Política

Anibal Hardy impugnó ante la Justicia electoral Federal la convocatoria de Insfran a elecciones provinciales

“Evitar las ‘colectoras’ y mecanismos de fraude”. El exdiputado Nacional Aníbal Hardy planteó ante la Justicia electoral con competencia Federal la impugnación del decreto del Poder Ejecutivo Provincial  de convocatoria a elecciones provinciales por inconstitucionalidad de la ley de Lemas 653 y sus modificatorias en la Provincia de Formosa, suspensión de las elecciones y plazos electorales.

Hardy requirió la intervención del juzgado Federal con competencia electoral para plantear impugnación y nulidad del instrumento emanado del Ejecutivo provincial y en relación a la convocatoria a elecciones Provinciales prevista para el 22 de octubre de 2017 bajo las reglas del amparo y contra el Gobierno de la provincia de Formosa.
En su presentación, el Dr. Hardy solicitó se ordene al gobierno de la Provincia de Formosa deje sin efecto el llamado de elecciones provinciales bajo el sistema de Ley de Lemas y adecue el mismo al sistema previsto por el artículo 101, 174 y 176 de la Constitución Provincial e impugnando toda lista de candidatos a cargos electivos que presentaren los partidos políticos en la categoría de Diputados provinciales y concejales, para las elecciones generales provinciales  previstas para el próximo 22 de octubre.

LOS FUNDAMENTOS

Entre los fundamentos de la presentación, el exdiputado nacional Desarrollista, establece que si bien el decreto del Poder ejecutivo tiene alcances al territorio de la provincia de Formosa, los efectos expansivos alcanzan a las esferas nacionales, o dicho de otra manera realizadas estas elecciones bajo este sistema electoral funciona como mecanismo de “de inducción o tracción para los diputados nacionales ya que las listas de los distintos sublemas llevan adheridos a los distintas boletas los cargos de diputados nacionales.
La ley de elecciones primarias, abiertas,  simultáneas y obligatorias en su exposición de motivos es evitar las denominadas “colectoras” o mecanismos de fraudes para el electorado y además el Art. 6 de la Constitución es “garante” de la forma republicana de gobierno. Si bien el artículo 6 inclusive permite intervenir el territorio de las provincias más aún debe intervenir para garantizar de cualquier manera la forma republicana de gobierno y para eso se vale del orden normativo y de su estructura judicial.
En términos de principios “El que puede lo  más puede lo menos”. Así mismo la naturaleza jurídica del amparo es evitar que los derechos fundamentales sean resguardados mientras no exista otro remedio judicial más idóneo, eficaz y con la celeridad necesaria para evitar situaciones como las que se plantea. La competencia en razón de la materia afecta de manera directa un interés o propósito Federal.
Hardy agrega además que la materia o sustancia del conflicto  es el derecho constitucional de “elegir” y el instrumento para sostener la intangibilidad de la materia es el pedido de nulidad del acto del Estado(convocatoria a elecciones Provinciales  y su inconstitucionalidad).
El acto político de “elegir” es el acto político por excelencia que se traduce por medio del sufragio, y el sufragio es un acto que emana de la soberanía del pueblo y la soberanía del pueblo reside en la nación (art.8 de la C.N)
Todo acto de soberanía es materia indelegable de la Nación y corresponde a los jueces de la Nación dirimir toda cuestión que violente dicho acto soberano. Precisamente esta cuestión es el matiz diferenciador entre un Estado Federal y las Confederaciones, ya que en el primero la soberanía reside en el pueblo de la Nación.
Lo substancialmente es esto, y el hecho de atacar el acto de convocatoria es simplemente a los efectos de neutralizar los efectos que impiden el acto de soberanía que en este caso es generado por un Gobierno Provincial, y con el mismo alcance le cabría si se trata de un Estado Municipal.

DERECHOS POLITICOS

En los sistemas federales, a diferencia de las confederaciones, la soberanía pertenece al pueblo de LA NACION, de modo que la condición de ciudadano es igual en todas las provincias (art. 8° Const. Nac.). Los derechos políticos gozan de un mismo estándar, conforme lo establecen los arts. 37 y 38 de nuestra Constitución y el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca asegurar los principios de igualdad y de equidad en la competencia.
