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Apelaron el arbitrario rechazo del Juez Pablo Morán al Habeas Corpus de uno de los 40 formoseños abandonados en el Chaco

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Con pedido de habilitación de feria judicial extraordinaria, los abogados Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora, apelaron el rechazo incongruente del Juez Federal Pablo Moran a atender los derechos del señor Jorge Antonio Ledesma, que le producen un daño irreparable, al encontrarse en estado de total abandono en la localidad de Puerto Eva Perón Chaco, frente a Lucio V. Mansilla.

Los abogados objetaron que Morán denegó derechos con fundamentos incongruentes, violatorios de garantías Constitucionales, y posiciones extremadamente arbitrarias frente al ciudadano.

Fundamentaron que dado la urgencia, en resguardo de la vida y la salud de las personas, se acudió ante la Justicia Federal para garantizar la Libertad del Sr. LEDESMA JORGE ANTONIO, frente a la amenaza de ser detenido y privado de libertad discrecionalmente si el mismo ingresaba al territorio Formoseño por funcionarios policiales de esta Provincia.

Por presiones de la Fiscal de Estado y el Ministro González,se declara incompetente en un tema donde antes se había declarado competente y ratificado el fallo de Fernando Carbajal

Pero el Juez Moran se declara incompetente, pese al antecedente que había establecido la competencia Federal en la materia e incongruentes con sus mismos argumentos vertidos, lo que desencadeno la misma presentación por esta defensa en fuero ordinario, que como era previsible y con los antecedentes de la inhibitoria solicitada anteriormente por un Juez Provincial al Juez Federal, el planteo no tenga acogida favorable y dilación en el tiempo para que se continúe en perjuicio del Sr. Ledesma y otros ciudadanos amenazados para no ingresar al territorio provincial.

La misma Policía que prohibió el ingreso de Ledezma permitió el ingreso de un Ómnibus con 40 pasajeros en idéntica situación que los varados, lo que demuestra la discrecionalidad de la medida.

En ese momento la provincia solo registraba un caso confirmado de COVID 19 positivo, de una médica contratada por el Gobierno Provincial quien venía desde Bs As; mientras el Sr. Ledesma era trasladado por la empresa en la cual presta servicio bajo todas las medidas sanitarias sin exposición de riesgo para guardar el aislamiento obligatorio decretado por las autoridades sanitarias, y luego poder reencontrarse con su familia, la poca celeridad impartida en este proceso y la discrecionalidad policial para detener y prohibir el acceso de personas sin orden de Autoridad Competente (Juez), resulta una arbitrariedad y extemporánea convalidada por el Magistrado.

El Estado Nacional y/o Provincial debe resguardad la salud pública, pero ello no implica que constituya un pretexto para vulnerar los derechos ciudadanos, máxime cuando se establece antojadizamente quien entra o no al territorio, dándole un carácter de ciudadanos de primera o segunda, puesto que entender de otra manera no se explica. Oportunamente esta defensa en la causa “DAVIS, JUAN EDUARDO Y OTROS S/ HABEAS CORPUS”, advertíamos que el hacinamiento de personas constituía un grave riesgo para la salud de quienes eran alojados en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía Provincial, ordenando el Juez Federal determinadas medidas de prevención y privacidad de las personas ahí encerradas, que el Gobierno Provincial hizo caso omiso y los resultados están a la vista (centros de contagio).

La situación que hoy viven las personas que como el Sr. Ledesma, encontrándose a la buena de Dios en los límites provinciales ha tomado connotación nacional, la salud pública es un bien jurídico que no atañe a todos, respecto del primero al último ciudadano, no se puede estar a merced de la voluntad antojadiza de un grupo de personas con equivocas decisiones, que hacen caso omiso a las recomendaciones efectuadas por la OMS y la Justicia.

La Justicia tardía no es Justicia, los pretextos y la aplicación de fórmulas dogmáticas para restringir Derechos Humanos, es un retroceso al espíritu de la democracia donde el ciudadano delega facultades al Estado para construir una sociedad organizada y cuidadosa de las libertades individuales.

Ahora bien, es de público conocimiento en la Provincia de Formosa y eso no puede escapar al magistrado y mucho menos a la Sra. Fiscal de Estado, las consecuencias de violar la cuarentena o las medidas sanitarias, máxime con la actual modificación al código de falta de vox populi; que las amenazas si el Sr. Ledesma intenta ingresar son ciertas y latentes, no es un invento del mismo y mucho menos “sus dichos contra los dichos de los policías”. Consideramos un yerro absoluto por parte de la magistratura rechazar la vía por lo expuesto, cuando, repito, es de público conocimiento las amenazas que existen para quienes no acatan las medidas sanitarias, por más absurdas que puedan ser.

