Política

Amarilla aseguró que un poder del Estado no puede investigarse a sí mismo, y adelantó que presentará una denuncia penal

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Amarilla, afirmó que no es ético ni transparente que un poder del Estado se audite y pretenda controlarse a si mismo, y adelantó que presentará una denuncia penal a raíz de las últimas declaraciones del Ministro de Economía Jorge Ibañez confirmado que junto a la Jefatura de gabinete están auditando la gestión del ex Ministro Décima.

Hay que averiguar si existió delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público o si existieron negociaciones incompatibles con la función pública

Aseguró que es muy grave lo que pasó y es necesario que se investigue seriamente por respeto a todos los formoseños lo sucedido en el Hospital de Alta Complejidad, en el IASEP, Desarrollo Humano y Laformed, porque, “Estamos hablando de millones de pesos del presupuesto público”.

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El diputado provincial aseguró que deben tener acceso el Consejo de Ciencias económicas, el Colegio de Abogados, dando participación a sectores no ligados al gobierno con el fin de garantizar imparcialidad.

A modo de primicia tengo que decir que nosotros desde la cámara de diputados  de la provincia vamos a pedir un informe y vamos a presentar una denuncia penal la semana que viene, en primer lugar vamos a pedir un informe de los últimos tres años de la actividad del Alta Complejidad. Lo que más me preocupa es que el estado a través de su resorte natural que es la fiscalía de estado, no promovió ninguna denuncia y debería hacerlo, indicó Amarilla.

Amarilla dijo que esto es necesario, siempre y cuando quieran investigar a fondo lo ocurrido en el HAC, el IASEP y en Desarrollo Humano. “Hay que averiguar si existió delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público o si existieron negociaciones incompatibles con la función pública”.

Dijo tener serias dudas sobre la auditoría y de hecho no hubo presentación alguna de oficio por parte de un fiscal. “Estamos obligados como funcionarios públicos constitucionalmente a denunciar y que la justicia investigue si hubo comisión de delitos”.

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