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Liberaron al hombre de 78 años con parálisis luego de 22 días de detención en condiciones inhumanas

Este medio pudo saber que luego de 22 días de detención en una cárcel sin la debida atención médica, el juez Marcelo López Picabea otorgó la libertad a Juan Rodas, el hombre de 78 años que sufre de parálisis parcial debido a varios accidentes cerebrovasculares (ACV). A pesar de su grave estado de salud, Rodas fue mantenido en prisión junto a procesados y condenados por un presunto hecho excarcelable, sin que se tomaran en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad.

Durante el tiempo que permaneció detenido, Rodas, que no podía caminar y se encontraba incapaz de defenderse adecuadamente debido a su estado físico y psíquico, fue objeto de un tratamiento claramente inadecuado para su condición. La denuncia que originó su detención no solo carecía de sustento suficiente, sino que contravino lo establecido por el Código Penal argentino, la Ley de Ejecución Penal, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

El abogado defensor, Daniel Suizer, logró que el juez otorgara la libertad inmediata del acusado, quien a partir de este momento continuará con el proceso judicial en su domicilio. La resolución del magistrado ha generado una controversia, ya que se destaca por ser una muestra de lo que se considera "justicia selectiva", en la que se concede la libertad a delincuentes responsables de hechos mucho más graves, mientras que los ciudadanos más vulnerables, como Rodas, sufren castigos desproporcionados.

Durante la audiencia indagatoria, el abogado defensor planteó que la misma fuera suspendida, debido a que los ACV sufridos por su cliente le impedían comprender el proceso judicial y ejercer su derecho a defensa, lo que constituía una imposibilidad tanto física como mental para enfrentar el juicio.

Este caso es un claro ejemplo de la situación de desprotección que atraviesan muchos otros individuos en condiciones similares. Aunque el juez actuó a favor de Rodas, existen numerosos casos de personas que siguen enfrentando procesos judiciales en condiciones inhumanas, sin acceso a la atención médica necesaria y sin que se les garanticen sus derechos fundamentales.

La resolución de este caso resalta la urgente necesidad de una revisión profunda de las condiciones de detención y del trato a los reclusos con enfermedades graves, así como una reflexión sobre la aplicación desigual de la justicia en situaciones de vulnerabilidad.