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Cristina marcó la cancha y todo terminó con cacerolas

Hace tiempo que las comparaciones entre Alberto Fernández y Héctor Cámpora dejaron de tener validez. El presidente que llegó al gobierno pero siempre respetó a Perón en el poder duró 49 días. Otro tiempo. Otra circunstancia. Y un final violento. El Presidente al que Cristina eligió como candidato ya superó los 140 días de gestión y lleva un mes y medio gobernando un país bajo la bandera global del coronavirus. Este desafío excepcional le permitió tomar medidas extremas y una buena parte de la sociedad lo acompaña más allá de sus simpatías políticas. Pero jamás crujió como esta semana el experimento peronista de coalición.

La ofensiva exitosa del kirchnerismo para facilitar la liberación de presos y el reemplazo de la dirigente camporista, Fernanda Raverta por Alejandro Alejandro Vanoli en la Anses, se convirtieron en el primer ajuste de cuentas consistente entre Alberto y Cristina para dirimir el perfil verdadero del Frente de Todos. El Presidente está pagando un costo político altísimo por la algarada abolicionista de funcionarios y jueces K. Y la Vicepresidenta se quedó con el control absoluto de una caja de más de dos billones de pesos anuales. Cerca del 38% de todo el presupuesto nacional. La ecuación peronista es muy fácil de resolver: esta semana ganó Cristina.

Ese fue el resultado que anotaron muchos gobernadores e intendentes que siguen con atención la partida de ajedrez que se disputa entre las dos figuras rutilantes del Gobierno. “Cristina aprovechó para marcar la cancha”, es lo que dicen. Las encuestas registraron el comienzo sensato del Presidente en las primeras semanas de la pandemia. La aceptación y la centralidad del Comité de Emergencia de Salud sumaban cada día un poco más. Pero la demora de las soluciones económicas y la presión tan argentina del dólar empezaban a complicar las cosas. En eso estaban cuando estalló el escándalo inesperado en torno a los presos.

Son jornadas de discusión dentro del peronismo. Algunas más sutiles y otras marcadas a fuego. Desde que los presos presionaron públicamente al Gobierno al tomar la cárcel de Devoto hace una semana, dirigentes como Sergio Massa y hasta el sinuoso Sergio Berni salieron a marcar diferencias con el impulso para liberar detenidos. El presidente de la Cámara de Diputados, quien participó activamente de la Ley de Víctimas sancionada en 2017, planteó de entrada que los jueces que liberaran presos iban a ir a juicio político.

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Berni incluso aprovechó para enfrentarse al ex juez Eugenio Zaffaroni, padre intelectual de muchos de los abolicionistas. “Si fuera por mí, no sale ninguno”, provocó el médico militar que ahora es ministro de Seguridad bonaerense. El campo de batalla estaba marcado para quien quisiera participar. No se escucharon críticas sonoras desde el kirchnerismo para Massa ni tampoco frases destempladas de los ministros de Axel Kicillof hacia Berni. Y al Presidente le toca una vez más el papel de equilibrista que día a día se torna más difícil.

Con la situación de los presos comunes, Alberto intentó una estrategia parecida a la que había ensayado con los presos por corrupción. Públicamente siempre dijo que no impulsaba el indulto para nadie pero que no era partidario de las prisiones preventivas. La Justicia captó el mensaje y rápidamente volvieron a sus casas Julio De Vido, Amado Boudou y algunos otros menos conocidos. El kirchnerismo los llamó “presos políticos” y celebró políticamente el beneficio de sus liberaciones. Con la crisis económica en plena evolución y la sorpresa de la pandemia, la sociedad asimiló la noticia y la pasó al olvido detrás de las nuevas urgencias.

Aquel germen de los presos políticos sirvió para que el kirchnerismo viera en la pandemia la posibilidad de aprovechar la somnolencia social para beneficiar también a muchos presos comunes. La primera señal la dio el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien pidió la libertad del condenado por corrupción Ricardo Jaime sin avisarle ni al Presidente ni a su jefa directa, la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Allí sigue, tranquilo en su cargo. Aunque las crónicas secretas hablen de enojos, retos y promesas de portarse bien en el futuro imperfecto. Enseguida aparecieron las presiones de la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense más la de funcionarios y jueces de la provincia para inundar de hábeas corpus la Justicia y forzar la salida de los presos aprovechando la amenaza real del coronavirus.

Así empezaron a parecer casos de asesinos, femicidas y violadores con chances contundentes de volver a sus casas y, en algunos casos, de ir a vivir muy cerca e incluso al mismo lugar donde están sus víctimas. Las declaraciones contra esa posibilidad empezaron en el planeta inhóspito de las redes sociales pero después permearon a las celebridades del pensamiento y a las del show bussiness. “No liberen monstruos”, tuiteó la actriz Eugenia “La China” Suárez, con tres millones ochocientos mil seguidores en sus cuentas.

“Una cosa es pelearte por las redes con Bolsonaro pero cuando te empieza a putear `La China´ Suárez es que algo se salió de control”, explicaba en medio del fragor del debate por los presos un ministro que advertía sobre el peligro de lo que se estaba generando. La discusión se instaló entre la propia dirigencia del peronismo e incluso entre la militancia feminista, mayoritariamente alineada con la gestión actual pero preocupada por los violadores y femicidas que se apuntaron el pedido para acceder al beneficio en oferta de la prisión domiciliaria.

La realidad compleja de la provincia de Buenos Aires indica que en 2015 había unos 33.000 presos que se convirtieron en 45.000 bajo la gestión de María Eugenia Vidal. Como es cierto también que muchos de esos presos viven en situación de hacinamiento. Pero la mejor solución que encontró un sector del peronismo para resolver el problema fue el de vaciar las cárceles aprovechando la emergencia sanitaria de la pandemia. El Presidente habló el miércoles y la ministra Losardo lo hizo un día después intentando transmitir el mensaje de que no iban a favorecer la salida masiva de presos y mucho menos de femicidas. Y apelaron a un recurso discursivo que se ha vuelto inútil de tanto repetirlo: trasladaron parte de la culpa a la Justicia y otra parte a una supuesta campaña de los medios de comunicación. Canciones viejas que ya no seducen.

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Esa desorientación del Gobierno es lo que agigantó la sorpresa cuando, en la noche del jueves, tronaron las cacerolas. Pasó en los barrios del norte de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, pero también en los del sur y en las barriadas populares del conurbano profundo. Y hasta hubo lugares donde la Policía hizo sonar las sirenas de los patrulleros. El origen de ese sonido, impulsado por el miedo a la inseguridad, se había escuchado en 2004 tras el asesinato de Axel Blumberg, y se escucha cada vez que un robo o un femicidio termina con la muerte de inocentes en algún rincón de los centros urbanos argentinos.

La inseguridad, como el deterioro económico, no tienen preferencia social. La historia argentina está colmada de víctimas de una o de otra pesadilla. Resulta extraño que, a esta altura, los políticos argentinos lo hayan olvidado.

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