Política

Ibañez Mintió. Imputan a intendente, funcionario y un empresario por el robo de Caños del Gasoducto NEA

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El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, hace unos días aprovechó la conferencia de prensa del COVID-19, para culpar a la mezquindad política del presidente Mauricio Macri por la paralización de la obra del gasoducto NEA, asegurando que solo faltó 10 km en nuestra provincia para su finalización y que la megaobra por insistencia de Gildo Insfran se concluirá durante la gestión de Alberto Fernández, mintió, para luego rematar “Los empresarios de entonces ya se comunicaron y tienen los obradores listos para volver”.

Horas después un contundente informe de TN “Como por un tubo: Así se roban la obra pública más cara del país”, demostró que el ministro de Economía Jorge Oscar Ibáñez mintió descaradamente, que no faltaban solo 10 km de construcción en Formosa para su finalización, y para que los formoseños tengan gas natural, sino que se trató de una multimillonaria defraudación al Estado argentino con influencias políticas, sobornos y vistas gordas de Gobernadores, Fiscales y Jueces, tanto provinciales como federales, en la cual él y gobernador de Formosa tienen mucha responsabilidad.

Para colmó la causa por el robo de los caños del gasoducto NEA, avanzan rápidamente en Salta, donde si hubo denuncias, donde se imputo a funcionarios y donde a pedido de la Fiscalía Federal de Orán, se ordenó la captura de dos sospechosos y la acumulación de una tercera causa remitida por la justicia provincial, entre otras medidas en torno a una investigación por presunta desafectación de bienes del Estado Nacional.

Robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda

Ayer al mediodía, en una audiencia celebrada por videoconferencia, la Fiscalía Descentralizada de Orán, se formalizó la imputación penal contra el intendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado; el secretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA.

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A todos se les imputó el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de dos a seis años de prisión. Asimismo, Villalba no descartó la comisión del delito que se aplica al que “vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos”.

El Ministerio Público Fiscal imputa a los acusados el haber permitido la desafectación de bienes que no le son propios, pues entendemos que se autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea que pasan por el territorio del municipio de Aguaray”, sostuvo Villalba.

El representante del MPF aseguró que hubo una desafectación de las cañerías para introducirla en el comercio y venderla a la empresa OSYPSA, cuyo titular es Alos. “Bastaría para ello referirnos a la resolución que lleva fecha del 23 de diciembre de 2019, en virtud de la cual el intendente de Aguaray, recientemente asumido, junto a su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, resolvieron disponer en favor de la empresa OSYPSA SA, cuyo titular es Alos, los caños que era parte del gasoducto que atraviesa ese municipio”, explicó.

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Para Villalba, esta conducta está “marcada y asentada en una resolución del municipio, pero la misma constituye un delito. Me refiero al delito contemplado en el artículo 174 del Código Penal, que establece el fraude a la administración pública por realizar actos en claro detrimento y perjuicio del Estado Nacional”. “A juicio de esta fiscalía -dijo-, el intendente y su secretario de Hacienda habrían procedido a enajenar caños que no le pertenecen, accionar en el cual también está comprendido A los, quien aparece como el adquirente de los bienes que son propiedad del Estado Nacional y, por lo tanto, no se encontraban susceptibles de ser comercializados”.

En su relato, Villalba, con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual, describió como se descubrió a dos camiones que transportaban 30 caños de acero de 24 pulgadas pertenecientes al gasoducto. “Uno de los conductores de estos rodado exhibió como documento que lo autorizaba al traslado de los caños, la resolución número 1215, del año 2019 de la Municipalidad de Aguaray, con fecha del 23 de diciembre, en la cual Prado y Céspedes, disponían la desafectación de esos caños y su transmisión al empresario Alos, titular de la empresa OSYP SA. Asimismo, se señaló que eran caños en deshuso y abandonados”.

Esta resolución, resaltó el fiscal, se convirtió en el detonante de otros hechos; entre ellos un suceso que se registró el 14 de abril pasado, cuando por otra denuncia, la Sección Núcleo de Escuadro 52 de Tartagal pudo establecer nuevamente la presencia en la zona de dos camionetas que llevaban once caños cada uno.

Ante ello, la fiscalía avanzó en la investigación e individualizó a los presuntos autores de este hecho -dos hombres-, en este caso calificado como robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda; uno de ellos cuenta con antecedentes por el delito de estafa.

Pedido de captura

El fiscal solicitó al juez que ordene la captura de esas personas, ya que pese a la insistente búsqueda en diversos domicilios registrados, no se los pudo hallar. Asimismo, y dada la connotación del hecho, Villalba señaló que de seguir adelante con este proceso, es muy factible que los sospechosos reciban una condena de prisión efectiva, por lo que la detención se presenta como el único recurso para impedir la impunidad del delito cometido.

A su vez, mencionó que estos dos individuos utilizaron remitos a nombres de una empresa minera y otra firma comercial, como los destinatarios de dichos caños, por lo que solicitó también una orden de presentación en ambas firmas a fin de secuestrar dicha documentación.

En lo que constituye un tercer suceso -ocurrido en Alto La Sierra-, en tanto, el fiscal solicitó al juez que acepte la competencia federal de una causa remitida por la justicia provincial, a través del fiscal de Salvador Mazza. En el marco de esta causa, se ordenó la detención de dos personas, Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez, quienes habrían participado de la adquisición de 77 caños, todos pertenecientes a la empresa ENARSA. La calificación legal es por el delito de robo calificado. Villalba sostuvo que “este caso guarda una íntima conexidad objetiva con el primero de los hechos”.

Esta contraprestación, así planteada en estos términos, se presenta como inadmisible, como un insulto a la inteligencia

En su exposición, el fiscal resaltó la gravitación que tuvo en los distintos hechos investigados la resolución 1215/19 de la Municipalidad de Aguaray. “El delito surge de este acto administrativo, en el cual se concreta la disposición de bienes ajenos, pues nadie puede disponer de algo que no le pertenece y más, cuando en realidad es propiedad del Estado Nacional”, señaló.

Por último, y respecto a la contraprestación por esta maniobra, señalada por las mismas partes, Villalba reveló que “más allá de que haya sido plata o una fortuna, de ninguna manera esto modifica o enerva la gravedad del delito al que hago referencia”. Explicó, en ese sentido, que a cambio de la resolución que permitió la desafectación de los caños se acordó una contraprestación consistente en el arreglo de una plaza y juegos para niños e iluminación, todo con el fin de mejorar un espacio de recreación en beneficio de los vecinos de esa localidad. “Esta contraprestación, así planteada en estos términos, se presenta como inadmisible, como un insulto a la inteligencia, pues entregar bienes del estado nacional a cambio de juegos para niños es muy loco, es totalmente inexplicable”, aseveró.

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