Política

Acusan de infames traidores a la patria a los diputados que aprobaron el mamarracho de la prórroga de mandatos en el CPA

El Coordinador del Centro Nelson Mandela, y abogado independiente del foro local, Dr. Eduardo Davis expresó su enérgico rechazo al mamarracho aprobado por la legislatura Provincial, donde prorrogan los mandatos de la comisión directiva del Consejo Profesional de la Abogacía y como si esto le pareciera poco, sancionan una medida confiscatoria de los ingresos de los abogados que no vivimos del estado.

Esta medida los convierte en infames traidores, concediendo a las autoridades del CPA FSA., facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los abogados queden a merced de algún gobierno o de algunos de sus personeros”, disparó el abogado defensor de los DDHH.

AUTORIDADES DE FACTO

En este sentido digo que la prórroga de mandatos es una medida arbitraria y reñida con el régimen republicano y democrático, al negarnos un elemental derecho como el derecho al voto, este derecho humano básico de toda organización como el de elegir libremente a las autoridades, le quita legitimidad a quienes se erigen en autoridades del Consejo Profesional de la Abogacía de facto por una ley trasnochada inconstitucional, atentatoria de toda democracia”, aseguró.

ARTICULO 227 del Código Penal. – Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional).

PRETENDEN CONVERTIR A LOS ABOGADOS EN SÚBDITOS

“Los diputados consagraron la muerte civil de los abogados, al negarnos de derechos tan básicos como el derecho al voto, nos reduce a la condición de súbditos de un grupo de personas, del mismo modo las autoridades de facto del Consejo Profesional de la Abogacía son autorizados a apropiarse de nuestros ingresos, violando el derecho a la propiedad, el derecho a una remuneración protegidos por la Constitución Nacional, y son claramente una medida confiscatoria de nuestros bienes”, condenó.

“La confiscación en tiempos antiguos, era asimismo una medida que se adoptaba como consecuencia de la muerte civil, ya abolida en las legislaciones. La confiscación ha sido históricamente una medida empleada con fines políticos por dictadores y tiranos; basta a este respecto recordar las terribles confiscaciones de Sila en la Roma antigua, valerosamente combatidas por Cicerón en sus defensas forenses. Sin embargo, no puede asegurarse que hayan desaparecido completamente, ya que, de modo abierto o encubierto, han sido utilizadas por los tiranos modernos”, comparó.

TIRANÍA FEUDAL

En Formosa con la tiranía feudal todos los viejos vicios han reverdecidos, nos niegan el voto. Prorrogan de facto los mandatos y confiscan nuestros bienes, todo para otorgar sumisiones, facultades extraordinarias, súper poderes, con el claro objetivo de perseguir a los abogados independientes, hasta el extremo de lograr sumisión o sometimiento a la tiranía, no dejándonos trabajar y ahora nos privan del derecho a percibir una remuneración por nuestro trabajo”, cuestionó.

“En este sentido debo decir que voy a dar la noticia criminis de estos graves hechos que están sucediendo donde un grupo de ciudadanos somos perseguidos, privados de todo derecho  por una agremiación de abogados que jamás nos representó a los profesionales”, indicó

“Los abogados de Formosa no tenemos Caja Forense por que la vaciaron y ahora ni siquiera podemos votar, y si no nos sometemos al régimen se apropian de nuestros ingresos, que más razones necesitamos para desafiliarnos de esta organización ilegitima que nos agrupa obligatoriamente, como un anacronismo, cuando la Corte Suprema de Justicia y la legislación se han pronunciado en contra de la agremiación obligatoria por ser atentatoria del régimen democrático, y dan prioridad a derechos como el de la libertad de trabajo y asociación, como también derechos humanos básicos que estos legisladores obsecuentes de la tiranía pisotean”, concluyó Juan Eduardo Davis.

 

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