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PERSECUCIÓN POLÍTICA

Patricia Bullrich denunció al ministro de Justicia tras la intervención de su fundación

La precandidata a presidente apuntó contra Martín Soria sosteniendo que hay una persecución en su contra. "Buscan criminalizar las ONG que no sean afines al kirchnerismo", advirtió.

Patricia Bullrich denunció al ministro de Justicia, Martín Soria, a raíz de la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES).

La titular del PRO en uso de licencia responsabilizó al ministro de perseguirla políticamente y acusó al Gobierno de buscar "correr la atención de su gestión desastrosa".

Ahora, la causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de la investigación, y según lo expuesto por la abogada de Bullrich, Silvina Martínez, "lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista.

Para la abogada de Bullrich se trata de una persecución política
"No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó", expresó la letrada.

Además advirtió que: "Se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa".

En la misma línea, a través del documento presentado subrayó: "El titular de la IGJ pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen".

Para la abogada, la causa en contra de Bullrich se manejó "en secreto" y detalló que la intervención se produjo a pesar de que la Justicia rechazara la posibilidad de proceder.

"Desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. 9 años!!! [sic]", mantuvo Martínez para sostener su argumento.