Que en los autos Mignone, Emilio s/ promueve acción de amparo» (19 de abril de 2002) la SCJN ha dicho que el sufragio -conforme lo ha definido esta Corte- es un derecho público de naturaleza política, reservado a los miembros activos del pueblo del Estado, que en cuanto actividad, exterioriza un acto político. Tiene por función la selección y nominación de las personas que han de ejercer el poder y cuya voluntad se considera voluntad del Estado en la medida en que su actividad se realiza dentro del ordenamiento jurídico, ya que los que mandan lo hacen en tanto obedecen al orden legal en que fundan sus decisiones y los que obedecen lo hacen en tanto mandan a través de ese mismo orden legal en cuya formación participaron. Esta participación se efectiviza por medio del sufragio, dando sentido al principio de que el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes. Estos poderes cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les atribuye. Esto hace que el sufragio adquiera carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad política, a través del cuerpo electoral (Fallos: 310:819, considerando 10). O, en términos más cercanos a una síntesis, el sufragio es la base de la organización del poder; y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación.
El principio sustentada en “Candolo” al decir la SCJN el rigorismo en los razonamientos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar el fin esencial de las normas (fallo 304: 1397).- aplicación injusta y formalista del derecho vigente que va en desmedro del propósito de afianzar la justicia enunciado en el Preámbulo de la CN.y la doctrina de la CSJN en la que sienta el principio de interpretación finalista, es decir el sentenciaste no debe perjudicar las metas y objetivos del legislador debe ser el meridiano o norte del Poder Judicial para la efectiva tutela judicial
La intención de los constituyentes del Estado Argentino es asegurar el Estado Federal, afianzar la justicia, la emisión del sufragio como expresión de la soberanía del pueblo, la incorporación con rango constitucional de los distintos pactos que aseguran estos principios, por lo que el Poder Judicial debe articularse como instrumentos garantes que la Nación fijó en el  preámbulo de nuestra constitución como en sus diversos articulados.
Que solicitó  en base a los fundamentos precedentes y los siguientes decrete medida cautelar de suspensión de la convocatoria a elecciones y plazos electorales  hasta tanto exista pronunciamiento judicial.
Siguió diciendo que dentro de los parámetros de una sociedad democrática y republicana lo normal sería que los partidos políticos fueran los instrumentos para garantizar que los electores concurran a las urnas y expresen con total trasparencia su voluntad política. Los problemas de sistemas electorales es uno de los más graves porque atenta contra la soberanía del pueblo. El sufragio es una manifestación de la soberanía del pueblo, y la soberanía del pueblo reside en la nación. Consecuentemente deben ser los Jueces de la Nación quien deben ejercer la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. (art8) de la constitución nacional. En un juicio normal los partidos políticos que pueden exhibir un interés legítimo pueden plantear dentro del sistema previsto por el código procesal civil y comercial en el ámbito provincial una acción de inconstitucionalidad, pero no para los electores comunes porque no existe hasta la convocatoria a elecciones un interés sustentable y sujeto a tutela judicial.
Es por ello que no existe otro remedio juidicial más idóneo para reclamar los derechos que me corresponde como elector.
Este desprestigiado sistema de “lemas”, o de “doble voto simultáneo”, consistente en realizar una sola elección, interna y general al mismo tiempo, toda vez que las distintas agrupaciones políticas presentan “sublemas” que después se computan por “lema” o agrupación política.
Su consecuencia conocida es que no necesariamente gana el candidato que sumó más votos, sino la agrupación política que acumula mejor suma de sublemas, con lo que se afecta así gravemente el principio de igualdad del sufragio, resguardado en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos y ratificados por nuestro país. Se trata de una versión mal entendida de federalismo electoral, que en realidad se parece a una innecesaria “balcanización” del sistema político. Es hora de una profunda reflexión por parte del Congreso que debería discutir seriamente las reglas de juego durante los años no electorales para evitar estos forzamientos del sistema, originados en el interés de los actores locales de escapar de las boletas sábanas.
