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Carabajal presiona para conocer datos claves de REFSA y saber quienes son sus accionistas y directivos

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El presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio Ricardo Carbajal volvió a ocuparse de la empresa que maneja el servicio de energía eléctrica de Formosa, y envió un pedido de informes al ministro de Gobierno, Jorge Abel González, para pedirle información relacionada con el giro normal de la Sociedad Anónima Estatal.

En un minucioso texto, el legislador hizo hincapié en la potestad que tiene para pedir y acceder a la información pública, sin detallar sus objetivos políticos.

El requerimiento de Carbajal se concentró en tres tópicos específicos: la participación accionaria de la provincia de Formosa; los directores de la empresa REFSA; y copia certificada del último balance de REFSA.

“El pedido de informe se realiza en el marco de lo dispuesto por los artículos 110, 111 y 113 de la Constitución Provincial; la ley 27275 de  Derecho de Acceso a la Información Pública; y los artículos 1, 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 19 del Pacto  de Derechos Civiles y Políticos; y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que expresamente reconocen el derecho de toda persona a “solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada…”, planteó el parlamentario.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso  `Recurso de Hecho, Hernández, Martin Osvaldo y otros s/ causa 177/18/2012`, a través de la cual como diputados provinciales habíamos solicitado información por la causa Vanderbroele,  a través del dictamen de la procuración general de la Nación dijo que ´las previsiones constitucionales de la provincia sobre las obligaciones y derechos de los legisladores, atribuyen a cada legislador -con conocimiento de la Cámara respectiva- el derecho individual a investigar y solicitar informes a las reparticiones oficiales para el ejercicio de sus funciones y reconocen el elemental derecho de todo ciudadano a que se asegure el pleno acceso a la información pública (arts. 33 y 113, segundo párrafo)`. Desde esta óptica considero que la exigencia de acreditación del perjuicio y afectación de un interés por parte de los actores devienen innecesarios”, planteò, al reafirmar sus intenciones.

Respecto de ese argumento, recordó que Por lo que el Superior Tribunal de la provincia “ordenó al Poder Ejecutivo Provincial, puntualmente al Ministerio de Economía brindar la información requerida, y reconoció que el derecho a la información es un derecho amplio, con base en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un paso más allá en la jerarquización del derecho de acceso a la información, estableciendo expresamente en el Caso Reyes vs. Chile, que el Art. 13 de la Convención, al estipular los derechos a `buscar´ y a `recibir informaciones´, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo un régimen de restricciones taxativo”, prosiguió. Y definió: “Gracias a esta sentencia, el derecho de acceso a la información se convirtió en un derecho humano”. Asimismo, trajo a la escena justificativa que, en la misma sentencia, el tribunal determinó cuál es el exacto alcance que tiene el derecho y cuáles son los requisitos que los Estados deben cumplir para respetarlo y garantizarlo. “Incluyen la entrega de información sin necesidad de que la persona tenga que acreditar un interés directo para su obtención, la presunción de que toda información es accesible, sujeta solamente a un sistema restringido de excepciones taxativas y legalmente establecidas, y la aplicabilidad amplia del derecho, el que alcanza los organismos públicos de todos los poderes del Estado, a las empresas de servicios públicos y a toda organización privada que reciba fondos estatales”, precisó.

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