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Pedro Velázquez Ibarra: EL ESTADO TERRORISTA

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Como lo expresa la Corte Suprema en numerosos fallos, más allá del alejamiento de los mecanismos legales con que el poder contaba para llevar adelante la lucha contra lo que consideraba la “subversión”, los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por el Estado con una modalidad que asegurara la  impunidad futura (caso “Nicolaides”) y sería ingenuo  desconocer que las estructuras de poder que actuaron con total desprecio por la ley en la época de los hechos “todavía hoy mantienen una actividad remanente” (caso “Clements”), afirmó el máximo tribunal de la Nación.

Y en Formosa padecemos como en ninguna otra parte del país las maniobras de dicha “actividad remanente” de distintos estamentos del poder, incluso en la esfera de la Justicia Federal y del Ministerio Público, favoreciéndose la impunidad y/o el “punto final” por inexorables razones biológicas ya sea que los funcionarios públicos actúen por complicidad y/o afinidad ideológica con los represores, con acciones u omisiones.

Particularmente repudio merecen, los tremendos obstáculos para conocer el destino final de los “desaparecidos”, que ya no se puede dudar fueron vilmente asesinados inermes e inertes.

La desaparición forzada de personas implica la ausencia física de las víctimas, por acción del terrorismo de Estado, como ocurre en el caso de decenas de formoseños. Situación que solo cesaría con la aparición de las mismas o de sus cuerpos sin vida, por lo que es indudable que se tratan de delitos permanentes.

El análisis semántico y etimológico de la desaparición forzada otorga una idea del modo en que se ejecuta el delito “Desaparecer” es desvanecerse, dejar de ser, perderse para siempre, sin perjuicio de que muchos privados de libertad ilegalmente que han desaparecidos dejaron de existir. Pero vivos o muertos, cada uno de ellos se encuentran en un lugar muy real, como resultado de decisiones reales  tomadas y llevadas a cabo  por gente real, no por  arte de magia.

La desaparición forzada es el crimen más horrendo y repudiable, afectando ilegalmente la libertad en primer término, la privación de la integridad física y psíquica del ser humano sometido a todo tipo de suplicios en el cuerpo, mente y alma, extendiéndose los padecimientos a su grupo familiar, amigos y del conjunto del escenario social donde desarrollaba su actividad el desaparecido.

Hay certeza en la privación de vida y al mismo tiempo privación de certidumbre, desconociéndose que extensión habrá tenido su calvario, configurándose un agravante que excede toda otra forma delictiva que no hubiera podido cerrar su ciclo sin la complicidad y la coautoría de la  administración de justicia, de los usurpadores del poder, en tanto no se trató de casos  aislados sino generalizado.

No se puede encapsular la desaparición forzada en figura conocida y tipificada del obrar criminal, ya que es ejercitada por el poder contra la sociedad  como un mecanismo de sometimiento de la comunidad por el terror, debiéndose recurrir a los tratados internacionales y doctrina jurisprudencial de fallos tribunales transnacionales y nacionales para tipificar adecuadamente la repudiable conducta de los desaparecedores.

obra demoniaca

La metodología de hacer desaparecer personas por parte del Estado Terrorista constituye una “obra demoniaca”, como lo calificara Julio Cortazar. No solo porque crea sus propios infiernos que fueron los centros de detención, torturas y ejecución de opositores políticos  sociales, sino porque constituye el más eficaz e impune de los métodos represivos que en el mundo se ha aplicado, haciendo sufrir a la familia del desaparecido padecimientos superiores en razón de que el detenido -desaparecido tiene un límite en su sufrir con la muerte que finalmente llega, pero sus seres  queridos no  terminan nunca de  vivir sus infiernos porque no pueden aceptar, contra toda la realidad, el aniquilamiento final de ser  querido, con despojo del culturalmente ineludible duelo y de una tumba para orar,  llevar sus  flores y derramar  sus lágrimas.

La sola existencia  de un secuestro, de una privación ilegal de la libertad de una persona que luego no aparezca, viva o muerta , tipifica la figura penal como delito permanente, pudiendo afirmarse que existe una renovación de la voluntad de mantenimiento del estado antijurídico creado por los autores.

El delito se sigue cometiendo sin solución de  continuidad hasta la actualidad no pueden los responsables ser beneficiados por aplicación de  las leyes más benignas en el  tiempo. Y mucho menos ser considerados  simplemente autores de tormentos seguido de muerte (como lo consideraron de consuno fiscales y jueces en la causa “Colombo”, dictándose un fallo jurídicamente aberrante y socialmente inmoral), ya que se tratan de horrendos homicidios triplemente agravados, penados con reclusión perpetua desde siempre.

Es que, en materia de desaparición de personas la condena de sus responsables debe estar destinada a reforzar la conciencia jurídica-moral, la fidelidad al derecho de los ciudadanos, persiguiendo la proyección en el mismo  tiempo de modo tal que la pena basada en la correcta legislación aplicable pueda convertirse en la moral de las generaciones sucesivas contribuyendo a evitar la repetición.

Y los derechos humanos en general constituyen el sólido núcleo de la ética social  de nuestro tiempo y así deben ser valorados por el poder en democracia para que sea realidad el pleno Estado de Derechos que lo diferencia nítidamente de los gobiernos de facto.

Pedro A. Velázquez Ibarra

       Abogado

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