En los demás países federales de nuestro continente -Brasil, México y los Estados Unidos-, las elecciones se unifican; en Estados Unidos, el segundo martes de noviembre, cada dos años, se realiza la elección para todos los cargos, federales y locales.
También ésa ha sido la regla entre nosotros desde la sanción de la ley 8871 de sufragio universal, secreto y obligatorio de 1912, conocida como “ley Sáenz Peña”, de forma tal que, desde entonces, se encomendó la confección de un registro electoral único que actualmente está a cargo de la Justicia Nacional Electoral, se estableció un régimen de simultaneidad de elecciones y se previeron las Juntas Electorales Nacionales, presididas por los presidentes de las Cámaras Federales en las provincias, e integradas por los jueces electorales y los presidentes de los Superiores Tribunales Provinciales con el fin de asegurar una adecuada coordinación entre las competencias de la Nación y de las provincias. El diputado nacional Eduardo Costa fue el candidato más votado por el pueblo de Santa Cruz para ser el próximo gobernador de la Provincia. Obtuvo el 41 % de los votos, sacando una ventaja de 7 puntos porcentuales respecto del candidato que le seguía, Alicia Kirchner. A pesar de ello, su triunfo fue desconocido por la autoridad electoral sobre la base de una ley que el propio Costa había tachado de inconstitucional, tanto con relación a la Constitución de la Provincia como a la Nacional.
Hasta el presente, pese a reiteradas presentaciones, no se ha podido obtener un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el punto, a pesar de la existencia de precedentes en materia electoral que lo permitirían.
De este modo, se viola groseramente el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25.
Que el ciudadano quiera votar simultáneamente al lema y al sublema es una ficción insostenible a la luz de los datos de la experiencia, e incluso del sentido común. Lo que ha ocurrido recientemente en las PASO lo evidencia de modo contundente. Si la presunción fuera verdadera, el candidato Aníbal Fernández sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pues la suma de sus votos con los de Julián Domínguez (el otro candidato a quien venció en la interna) le hubieran permitido superar a la fórmula de María Eugenia Vidal- Daniel Salvador. Ello no ocurrió porque la voluntad de quien elige a un candidato no puede “transferirse” por imperio de la ley a otro candidato.
La pretensión de implantación nacional del sistema no sólo contraviene el espíritu y la letra de la Constitución de 1994. Por sobre todo, implica el intento por parte de una fuerza política, incapacitada de resolver sus propios conflictos internos, de imponer al resto de los partidos un sistema electoral pensado en su exclusivo beneficio. El intento pretende pasar por alto el sistema de mayorías calificadas que la Constitución impone a todo proyecto de reforma electoral y golpea las expectativas de una política de consensos nacionales como la que el país exige ante una crisis institucional sin precedentes.
La causa primera y principal de la distancia ya casi infranqueable entre los ciudadanos y la política es el internismo que la ley de lemas tiende precisamente a exacerbar. Una vez más, la clase política reincide en la retórica de la “necesidad y la urgencia”, un remedio que será mucho peor que la enfermedad. Tropieza así una y otra vez con la misma piedra, como si el final trágico de la etapa De la Rúa-Cavallo no ofreciera una nueva prueba, contundente y definitiva, de los riesgos mortales del decisionismo y el amoralismo institucional. Este fundamento contradice la finalidad de la ley de lemas que es DIRIMIR LAS CUESTIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LAS Elecciones generales .LA LEY DE LEMAS, está redactada sobre la base de un Sistema Electoral de VOTO CONTRARIO A LA CONSTITUCION PROVINCIAL. La estructura normativa permite la formación de un número ilimitado de sub-lemas con candidatos distintos pero al final se le suma al sub-lema mas votado.
