La evasión del ministro Jorge Ibáñez: Una respuesta que ignora la injusticia de la coparticipación en Formosa

En primer lugar, Ibáñez afirma que la distribución de fondos en la provincia "se ajusta en un ciento por ciento" a la Constitución de Formosa y la Ley 766, pero esta declaración es insuficiente para desmentir las serias acusaciones de Basualdo. La cuestión central no es si el gobierno provincial sigue la ley, sino si esa ley es justa y equitativa. La Ley 766, que regula la distribución de la coparticipación, ha sido señalada por Basualdo como inconstitucional y perjudicial para municipios como Las Lomitas, que reciben solo una fracción de los recursos que deberían recibir. Ibáñez se limita a defender el statu quo, sin abordar la falta de transparencia y la arbitrariedad en la distribución de los fondos, una crítica recurrente en la provincia.

 La ausencia de transparencia, la falta de información y la concentración de poder en manos de Insfrán, convirtió a la coparticipación en una herramienta de disciplinamiento político

Ibáñez intenta desacreditar a Basualdo sugiriendo que el intendente ha descubierto estos problemas "30 o 35 años después", como si la falta de acceso a la información y el secretismo que impera en la gestión de los recursos no fueran problemas estructurales en Formosa. Basualdo, al denunciar que los intendentes no tienen acceso a información clave, revela un problema más profundo: la ausencia de mecanismos de control y la concentración de poder en manos de Insfrán, que ha convertido a la coparticipación en una herramienta de disciplinamiento político.

Preocupa que Ibañez, en lugar de ofrecer respuesta, invita a Basualdo a pedirle a Milei los fondos que le adeuda la provincia

La estrategia de Ibáñez se vuelve aún más preocupante cuando, en lugar de ofrecer una respuesta seria al reclamo de Basualdo, lo invita a pedirle al gobierno nacional los fondos que supuestamente le adeudan a la provincia. Esta táctica es un intento de desviar el debate hacia un plano nacional, como si los problemas de coparticipación en Formosa fueran responsabilidad de la Nación y no de la administración provincial. El ministro aprovecha el acercamiento a Javier Milei,  para lanzar un ataque político que desvía la atención del reclamo legítimo de Basualdo.

 

Mientras el gobierno provincial siga administrando la coparticipación sin transparencia ni equidad, los municipios como Las Lomitas seguirán siendo perjudicados, independientemente de quién gobierne en Nación.

 

Es irónico que Ibáñez acuse a Basualdo de tener "nuevos amigos" en el gobierno nacional y le proponga que utilice esas supuestas conexiones para conseguir obras y fondos. Al hacerlo, no solo evade su responsabilidad como ministro provincial, sino que ignora que el verdadero problema es el manejo discrecional de los recursos en Formosa. Mientras el gobierno provincial siga administrando la coparticipación sin transparencia ni equidad, los municipios como Las Lomitas seguirán siendo perjudicados, independientemente de quién gobierne en Nación.

Ibañez intenta desviar el foco de la denuncia hacia la obra pública, cuando Basualdo lo que denuncia abuso de poder y malversación de fondos

Además, Ibáñez intenta diluir las acusaciones con una larga lista de proyectos de obra pública paralizados, que según él, afectan a Las Lomitas. Sin embargo, este argumento no responde a la cuestión central: ¿Por qué Las Lomitas ha recibido solo la mitad de los fondos que le corresponden durante décadas? La falta de obras puede ser un problema, pero no justifica el manejo arbitrario de los recursos provinciales. Ibáñez prefiere cambiar el foco hacia la obra pública, como si las denuncias de Basualdo fueran simples quejas sobre falta de infraestructura, cuando en realidad son una acusación directa de abuso de poder y malversación de fondos.

En última instancia, la respuesta del ministro Jorge Ibáñez no solo evade el problema de fondo, sino que refleja la incapacidad del gobierno de Formosa para enfrentar la crítica y la autocrítica. En lugar de asumir la responsabilidad y revisar el sistema de coparticipación que claramente beneficia a algunos municipios sobre otros, Ibáñez se refugia en una narrativa política que desvía la atención hacia el conflicto con el gobierno nacional. El resultado es una respuesta vacía que deja sin resolver los reclamos legítimos de justicia y equidad que Atilio Basualdo ha planteado en nombre de los lomitenses.

La provincia de Formosa necesita un debate profundo y transparente sobre la distribución de los recursos. Mientras sus dirigentes se limiten a repetir viejas fórmulas y excusas, los ciudadanos seguirán siendo las verdaderas víctimas de un sistema que no responde a sus necesidades. La demanda de Basualdo es un llamado a la acción, y la evasión de Ibáñez es una señal alarmante de que el cambio sigue siendo una tarea pendiente en Formosa.