El Gobierno promulgó la Ley de Bases

Luego de arduas negociaciones, largos debates y meses de desacuerdos, el oficialismo logró la sanción en el Congreso de la Ley de de bases. Finalmente, en las primeras horas de este lunes, el Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron los dos decretos 592 y 593 para que las legislaciones entren en vigencia.

Por un lado, la ley Bases le otorga facultades delegadas al presidente Javier Milei y contiene una amplia reforma del Estado, con la transformación de áreas, la eliminación y modificación de normativas vigentes en las distintas ramas del derecho, la creación de nuevos artículos que buscan desregular la economía, una nueva reforma laboral y la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) . Por otra parte, el paquete fiscal , denominado Medidas fiscales paliativas y relevantes, contiene la reimposición del impuesto a las Ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en Bienes personales y el blanqueo de capitales, entre otros puntos centrales para el gobierno nacional.

A pesar de querer insistir con las privatizaciones, el Gobierno tuvo que ceder en este punto. Lo mismo sucedió con la eliminación de la Moratoria Previsional, que también fue descartada por la Cámara Alta.

La ley Bases propone un nuevo esquema en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública.

Según el texto de la legislación, se busca garantizar ciertos derechos a las personas. Bajo el título "eficiencia burocrática", la administración pública no podrá solicitar documentos o informes que ya hayan sido presentados en algún momento, como en el trámite del Certificado Único de Discapacidad, para lo que ya no será requerido presentar una copia del DNI. Además, si la administración pública no responde ante una solicitud específica en el tiempo estipulado, se activará el "silencio administrativo", otorgándose lo solicitado automáticamente. Esto excluye áreas sensibles como salud pública, medio ambiente y servicios públicos.

Los empleados de organismos del Estado sujetos a reestructuración podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad. No serán afectados los empleados que sean delegados sindicales con mandato vigente o que estén de licencia por motivos como enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio. Una vez vencida la licencia, podrían ser puestos en disponibilidad.

Además, se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas, y a partir del cumplimiento de los requisitos de jubilación, los empleados podrían ser exhortados a iniciar los trámites previsionales.

Dentro de la Ley Bases se establece que el derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día a aquellos empleados que paren.

Relaciones laborales entre privados.

Se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año dependiendo del tamaño de la empresa. Participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido. También se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario. Se trata de un sistema similar al que utiliza la UOCRA y que, para aplicarse, deberá ser acordado a través del convenio colectivo de trabajo. Además, se establecerán indemnizaciones agravadas en casos de despido por discriminación.

Para el caso de los trabajadores independientes o monotributistas, podrá contratar a otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.