La Constitución de la Provincia de Formosa sancionada con posterioridad a la LEY DE LEMAS, estableció como Sistema Electoral para la Provincia el sistema de VOTO DIRECTO para la elección de Diputados Provinciales, Intendentes Municipales y Concejales Municipales y al texto expreso de los artículos 101, 174 Y 176 de la Carta Magna Provincial ME REMITO. Así mismo siendo la Constitución una Ley sancionada por un proceso especial LA MISMA ES POSTERIOR A LA LEY DE LEMAS Y LA CONVIRTIO A ESTA ULTIMA EN LETRA MUERTA BAJO EL PRINCIPIO DE QUE UNA NORMA POSTERIOR DEROGA A LA NORMA ANTERIOR.
Es decir, si nos atenemos a la pirámide kelsiana, la Constitución de la Provincia de Formosa esta por encima de cualquier ley de menor rango y más aun cuando el pueblo de la provincia a través de sus constituyentes sustenta la idea del voto directo.
IV -2. La LEY DE LEMAS también esta en contra de otra norma superior dictada por el Honorable Congreso de la Nación en la que deja sentado el principio republicano.
La ley a la cual me refiero es a la Ley conocida como Ley que obliga a las Elecciones Internas Obligatorias y Simultaneas de los Partidos Políticos. Si bien los Sistemas Electorales y sin entrar a analizar si es una cuestión de poderes reservados o concurrentes, lo que se esta analizando como contrario a la Constitución es que el mismo es atentatorio a la Constitución Nacional porque conforme al art. 5 cada provincia deberá ajustar su texto no solamente al articulo expreso de la ley sino también a su “espíritu” y demás leyes que integran y adquieren el carácter de norma superior y que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, que para el caso de la LEY DE LEMAS se desvirtúa este principio Constitucional, porque al votar a un candidato resulta elegido otra candidato desvirtuando este principio que salvaguarda hasta el propia Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, remitida en el art.75 inc 22 de la Constitución Nacional.
En otras palabras y tomando los términos utilizado por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION que transcribimos mas abajo la ley de lemas DEVIRTUA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO EXPRESADA EN EL SUFRAGIO, y TRAICIONA LA LIBRE EXPRESION DE LA VOLUNTAD DE LOS ELECTORES
       Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Mignone, Emilio s/ promueve acción de amparo» (19 de abril de 2002)
En los presentes autos, Emilio Fermín Mignone, en su condición de representante del Centro de Estudios Legales y Sociales, promueve acción de amparo a fin de que «se adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio (art. 37 Constitución Nacional) de las personas detenidas sin condena en todos los establecimientos penitenciarios de la Nación en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos» y que, consecuentemente, «se declare la inconstitucionalidad del artículo 3 inciso d) del Código Electoral Nacional».
Voto de los Ministros Carlos Fayt y Enrique Petracchi
«8) Que sentado lo anterior es menester abordar, ahora, el fondo de la disputa. La Constitución Nacional, dice el art. 37, «garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular
y de las leyes que se dicten en consecuencia» y consagra el voto «universal, igual, secreto y obligatorio». El art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -con la jerarquía constitucional que le asigna el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- dispone que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos», a «votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores» y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país». La ley -continúa- podrá reglamentar el ejercicio de los derechos enumerados «exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente en proceso penal». El art. 3 inc. d de la ley 19.945 -Código Electoral Nacional- cuya constitucionalidad se discute en autos, dice que «están excluidos del padrón electoral» quienes se encuentren «detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad».
9) Que el sufragio -conforme lo ha definido esta Corte- es un derecho público de naturaleza política, reservado a los miembros activos del pueblo del Estado, que en cuanto actividad, exterioriza un acto político. Tiene por función la selección y nominación de las personas que han de ejercer el poder y cuya voluntad se considera voluntad del Estado en la medida en que su actividad se realiza dentro del ordenamiento jurídico, ya que los que mandan lo hacen en tanto obedecen al orden legal en que fundan sus decisiones y los que obedecen lo hacen en tanto mandan a través de ese mismo orden legal en cuya formación participaron. Esta participación se efectiviza por medio del sufragio, dando sentido al principio de que el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes. Estos poderes cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les atribuye. Esto hace que el sufragio adquiera carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad política, a través del cuerpo electoral (Fallos: 310:819, considerando 10). O, en términos más cercanos a una síntesis, el sufragio es la base de la organización del poder; y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación.
