El juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes remitió un exhorto a Claudio Bonadio para que disponga la realización de un operativo en la obra social de Camioneros en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.

El procedimiento se lleva a cabo esta tarde en la sede que el gremio tiene en el barrio porteño de Constitución, con el objetivo de solicitar libros contables y societarios.

Sánchez Freytes tiene a su cargo un expediente judicial que busca determinar si hubo irregularidades en la compra de unos terrenos en La Falda para el gremio que conduce Hugo Moyano.

Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos, cuando meses atrás tenían un valor mucho más bajo.

El objetivo del juzgado es realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.

Graciela Ocaña, denunciante en la causa, ratificó días atrás sus sospechas y sostuvo: “Vamos a demostrar que los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social”.

La diputada de Cambiemos quiere que la Justicia intervenga tanto la obra social como las empresas vinculadas a Moyano. Una de las apuntadas es Iarai, que creció  años tras año de manera exponencial: pasó de facturar 130.352.804,05 pesos, en 2009, a 413.654.985,48 pesos, en 2014, su último ejercicio conocido.

Otra entidad es Dixey S.A., que adquirió  tres inmuebles de 7001,09 metros en Parque Leloir, en cuya dirección fijó domicilio particular Liliana Zulet, esposa del presidente de Independiente.

Y también aparece Aconra, la firma cuya principal actividad es la construcción y que se vincula exclusivamente con la obra social y la mutual de los camioneros. En este caso, los balances son categóricos. De los 54.177.065,16 pesos facturados por ventas en 2009 pasó a 157.538.276,16 pesos cinco años después.