Negar lo innegable para justificar lo injustificable e intentar tapar el sol con las manos
En un nuevo capítulo de autoritarismo y atropellos institucionales, la Dra. María Isabel Atencia, administradora general del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, salió a desmentir de manera rotunda y categórica las graves acusaciones difundidas por Radio Parque en el caso de la familia Herrera. Sin embargo, sus declaraciones lejos están de esclarecer los hechos y, por el contrario, refuerzan la percepción de una gestión arbitraria, funcional a los intereses del régimen de Gildo Insfrán.
Atencia afirma que nunca ingresó a una propiedad privada, mucho menos que rompió candados o actuó al margen de la ley. Pero su relato, plagado de tecnicismos y referencias a permisos de ocupación anulados hace más de una década, intenta esquivar lo central: el abuso de autoridad y la intromisión en un predio donde una familia trabaja y vive desde hace 90 años y de la cuál quieren apropiarse Miguel y Gildo Insfran.
La incoherencia de la "desmentida"
En sus declaraciones, Atencia no niega haber estado en el lugar ni su interacción con las personas presentes, y aunque nada dijo de las instrucciones que recibia de "un tal Miguel", a quién la policía contó llamaba por telefono, pero asegura que solo se trató de una "constatación técnica-administrativa". ¿Es necesario romper candados para una "constatación"? ¿Desde cuándo se utiliza el aparato policial para respaldar una inspección administrativa? La explicación oficial no solo es insatisfactoria, sino que parece un burdo intento de justificar lo injustificable .
Además, resulta llamativo que se apele al argumento de que las tierras son fiscales y "libres de afectación legal". Si esto fuera cierto, ¿por qué tanto interés en despojar a los Herrera, quienes tienen arraigo, inversiones y un claro antecedente de ocupación productiva? La lógica que intenta instalar Atencia carece de sustento, pero sí confirma la maquinaria política detrás de este atropello .
El rol de las instituciones como brazo del régimen
Lejos de ser un hecho aislado, este incidente refleja el uso descarado de las instituciones públicas como herramientas de persecución y despojo. La Policía, que debería garantizar la seguridad de los ciudadanos, se convierte en un brazo ejecutor del poder político. El Instituto de Colonización, en lugar de administrar tierras con criterios transparentes, se limita a responder a los intereses de quienes tienen vínculos cercanos con el oficialismo.
En este caso, los principales beneficiarios de la maniobra son figuras como Miguel Insfrán, cercano al Gobernador, quien ya ha recibido tierras fiscales bajo circunstancias altamente cuestionables . La trama es tan evidente como escandalosa, pero desde el régimen se insiste en negar lo innegable.
La necesidad de poner límites al autoritarismo
Las declaraciones de Atencia no solo insultan la inteligencia de los formoseños, sino que reafirman un patrón de abuso de poder que caracteriza al modelo político de Gildo Insfrán. En lugar de asumir la responsabilidad y esclarecer los hechos, la estrategia oficial es desacreditar a los medios que denuncian y blindarse detrás de explicaciones burocráticas.
El caso de los Herrera es más que un conflicto de tierras. Es un símbolo de la lucha de los ciudadanos contra un sistema que desprecia la legalidad, ignora los derechos individuales y utiliza la fuerza pública como herramienta de coerción .
La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo los formoseños tendrán que soportar este modelo de impunidad y atropello? La desmentida de Atencia, lejos de aclarar, es un recordatorio de que en Formosa, el poder no responde a los ciudadanos, sino a intereses privados disfrazados de políticas públicas.