10) Que el sufragio universal hace a la substancia del Estado constitucional contemporáneo. Todo otro sistema electoral niega la igualdad de los ciudadanos y, a diferencia del sufragio restringido, que clausura el acceso al poder al pueblo, su función es hacer posible el gobierno del pueblo o de una de sus mayorías, aproximando el ideal democrático a la realidad de la vida. La historia, la de nuestro país y la de muchos otros, muestra la lucha por su consagración plena y el sucesivo abandono de clasificaciones que reparaban en el sexo, estado o condición del elector, tal como disponía el art. 2 de la ley 8871, conocida como Ley Sáenz Peña. El derecho a votar libremente por un candidato de su propia elección -como lo ha decidido la Suprema Corte de los Estados Unidos de América- es de la esencia de una sociedad democrática y toda restricción de ese derecho golpea el corazón del gobierno representativo (voto del Chief Justicie Warren 377 U.S. 533, Reynolds v. Sims {1964}, punto II, primer párrafo, in fine) En fin si, como hiperbólicamente dice Rousseau, «el derecho de votar es un derecho que nada puede quitar a los ciudadanos» (Contrato Social, Libro IV, cap. I), corresponde indagar si en el derecho argentino ese derecho puede sujetarse a la existencia o no de una orden de detención emanada de juez competente.
16) Que, asimismo, el derecho al sufragio tiene en el sistema democrático un carácter colectivo que se extiende más allá de la protección del derecho individual y del relativamente restringido grupo de los peticionantes representados por la actora, pues todo el andamiaje institucional de la sociedad política se encuentra asentado en el efectivo ejercicio de ese derecho. En efecto, el art. 37 de la Constitución Nacional dispone que «esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio». Dicha norma pone en evidencia que el ejercicio del derecho del voto está estrechamente relacionado con el mencionado principio de la soberanía popular que no refleja solamente el mero acto electoral individual sino también la conformación de la estructura gubernamental y del sistema de derechos de acuerdo con este principio y con la forma republicana de gobierno (arts. 1 y 33 de la Constitución Nacional). Este Tribunal ha señalado también que el sufragio es un derecho público de naturaleza política, reservado a los miembros activos del pueblo del Estado, que en cuanto a actividad, exterioriza un acto político (Fallos: 310:819). Tal derecho individual al ejercicio del sufragio encuentra sustento en el principio de la soberanía del pueblo e importa también la tutela de un derecho colectivo a la participación de los ciudadanos en el gobierno del Estado que resulta esencial para el sustento de la sociedad democrática y que ha sido reconocido desde los comienzos mismos del constitucionalismo argentino. El Estatuto Provisorio del 5 de mayo de 1815 disponía que «cada Ciudadano es miembro de la Soberanía del Pueblo y que «en esta virtud tiene voto activo y pasivo en los casos y forma que designa este Reglamento Provisional» (cap. 4, arts. I y II) y el Reglamento Provisorio del 3 de diciembre de 1817 prescribía -en términos similares- que «cada Ciudadano es Miembro de la Soberanía de la Nación» y que «en esta virtud tiene voto activo y pasivo en los casos y forma que designa este Reglamento Provisional».
17) Que, en consecuencia, el derecho al voto no queda limitado a su ejercicio individual o incluso -como se plantea en el caso- a su difusión a un grupo relativamente amplio de personas sino que también reviste una importancia central en nuestro sistema representativo de gobierno donde el derecho político del voto es un derecho político fundamental ya que es protector de otros derechos (Yick Wo v. Hopkins 118 U.S. 356, 379 -1886-), de modo que el examen acerca de la legitimación invocada debe ser contemplado en términos no restrictivos que vayan en perjuicio de este aspecto fundamental del sistema democrático.18) Que a raíz de las particulares características del derecho al sufragio en una sociedad democrática, el reclamo de la demandante se sustenta en un derecho de incidencia colectiva mediante el cual se procura la protección de un derecho político fundamental que se encuentra afectado por la actitud de la demandada, que tiene repercusiones sobre un grupo de ciudadanos que se hallan en idéntica situación y que habrían sido excluidos del efectivo ejercicio de la soberanía popular sobre el que se asienta el sufragio (art. 37 de la Constitución Nacional).
