La intervención abusiva de Atencia en el caso Herrera desnuda el autoritarismo del régimen de Insfrán
En un nuevo capítulo de abuso de poder y atropello institucional, la administradora general del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, María Isabel Atencia, protagonizó un nuevo escándalo el pasado domingo al irrumpir sin orden judicial y sin notificación previa en el domicilio de la familia Herrera, quienes ocupan y trabajan esas tierras desde 1932.
Con apoyo policial y sin mostrar ninguna documentación ni a la policía que custodia el predio, Atencia rompió el candado para ingresar al patio y al domicilio de los Herrera, en un acto que configura una flagrante violación a la propiedad, al domicilio particular y un atropello a las libertades individuales. El hecho fue rápidamente difundido por Radio Parque, que publicó un video donde se observa a los agentes policiales explicando a Cano Herrera cómo la funcionaria ingresó al predio sin presentar documentación, limitándose a hablar por teléfono con un tal "Miguel" antes de entrar a sacar fotos en la propiedad.
"Atencia no solo es incompetente, sino que actúa bajo órdenes políticas que priorizan los intereses de un veterinario por sobre el marco legal y los derechos de los ciudadanos. Maneja el Instituto como si fuera su kiosco personal. Lamentable"
Este incidente no es aislado. Forma parte de una campaña sistemática de aprietes, amenazas y persecuciones desatada por el aparato político, policial y judicial del régimen de Gildo Insfrán, con el objetivo de desalojar por la fuerza a la familia Herrera . Las tierras en cuestión, que la familia trabaja desde hace más de 90 años, son codiciadas por Miguel Insfrán, exintendente de Villa Escolar y cercano al Gobernador, quien ya recibió tierras fiscales linderas de manera cuestionable.
Indignación y repudio político
El escándalo no pasó desapercibido para referentes opositores como las diputadas Gabriela Neme y Agostina Villaggi, quienes repudiaron la maniobra ilegal y la persecución sistemática. El abogado Beto Aranda, quien ya había intervenido en el caso, fue categórico al denunciar la falta de idoneidad de Atencia y la ilegalidad de sus actos.
"El problema jurídico de esas tierras está en juicio en Las Lomitas. Por lo tanto, la interventora de Tierras no tiene nada que hacer allí, y mucho menos actuar como si fuera dueña y señora del lugar. Esto es un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por lo que debe ser denunciada", señaló Aranda con indignación.
Aranda también apuntó contra el Instituto de Tierras, describiéndolo como un organismo manejado con arbitrariedad y sometido a los caprichos del oficialismo. "Atencia no solo es incompetente, sino que actúa bajo órdenes políticas que priorizan los intereses de un veterinario por sobre el marco legal y los derechos de los ciudadanos. Maneja el Instituto como si fuera su kiosco personal. Lamentable", concluyó.
Un régimen que desprecia la ley
Este nuevo atropello no es más que una muestra del modus operandi del régimen de Insfrán, que utiliza las instituciones públicas como herramientas de presión y despojo para sus intereses. La violencia institucional desplegada contra la familia Herrera, con un destacamento policial instalado desde hace cinco años al costado de su casa, es prueba del hostigamiento continuo al que son sometidos.
El caso Herrera no solo pone en evidencia el abuso de autoridad de los funcionarios provinciales, sino también la ausencia de un Estado de derecho donde los ciudadanos puedan defenderse de este tipo de atropellos.
La lucha por la tierra en Formosa no es solo la historia de una familia trabajadora contra un sistema corrupto. Es el espejo de un régimen que desprecia la legalidad y la justicia, y que no duda en recurrir al autoritarismo más burdo para imponer su voluntad. ¿Hasta cuándo seguirán los formoseños siendo rehenes de un poder que no respeta ni sus derechos ni su dignidad?