Director y Columnista
La policía escrachó a las víctimas en un intento de deslegitimar la verdad
En un vergonzoso intento de silenciar las denuncias legítimas de la ciudadanía, la policía de Formosa ha calificado de "fake news" la publicación de varios medios independientes —entre ellos Radio Parque, Prensa Libre, Diario Ahora Litoral y Opinión Ciudadana— que dieron cuenta de la brutal golpiza propinada a plena luz del día a dos jóvenes en Fortín Lugones por parte de agentes policiales. Este acto de represión, documentado con testimonios de víctimas y testigos, revela no solo la violencia desmedida de los oficiales involucrados y la inescrupulocidad policial para escrachar a la víctimas, sino también una preocupante estrategia de encubrimiento por parte de las autoridades.
Una violencia institucional que se niega a ser encubierta
Los medios señalados han presentado pruebas y testimonios que contradicen claramente el comunicado policial que intenta minimizar los hechos, afirmando que se trató de una acción justificada por un supuesto comportamiento agresivo de los jóvenes. Sin embargo, lo que resulta evidente es que Fernando Acosta, de 18 años, y su compañero fueron brutalmente golpeados por un grupo de policías liderados por el oficial Galarza y el sargento Juan Ismael Ramírez mientras regresaban a sus hogares en pleno centro de la localidad. Estos hechos no pueden ser simplemente desestimados como noticias falsas cuando existen evidencias de la agresión y un recorrido burocrático que los padres de las víctimas tuvieron que realizar para pedir justicia.
Escarnio público: la estrategia de la policía para intimidar a las víctimas
Lamentablemente, el informe policial no se limita solo a la deslegitimación de las denuncias, sino que también recurre a una maniobra malintencionada al escrachar públicamente al joven reprimido, Fernando Acosta, y a sus padres, los docentes Marcelo Acosta y Karina Giménez, quienes tuvieron el valor de denunciar los abusos. Este señalamiento innecesario y claramente intencionado es un acto de irresponsabilidad que busca amedrentar a las víctimas y a cualquiera que se atreva a cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad. En contraste, los medios periodísticos que informaron sobre la brutal golpiza han mostrado una notable prudencia y responsabilidad, evitando en todo momento revelar las identidades de los jóvenes afectados y sus familiares, protegiendo así su privacidad y seguridad.
Represión y encubrimiento: ¿Una constante en Formosa?
Este episodio no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón de violencia y represión institucional en la provincia.
Solo cuatro meses atrás, la policía de Lugones y el presidente de la Comisión de Fomento, Norman Antonio Torres, fueron duramente criticados por su falta de acción ante un homicidio vial perpetrado por el hijo del jefe comunal. Lejos de recibir algún tipo de sanción, Julio Torres, quien conducía en estado de ebriedad y atropelló a Andrea Ovidio, no fue siquiera retenido por las autoridades. Cuando los familiares de la víctima fatal, marcharon encabezados por el Padre Ponciano López, exigiendo justicia, fueron brutalmente reprimidos y detenidos, lo que provocó la indignación y denuncias de referentes comunitarios como el líder Qom, Félix Díaz, y el párroco Ponciano Acosta, quienes coincidieron en denunciar que "esto es una verdadera dictadura".
Una "policía militante" al servicio de intereses políticos
El reciente intento de la policía de Lugones de deslegitimar la denuncia de golpizas como "fake news" no hace más que reafirmar las críticas de que esta fuerza se comporta como una "policía militante" al servicio de intereses políticos mezquinos. La represión de manifestantes pacíficos y la utilización del aparato de seguridad para hostigar a opositores políticos es una constante que ya no puede ser ocultada ni desmentida por comunicados oficiales que apelan a una narrativa desacreditada.
Un sistema de justicia cómplice y una sociedad aterrorizada
Las víctimas de la represión policial en Lugones se han visto obligadas a enfrentar un laberinto burocrático para denunciar los abusos cometidos. Tuvieron que buscar un forense en San Martín 2, buscar copia de la denuncia contravencional en Villa General Güemes y finalmente radicar la denuncia en Las Lomitas, todo mientras recibían amenazas e intimidaciones. Incluso el médico forense Federico Brizuela, que finalmente emitió el certificado de lesiones, evidenció el miedo de la comunidad al verse involucrada en denuncias contra la policía o las autoridades provinciales, suplicando "no me comprometan".
El comunicado policial: un intento fallido de encubrimiento
El comunicado emitido por la policía, lejos de aclarar los hechos, los ensombrece aún más. Alegan que Fernando Acosta estaba en estado de ebriedad, que insultó y amenazó a los oficiales y que no se encontraron signos de violencia en su cuerpo. Sin embargo, los testimonios de testigos presenciales y las pruebas presentadas por los medios independientes demuestran lo contrario. La policía no solo intenta manipular la verdad, sino que además intenta desacreditar a un joven involucrado en un incidente menor de hace tres años, como si eso justificara la brutalidad actual.
Conclusión: Un llamado urgente a la verdad y la justicia
Este incidente pone nuevamente en evidencia la urgente necesidad de una reforma profunda en las instituciones de seguridad de Formosa, que parecen estar más al servicio de proteger a quienes ostentan el poder que de velar por los derechos de la ciudadanía. Mientras la policía continúe actuando como un brazo represivo y las autoridades intenten acallar a los medios críticos con la etiqueta de "fake news", la verdadera justicia seguirá siendo una quimera en esta provincia.