23) Que es verdad que el derecho a elegir se encuentra sujeto a diversas restricciones como resulta de la propia reglamentación del art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y existen ciertas situaciones como la edad, la nacionalidad, la residencia, la instrucción o la capacidad civil o mental- que autorizan la limitación a su pleno ejercicio. La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado en el caso «Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium» 2 de marzo de 1987) que el derecho a elegir no es absoluto y los estados tiene un amplio margen de apreciación para sujetar al derecho a diversas condiciones pero tales restricciones no deben cercenar los derechos hasta un punto que lleguen a alterar su esencia o remuevan su efectividad, deben ser impuestas en persecución de un fin legítimo y los instrumentos empleados no deben ser desproporcionados o disminuir la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección de la legislatura (en similar sentido los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en los casos Carrington v. Rash, 380 U.S. 89 —1965 y Pope v. Williams , 193 U.S. 621, -1904).
24) Que, sin embargo, las justificaciones meramente instrumentales no configuran un argumento suficiente para impedir el derecho al sufragio del grupo de personas representadas por la demandante y están, por el contrario, dirigidas a reprimir el ejercicio del sufragio respecto de ciudadanos que se encuentran habilitados para cumplir con ese derecho democrático por la interpretación sistemática que resulta de lo dispuesto por los arts. 37 de la Constitución Nacional y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Voto del Ministro Antonio Boggiano
5) Que si bien en la causa antes citada el Tribunal expuso acabadamente el alcance que cabe otorgar al adverbio «exclusivamente» que emplea el art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cabe añadir, que dicho adverbio impone, de suyo, una interpretación restrictiva y una armónica hermenéutica de dicha norma con el art. 32.2 del Pacto, según el cual «Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática», corrobora la conclusión a la que allí se arribó. En efecto, la especial índole de los derechos políticos, la presunción de inocencia y el alcance restringido de la prisión preventiva constituyen elementos esenciales de la seguridad, del bien común y de la forma democrática de gobierno.
      6) Que, por lo demás, de ninguna manera podría invocarse el bien común como medio para suprimir un derecho garantizado por la convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva -5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, N 5, párrafos 66-67).
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
CAMARA DE REPRESENTANTES
Artículo 101.- El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados, elegidos directamente por el pueblo con base en la población, no pudiendo exceder de treinta el número de sus miembros.
Artículo 174.- El Régimen Municipal de la Provincia será organizado de manera que todo centro poblado tenga representantes de sus intereses en las municipalidades o comisiones de fomento, cuya creación tendrá por base la densidad de la población respectiva que para unas y otras determina esta Constitución.
Artículo 175.- Los centros poblados a partir de mil habitantes tendrán municipalidades, y los con menos de mil, comisiones de fomento. La ley determinará sus respectivos límites y podrá aumentar la base demográfica anteriormente mencionada después de cada censo general, para ser considerada municipalidad.
Artículo 176.- La ley orgánica comunal y las cartas orgánicas municipales se sujetarán a las siguientes bases
1. Cada Municipalidad se compondrá de un departamento ejecutivo a cargo de un Intendente, y de otro deliberativo, desempeñado por un Concejo.
2. El gobierno municipal deberá ser representativo, participativo y social. El Concejo debe ser elegido conforme con lo que para los cuerpos colegiados se establece. El Intendente será elegido por el voto directo conforme con el régimen electoral.
3. Para ser Intendente se requieren cuatro años de residencia previa, real y efectiva en el
ejido municipal, si no se ha nacido en el  mismo; y las demás condiciones exigidas que para ser Diputado provincial, no causa interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de funciones políticas al servicio del gobierno federal o provincial..

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