El Sr. Ledesma contaba con la plena habilitación para el ingreso a la Provincia de Formosa, permiso de circulación habilitante y, además de todo ello, posee una profesión catalogada como esencial por el Gobierno Nacional; y al momento de la solicitud de los permisos de ingresos al territorio de la Provincia de Formosa, en ningún lado se detalla o informa a los ciudadanos que los mismos se encuentran ajustados al arbitrio discrecional del Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, ellos pueden caducar cuando este quiere, como se le dijo al Sr. Ledesma en el control policial.

La postura de sostener que los permisos se encuentran ajustados a las modificaciones que día a día realiza el Consejo de Emergencia COVID-19, carece de sentido y, no solo viola los derechos del Sr. Ledesma, sino que crean incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que afecta derechos ya adquiridos.

En el caso puntual, el Sr. Ledesma tramitó con bastante tiempo de antelación su ingreso a la provincia de Formosa, no expresó disconformidad ante el supuesto de cumplir los días de cuarentena en los centros establecidos por el Poder Ejecutivo, y se encontraba totalmente en regla.

En dicho marco, sale de Puerto deseado el día 02 de Junio, llegando a la base Naval de Puerto Madero el día 10 de Junio, en horas de la noche, desembarcando el día 11 para viajar a la provincia de Formosa, donde tenía permiso de ingreso para el día 13 de Junio. Estando de viaje, esto es lo fundamental y lo que resaltamos, el Sr. Ledesma ya se encontraba en ruta, viajando hacía su domicilio, cuando el Ministro González anuncia el cierre de Fronteras y otorga permiso de excepción para un micro que se encontraba viajando hacia el territorio formoseño.

El Sr. Ledesma, como se detalló en el habeas corpus, es contramaestre, marinero, ocho (8) meses se encuentra en altamar, siendo el buque su domicilio, al desembarcar solo tiene su domicilio en la Provincia de Formosa, POR LO QUE ES IMPOSIBLE QUE VUELVA, ya que no puede volver a embarcar hasta la nueva expedición de pesca.

Teniendo en cuenta la profesión del Sr. Ledesma, es necesario mantener un legajo limpio y no tener antecedente penal alguno, así como también un buen estado de salud, por lo que los marineros son sometidos a controles exhaustivos por parte de la Prefectura Nacional, a los fines de obtener el título habilitante; con ello, el decir de la policía que lo van a detener si ingresa, no es una advertencia, sino una clara amenaza real y efectiva, que no solo constituye perder su libertad ambulatoria, sino que también su trabajo como único sustento económico de su familia.

Por último, la prohibición de ingresar al territorio provincial, a su vez, viola lo estipulado por el Art. 16 de nuestra Constitución Nacional, por cuanto y en tanto el Mismo Ministro de Gobierno Provincial Jorge González, anunció como excepción la autorización del ómnibus que se encontraba en viaje, tal como el Sr. Ledesma- de ingresar al Territorio, es decir, situaciones análogas y en mismas circunstancias.

Por tanto, negar a uno, lo que concede a otro, en las mismas situaciones, deviene en contrario al principio de igualdad ante la ley (Art. 16 CN), tornando aún más en ilegitima la amenaza de privar al Sr. Ledesma de su libertad.

Nuestro asistido, reunía todos los requisitos que la autoridad sanitaria exigía, no puso obstáculo para el aislamiento obligatorio establecido, se encontraba ajustado a derecho al momento de intentar su ingreso, lo cual son sobradas razones jurídicas y humanitarias para no dejarlo desamparado en un límite fronterizo, sumado al agravante de las medidas decretadas por el Gobierno de la Provincia del Chaco de cierre fronterizo.

El fallo aquí apelado, constituye una arbitrariedad, incongruente, no ajustado al debido proceso y violatorio de Garantías Constitucionalmente protegidas, por lo cual debe revocarse, autorizando el ingreso del Sr. Ledesma Jorge Antonio y extensivo a las personas ahí desamparadas, ordenando al Gobierno Provincial, al acondicionamiento de un centro de aislamiento obligatorio por 14 días, de las personas que mantienen abandonadas en los límites provinciales, sin contacto con terceras personas a los fines de evitar contagios como los ya producidos en la Escuela de Cadetes y Juan Pablo

Por todo lo expuesto, solicitaron se tenga por habilitada la feria judicial extraordinaria, planteado recurso de apelación en contra de la Resolución de Habeas Corpus, se conceda el mismo y se eleve a la alzada, para que se haga justicia, concluyeron.

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