Política

BURRO: El Juez Mauriño rechazó sin considerar un recurso contra el Bloqueo a Clorinda y las abogadas apelaron. La Resolución es nula de nulidad absoluta

Las Abogadas Ana Bernal y Gabriela Neme, presentaron un habeas corpus por el desbloqueo de Clorinda. La presentación fue hecha ante el recientemente vacunado y disciplinado juez Dr. Julio Raúl Mauriño, que como en todo litigió que confronte contra el Estado provincial, la rechaza in limine o la declara improcedente sin considerarla si siquiera, en esta oportunidad, que tenia que pagar el favor de su vacuna VIP, no iba a actuar de manera diferente. Y. la rechazó por improcedente.

Automáticamente las abogadas que consideraron como una BURRADA la actitud claudicante y sometida al poder político del Juez que no tuvo escrúpulos para robarle la vacuna a un personal esencial o a una persona vulnerable, apelaron la vergonzosa decisión de Mauriño.

Así las doctoras Ana Gabriela Neme y Ana Ines Bernal, apelaron formalmente la resolución 01/21, por haber errores procesales que anulan la resolución judicial.

Aseguraron que el fallo atacado, es nulo, de nulidad insalvable, en cuanto el juez de la causa, dicta una resolución que pone fin a la acción intentada sin seguir los tramites o procedimientos fijados por la ley, y que precisamente son establecidos en beneficio de la persona que ve amenazada su libertad ambulatoria, que viola el art. 14 de la ley 23098, que dispone la celebración de la Audiencia oral, para dar oportunidad para que las partes se pronuncien ante la autoridad.

“La inobservancia del procedimiento importa una nulidad de orden absoluto pues afecta el debido proceso legal, la garantía de defensa en juicio (artículo 18 de la CN) y el derecho a ser oído…….”

La audiencia del art. 14 de la Ley 23.098 justamente ha sido establecida para resguardar derechos y garantías de los afectados, no puede ser dejada de lado en aras de la rapidez o la urgencia que amerita el trámite.

Por el fragante apartamiento de la ley por parte del Juez Mauriño, estando vulnerado el derecho de defensa de las victimas privadas de su libertad ambulatoria, y  teniendo en cuenta que  el trámite que se ha impreso a la presente acción de habeas corpus no cumple con los estándares mínimos en atención a la naturaleza de la cuestión planteada, lo que determina la invalidación de lo resuelto por no configurar un acto jurisdiccional válido.-

Es una aberración jurídica comparar autoridad competente judicial con autoridad competente administrativa

La libertad ambulatoria de una persona no puede estar limitada o amenazada, sin orden escrita de autoridad competente

Es sumamente peligroso lo que afirma el juez de instrucción, el hecho de que una persona puede ver restringida su libertad ambulatoria por orden emitida por un Consejo Covid, es contraria el derecho a la libertad y que toda personas privada o amenazada de su libertad tiene el derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, a fin de que este decida sin demora, solo la legalidad de la limitación.

En el marco de la pandemia de ninguna manera puede sostenerse que el Estado puede violentar derechos humanos y constitucionales, y si lo hiciera deben ser excepcionales y razonables. Como bien lo ha sostenido la CSJN haciendo referencia a Formosa.

Los clorindendeses como todos los formoseños o argentinos tenemos garantizado por nuestra Constitución nacional y todos los tratados internacionales el derecho a la libre circulación, solo por orden judicial y con muchos fundamentos legales se podría restringir y darle al ejecutivo provincial la suma del Poder público.

Otras irregularidades consisten en las afirmaciones o conclusiones a la que llega el juzgador sin haber escuchado a las personas afectadas, lo que claramente vulnera el derecho de defensa de las partes.

Respecto a sus consideraciones del caso de Victoria Rocio Fernández, con su hijo en trámite de diagnóstico TEA, realmente lo que ha hecho el juzgador es pretender impedir el acceso de la misma no solo a su derecho a una justicia independiente sino a la salud misma.

Es increíble como el juez sin siquiera intentar tener un poco de empatía le solicita a esa madre, que no cuenta con transporte público de pasajeros, porque el Gobierno no lo habilita, a pesar de que el resto del país ya lo ha hecho, que una vez que sortee todos los obstáculos conseguir el dinero para venir a Formosa, esperar que el turno no se demore más de lo previsto, y encima tener que concurrir a la UPAC a pedir la prórroga del horario, en todo caso no podría el Juez ordenar la extensión en este caso concreto?, obvio quizás por eso se negó a realizar la audiencia prevista por ley, no quiso escucharla porque no tiene argumentos legales para sostener el capricho del estado.-

Respecto a GLADYS MOLINA, el juez de una manera realmente irresponsable y apartado de la ley, sostiene que  los datos aportados son incompletos, y que la misma podría hacer su tratamiento en el hospital público de Clorinda.-

Vuelve el Juez a apartarse de la ley. El art. 10 de la ley 23098, sostiene: “El juez no podrá rechazar la denuncia por defectos formales, proveyendo de inmediato las medidas necesarias para su subsanación”.

Más allá de que todo es nulo por omitir la convocatoria a la audiencia queremos ahondar en las irregularidades de S.S. L Juez de Instrucción.

Llamativamente el Juez omite hacer referencia la caso del Sr. Isabelino Vielma, otro motivo para también considerarnos agraviados por no argumentar respecto al mismo su rechazo a la medida de protección intentada.

Es deber de la justicia poner freno a los avances de disposiciones administrativas o leyes que vulneren y violenten las garantías constitucionales que gozan todos los habitantes de la nación. LA JUSTICIA ES LA GARANTIA MAXIMA DE UN CIUDADANO PARA HACER VALER SUS DERECHOS.

En el reciente fallo de la Corte Suprema exhorta al gobierno de la Provincia de Formosa, sobre la necesidad de llevar a cabo un control de prevención y propagación del virus COVID 19 en el marco de la pandemia con arreglo a los standares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos, así también acerca del deber impostergable que pesa sobre los tribunales de justicia de todo el país en el marco de sus respectivas competencias, de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido vulnerados.-

Cuesta entender y sostener a un magistrado que sin estar en las prioridades para ser vacunado, se adelanta en la fila, en un claro incumplimiento a sus deberes de funcionario público, quitando quizás esa vacuna a un adulto mayor, o quizás a un personal de salud, ya que en Formosa de los médicos privados tan solo se ha vacunado al 15%, pero esos privilegios después se reflejan en fallos que solo buscan convalidar la mayor pérdida de derechos de los formoseños como se ha visto en estos últimos meses, apartándose flagrantemente de la ley.-

Por lo que solicitaron a la Cámara un fallo que ponga fin al bloqueo de Clorinda, un fallo que garantice la libertad ambulatoria de las personas, siempre con protocolos pero en libertad, valor o derecho que no puede restringirse conforme lo ha sostenido la misma Comisión Internacional de Derechos Humanos, sostuvieron las doctoras Ana Gabriela Neme y Ana Ines Bernal.

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