Enérgico repudio a la violencia política y a la sistemática destrucción de cartelería electoral de Miguel Montoya
Juntos por el Cambio repudió enérgicamente la deplorable campaña del oficialismo gobernante liderado por Gildo Insfran y Jorge Jofré, cuyos militantes con camionetas; camiones oficiales y vehículos particulares de sus funcionarios salen a destruir la publicidad de la oposición (pagada con recursos propios) y a suplantarlas descaradamente por publicidad de Insfrán y Jofré (pagada con millonarios fondos robados del aporte de los contribuyentes).
"La sistemática y deliberada campaña de destrucción de material publicitario del sector de JXC que en la ciudad lideran Miguel "el Mono" Montoya y Julieta González, que en un escenario electoral tramposo y fraudulento como el de la Ley de Lemas; la reelección indefinida; la legión de votos paraguayos; el clientelismo político, el esquema de sominación social, el adoctrinamiento y los abusos del Estado, se convierte en otro detonante que socaba los cimientos de nuestra democracia republicana", denunciaron.
"El ataque a la publicidad electoral, sumada a la censura en los medios del Estado y a la persecución y agresiones a los militantes, revelan una peligrosa falta de respeto por el juego limpio, la igualdad de oportunidades, la libre expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información imparcial durante el proceso electoral", aseguraron.
"La destrucción deliberada y orquestada desde el Estado, de la cartelería electoral, colocada legalmente en espacios públicos, es una afrenta directa a la voluntad del electorado y una clara violación de los principios democráticos", destacaron.
Lo hacen desde el Estado, con vehiculos públicos y particulares sus funcionarios
"Resulta aún más alarmante y repudiable el hecho de que se haya utilizado la camioneta particular de un funcionario municipal y camiones recolectores de basura del municipio para perpetrar estos actos vandálicos, lo cual plantea serios interrogantes sobre el uso indebido de los recursos y fondos públicos para promover las relecciones de gobernantes y la promoción de los funcionarios", objetaron.
"Es importante destacar que la publicidad política debe ser financiada de manera transparente y equitativa. Lo cual nunca sucede por los gobernates ocupan la plata de los ciudadanos para pafarse sus campañas, mientras que la oposición asume los costos de su propia promoción, por eso es inaceptable que los recursos del Estado y el dinero de los contribuyentes sean utilizados para favorecer a un determinado candidato o partido político. Este accionar no solo distorsiona la competencia política, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático en su conjunto", advirtieron.
Resulta igualmente preocupante el hallazgo de la cartelería electoral destruida en basureros clandestinos. Esta práctica denota una clara intención de eliminar cualquier rastro de disidencia política y muestra un desprecio flagrante hacia la libre expresión y el pluralismo de ideas.
Este tipo de actos violentos no solo atentan contra la integridad del proceso electoral, sino que también amenazan la convivencia pacífica y el debate abierto en nuestra sociedad. Como periodistas, es nuestra responsabilidad denunciar estos hechos y defender los valores democráticos que sustentan nuestro país.
Es fundamental que las autoridades competentes investiguen a fondo estos actos de violencia política y tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral. Asimismo, es imperativo promover una cultura política basada en el respeto mutuo, el diálogo y la tolerancia, donde todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas sin temor a represalias.
En conclusión, la violencia política y la destrucción de cartelería electoral constituyen una afrenta a la democracia y deben ser repudiadas de manera contundente. Instamos a la ciudadanía a rechazar cualquier forma de violencia política y a defender los principios fundamentales que nos permiten vivir en una sociedad democrática y plural.