realizadas en los comienzos de la licitación».

Y detalló: «Las diferencias entre los precios presupuestados y lo efectivamente pagado por todas las obras del Proyecto se estiman en 185 millones de pesos ($185.000.000)».

El intrincado camino de la causa

Esta causa tuvo un camino cuesta arriba: pruebas clave que fueron declaradas nulas por la Cámara Federal, sobreseimientos, la posterior convalidación de la prueba, sobreseimientos revocados y la reapertura del expediente, que ahora llegará al juicio oral.

Pero hubo una prueba que fue determinante: una conversación grabada donde se confesaban los sobornos.Se trata de un diálogo de 84 minutos que tuvo lugar en 2006 y en el que, el entonces gerente comercial de Skanska, Javier Azcárate, le confesaba al síndico de la compañía, Claudio Corizzo, que se habían pagado coimas en los gasoductos del Norte y del Sur e involucraba a funcionarios nacionales.

Esta charla había sido grabada en medio de un allanamiento a la compañía ordenado por el juez penal tributario Javier López Biscayart, que investigaba un caso de evasión tributaria donde estaba involucrada la firma.

En 2008, la Cámara Federal hizo lugar a una queja de las defensas, que pedían la nulidad de las grabaciones como elementos de prueba, y quedaron excluidas del expediente.

En medio de esas resoluciones, Oyarbide procesó a Fulvio Madaro, al exgerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación Néstor Ulloa, y a Daniel Cameron, entre otros, pero esa resolución fue luego revocada por la Cámara Federal. El fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, no recurrió esa decisión y entonces quedó firme.

En tanto, el extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Manuel Garrido había interpuesto un recurso de Casación contra la resolución que declaraba nula la conversación como prueba, y en 2016 la Casación convalidó la prueba.

Entonces, el fiscal de la causa Skanska, Carlos Stornelli, hizo un planteo bajo la figura de cosa juzgada írrita en 2016, con el argumento de que cuando se dictaron los sobreseimientos la Justicia todavía consideraba nulas como pruebas las grabaciones internas de la empresa Skanska que daban cuenta del pago de coimas.

Casanello declaró procedente ese planteo y en octubre del año pasado la Sala IV de la Cámara Federal anuló por «presentar un vicio grave en su fundamentación» los sobreseimientos que la Cámara Federal había dictado en 2011. Los jueces de la Sala I, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, no lo hicieron bajo la figura de la cosa juzgada írrita (que plantea que debe reabrirse una causa cuando una resolución fue fraudulenta), pero de todas formas ordenaron la nulidad de los sobreseimientos.

En 2016 Casanello indagó a los 31 imputados y los procesó, al corroborar «un supuesto de corrupción bajo las figuras de cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación contra la administración pública». Este año, Stornelli pidió la elevación de la causa, ahora ordenada por Casanello.

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