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El Jefe de la Policía de Formosa elogió el “disciplinamiento” de la fuerza que paga un sueldo inicial a un agente de $21.000 y $28.000 a un oficial 

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El cuestionado jefe de la policía de la provincia de Formosa comisario general Walter Arroyo, responsable del escandaloso espionaje político; de los seguimientos y escuchas ilegales a dirigentes políticos, sociales y gremiales opositores, luego de la ilegal privación de la libertad a un concejal opositor de la ciudad y del repudiable amedrentamiento al presidente del bloque de diputados provinciales opositores y a periodistas independientes en la localidad de Palo Santo, destacó el incondicional disciplinamiento de la fuerza que dirige, a los caprichos feudales del gobernador Gildo Insfrán, pese a los sueldos de miseria que cobran sus efectivos.

En Formosa un agente de policía cobra un miserable sueldo inicial de $ 21.000 (18 mil de bolsillo) y cuando llega a oficial cobra un sueldo de $ 28.000, más adicionales o horas extras paupérrimas que perciben conforme a las horas de sobre carga de servicio que prestan, de $ 400 a $ 500 por 8 horas extras, que podrían llegar a $ 700 si son más las horas extras que le quitan al descanso y a sus familias.

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No debe sorprender a nadie la obscena y militante chupada de media del Jefe de policía al presidente del partido justicialista y gobernador de la provincia, ni la claudicante confesión de su incondicional alinemamiento al liderazgo de Gildo Insfran y al modelo formoseño.

Ni debe llamar mucho la atención, ni aún frente a lo que pasa en otras provincias, donde los policías cobran salarios mucho más alto $ 34 mil de bolsillo, que casi los ubican cerca de la línea de pobreza, pero protestan airadamente reclamando mejores ingresos y mejores condiciones laborales.

Y, nada debe sorprender en una provincia Feudal, donde el gobernador logró en 1999 la reelección indefinida y perpetuarse en el manejo discrecional y en la suma del poder público, luego de un golpe institucional donde metió preso al Presidente del Superior Tribunal de Justicia (Gerardo “Martillo” González), partidizó y coaptó a todas las organizaciones sociales, cooperadoras escolares, colegios profesionales, asociaciones vecinales, gremiales e intermedias.

Nada sorprender en una provincia donde todo está sometido, disciplinado y controlado por un poder político con nula calidad institucional y cero independencia de los poderes republicanos.

Un poder que también sometió y peronizó a la policía de la provincia, una de las fuentes laborales a la que se puede acceder con la única e insustituible condición de responder ciegamente y cuasi religiosamente al partido de gobierno. La policía de la provincia es una herramienta del partido de Gobierno, que en los pueblos manejan discrecionalmente los intendentes justicialistas.

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