"A candela de 13 detenida en Ibarreta, la trajeron a pasear al Hospital de Formosa?"
La provincia de Formosa, bajo la gestión del gobernador Gildo Insfrán, parece haber adoptado una estrategia recurrente para enfrentar denuncias por abusos policiales: primero, descalificar cualquier acusación como "Fake News"; luego, cuando la presión pública crece, confirmar los hechos, aunque sea de manera parcial, y en algunos casos, aplicar sanciones mínimas a los responsables. Este modus operandi, que busca deslegitimar a las víctimas, a los denunciantes y a los medios independientes, volvió a quedar expuesto tras la denuncia del maltrato policial hacia una menor de 13 años en Ibarreta, que ahora esta hospitalizada en Formosa.
El reciente caso de Candela, una niña de 13 años que fue detenida por la policía provincial mientras conducía una motocicleta sin casco protector, ilustra este preocupante patrón de manipulación de la información. Según la denuncia de la diputada Gabriela Neme, publicada por medios independientes como Radio Parque, Opinión Ciudadana y Prensa Libre, la menor fue detenida violentamente por tres policías que la golpearon en el rostro, lo que le provocó una crisis nerviosa severa, ataques de epilepsia y un posterior traslado de urgencia a un hospital en la capital provincial, a más de 200 kilómetros de distancia.
Si la situación de la menor no era tan grave, ¿por qué fue necesaria una internación urgente en un hospital a más de 200 kilómetros?
Sin embargo, en su parte oficial, la policía de Formosa no solo desmintió la denuncia, sino que también intentó desacreditar a la prensa y a la diputada Neme, afirmando que "los hechos no coinciden con la realidad" y que el informe médico inicial no mostraba lesiones aparentes en la menor. Según la versión oficial, la niña fue detenida simplemente por violar las normas de tránsito al conducir sin casco y sin licencia de conducir, y fue llevada al hospital solo después de que su madre se presentara en la comisaría, donde se le realizó un chequeo médico de rutina. De acuerdo al parte médico, la menor presentaba "signos vitales dentro de parámetros normales, sin lesiones aparentes", minimizando así el relato de los familiares y los medios.
En lugar de abordar de manera frontal y honesta las denuncias, las autoridades optan por el ataque: descalificar primero, investigar después, y sancionar solo si la evidencia se vuelve innegable.
Pero la versión de la familia y de los vecinos contradice esta narrativa oficial. Según la madre de la menor, no fue notificada de la detención de su hija, enterándose por los vecinos y, al llegar a la comisaría, se enfrentó a la negativa de la policía para permitirle ver a la menor. La madre tuvo que trasladar a Candela primero al hospital local, donde, debido a la gravedad de su estado, fue enviada de urgencia a un centro médico en la capital de Formosa. La pregunta que surge es: si la situación de la menor no era tan grave, ¿por qué fue necesaria una internación urgente en un hospital a más de 200 kilómetros?
La realidad es que la estrategia de la policía provincial parece seguir un guion ya conocido: descalificar las denuncias como "Fake News", estigmatizar a las víctimas y atacar a los medios independientes que se atreven a exponer la verdad. Este modus operandi no solo se ha repetido en el caso de Candela, sino en numerosos otros donde las denuncias de abuso policial se tildan de falsas, solo para luego, ante la presión de la opinión pública y la evidencia, admitir sanciones o iniciar investigaciones administrativas contra los responsables.
En este caso, la insistencia en desmentir la violencia policial hacia una menor resulta aún más inquietante. La diputada Neme describió un escenario de abuso y maltrato, donde Candela fue golpeada y quedó en un estado de crisis que le provocó ataques de epilepsia continuos. ¿Por qué la policía insiste en ocultar la gravedad de los hechos, mientras que los medios locales y los testimonios de los familiares muestran una realidad completamente diferente? La versión oficial se desmorona aún más cuando recordamos que la menor fue hospitalizada de urgencia, lo que contradice las afirmaciones de que no existía ninguna lesión.
La repetición de esta estrategia de desinformación en la provincia de Formosa plantea serios interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los abusos policiales. En lugar de abordar de manera frontal y honesta las denuncias, las autoridades optan por el ataque: descalificar primero, investigar después, y sancionar solo si la evidencia se vuelve innegable. Esta dinámica no solo pone en duda la credibilidad de las fuerzas de seguridad locales, sino también el respeto por los derechos humanos en la provincia.
El modus operandi: Las denuncias negadas, la prensa independiente descalificada y las víctimas estigmatizadas
Formosa se enfrenta a una realidad en la que las denuncias de abuso son sistemáticamente descalificadas, y las víctimas, en lugar de recibir justicia, son estigmatizadas. La policía provincial actúa más como un brazo de control gubernamental que como una fuerza dedicada a proteger a la ciudadanía, y este caso es solo una muestra más de un sistema que parece priorizar la manipulación de la verdad sobre la protección de los más vulnerables.
La pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo las autoridades podrán sostener esta estrategia de desinformación sin que el tejido social termine de romperse por completo? Cada vez son más las voces que denuncian, y cada vez es más evidente que las respuestas oficiales no coinciden con la realidad que viven los formoseños.
