
El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Amarilla, afirmó que no es ético ni transparente que un poder del Estado se audite y pretenda controlarse a si mismo, y adelantó que presentará una denuncia penal a raíz de las últimas declaraciones del Ministro de Economía Jorge Ibañez confirmado que junto a la Jefatura de gabinete están auditando la gestión del ex Ministro Décima.
Hay que averiguar si existió delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público o si existieron negociaciones incompatibles con la función pública
Aseguró que es muy grave lo que pasó y es necesario que se investigue seriamente por respeto a todos los formoseños lo sucedido en el Hospital de Alta Complejidad, en el IASEP, Desarrollo Humano y Laformed, porque, “Estamos hablando de millones de pesos del presupuesto público”.
Mirá También:
Ibañez confirmó que se audita la gestión de Décima, y responsabilizó a las redes sociales por la divulgación de informaciones (VER VIDEO)
El diputado provincial aseguró que deben tener acceso el Consejo de Ciencias económicas, el Colegio de Abogados, dando participación a sectores no ligados al gobierno con el fin de garantizar imparcialidad.
A modo de primicia tengo que decir que nosotros desde la cámara de diputados de la provincia vamos a pedir un informe y vamos a presentar una denuncia penal la semana que viene, en primer lugar vamos a pedir un informe de los últimos tres años de la actividad del Alta Complejidad. Lo que más me preocupa es que el estado a través de su resorte natural que es la fiscalía de estado, no promovió ninguna denuncia y debería hacerlo, indicó Amarilla.
Amarilla dijo que esto es necesario, siempre y cuando quieran investigar a fondo lo ocurrido en el HAC, el IASEP y en Desarrollo Humano. “Hay que averiguar si existió delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público o si existieron negociaciones incompatibles con la función pública”.
Dijo tener serias dudas sobre la auditoría y de hecho no hubo presentación alguna de oficio por parte de un fiscal. “Estamos obligados como funcionarios públicos constitucionalmente a denunciar y que la justicia investigue si hubo comisión de delitos”.
Comenta aquí