La Mano de Hierro de Insfrán Golpea Nuevamente en el Oeste Formoseño
La sombra del autoritarismo vuelve a oscurecer el oeste formoseño, esta vez con un operativo policial que tiene más de represalia política que de prevención o seguridad. En un nuevo episodio que evidencia el abuso de poder y la utilización política de la fuerza de seguridad, el gobernador Gildo Insfrán, mandó desplegar un operativo policial con la clara intención de amedrentar a las comunidades aborígenes del oeste formoseño y escarmentar al intendente Atilio Basualdo
Gildo Insfrán, ha demostrado una vez más que su control sobre la provincia no conoce límites. Esta vez, el objetivo de su maquinaria represiva fueron las comunidades originarias del oeste formoseño y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quien recientemente decidió distanciarse del espacio político que Insfrán lidera con mano de hierro.
Insfran ha convertido a la policía en una herramienta de coerción y represalia, utilizada para acallar cualquier voz disidente
El incidente, que tuvo lugar en Fortín Lugones, expuso las prácticas discriminatorias y autoritarias del gobierno provincial. Una camioneta de la municipalidad, que transportaba a un grupo de originarios a un encuentro religioso, fue detenida y secuestrada por la policía local, bajo el débil pretexto de que el transporte en la caja de la Toyota Hilux ponía en riesgo la seguridad de los ocupantes. Este tipo de transporte, si bien precario, es una realidad cotidiana en estas comunidades marginadas, donde las carencias de infraestructura y opciones de movilidad son ignoradas por las autoridades que deberían protegerlas.
Lo que más indigna de este caso es la evidente motivación política detrás del operativo. Según el conductor del vehículo, los policías mencionaron que actuaban "por órdenes del jefe de gabinete", en un claro intento de escarmentar a Basualdo por sus diferencias políticas con el gobernador. La policía, que debería estar al servicio de la seguridad ciudadana, se ha convertido en una herramienta de coerción y represalia, utilizada para acallar cualquier voz disidente.
La hipocresía del gobierno de Insfrán
El mismo método de transporte que fue criminalizado en este caso es utilizado de manera habitual por el propio gobernador para movilizar a las comunidades aborígenes a sus actos políticos
Este episodio también pone en evidencia la hipocresía del gobierno de Insfrán. El mismo método de transporte que fue criminalizado en este caso es utilizado de manera habitual por el propio gobernador para movilizar a las comunidades aborígenes a sus actos políticos. Estas personas, muchas veces obligadas a participar, son tratadas como simples peones en el juego de poder de un líder que cada vez se asemeja más a los regímenes autoritarios de América Latina.
La actuación de la justicia provincial en este caso no hace más que confirmar la complicidad del aparato estatal en la persecución política. La jueza del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Villa General Güemes, al avalar el secuestro del vehículo y la detención del conductor, demostró que la justicia en Formosa está al servicio de los intereses del gobernador, en lugar de la defensa de los derechos de los ciudadanos.
El doble estándar de Insfrán queda en evidencia cuando el mismo gobernador no duda en movilizar a estas mismas comunidades en las mismas o peores condiciones que mandó a criminalizar, cuando manda a arrear a sus votantes a favor de El Modelo Formoseño, que cada vez se asemeja más a un régimen autoritario al estilo venezolano.
Este incidente es un recordatorio más de que en Formosa, la verdadera amenaza para la democracia y los derechos humanos no proviene de la oposición o de las comunidades marginadas, sino del propio gobierno de Gildo Insfrán. Las comunidades originarias y los ciudadanos de Las Lomitas continúan siendo víctimas de un régimen que solo entiende el lenguaje de la fuerza y la represión.
Mientras Insfrán siga en el poder, la justicia y la libertad en Formosa seguirán siendo conceptos lejanos y cada vez más inalcanzables .
Este incidente no solo refleja la creciente tensión interna dentro del partido gobernante en Formosa, sino que también exponen la extrema vulnerabilidad de las comunidades aborígenes y rurales ante un gobierno que no duda en utilizar la fuerza bruta para mantener su control autoritario. La represión y el abuso de poder se han convertido en herramientas habituales del gobierno de Insfrán, que parece dispuestas a todo con tal de perpetuar su poder, incluso a costa de los derechos y la dignidad de los formoseños.
