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En Córdoba la UCR pidió el congelamiento de las dietas de los funcionarios y legisladores provinciales. En Formosa nadie dijo nada

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La Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba emitió un comunicado en el que le pide al gobernador Juan Schiaretti que tome “medidas de austeridad para disminuir el gasto de una administración provincial .

El partido propuso el “congelamiento de tarifas de servicios públicos” y de “remuneraciones y dietas de los funcionarios provinciales y legisladores” por un plazo de 180 días.

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Verónica Garade Panetta, legisladora provincial por UCR, declaró en diálogo con Cadena 3 que Córdoba debe “ingresar en el debate de un marco regulatorio tarifario”.

Garade confirmó que el partido también pide “retrotraer el impuesto inmobiliario rural y urbano al 1º de diciembre de 2019”, además del costo de los servicios.

“Menciono el agua porque a pesar de que se ha dado la concesión a la Municipalidad de Córdoba, quien determina la tarifa es el Poder Ejecutivo provincial”, agregó una de las aliadas del ex intendente Ramón Mestre.

El comunicado completo de la UCR

Ante la crisis económica, Córdoba necesita que se tomen medidas para disminuir el gasto de una administración provincial. Por eso, nuestras autoridades y legisladores le proponen al gobernador:

1) Congelamiento de tarifas de servicios públicos por 180 días (servicio de EPEC y cooperativas). Debatir nuevo marco regulatorio tarifario sobre el precio eficiente del servicio y no sobre el déficit de las empresas. El congelamiento debe incluir el servicio de agua.

2) Congelamiento de remuneraciones y dietas de los funcionarios provinciales y legisladores por 180 días.

3) Congelamiento de vacantes en el ámbito provincial por el plazo de 180 días y cese de ingresos a la administración pública provincial por idéntico plazo.

4) Eliminación de gastos superfluos.

5) Retrotraer el impuesto inmobiliario urbano y rural al 1/12/2019.

6) Invitación y convocatoria a los miembros del Poder Judicial de la Provincia, para un congelamiento de remuneraciones de magistrados y funcionarios judiciales por 180 días.

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