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Dos Karinas para una injusticia: ABUSO DE PODER Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

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El reconocido abogado defensor de DD.HH Pedro Velazquez Ibarra denunció abuso de poder y violencia institucional de género, en sendas causas tramitadas por la jueza Karina Kalafattich en el Tribunal de Familia y la jueza de Instrucción Karina Paz en el fuero penal, teniendo como víctima a una mujer madre de dos hijos pequeños, de los cuales fue despojada ilícitamente por el padre con apoyo judicial de ambas magistradas mediante  decisiones adoptadas  en estado de total indefensión de la progenitora  a quien prohibieron todo contacto con los niños de 2 y  5 años desde hace más de un año en impúdica  y torpe violación de la Ley Nacional  de Salud Mental, cuya normas fueron suplantadas por la “terapia de patrulleros de la policía, ambulancias e internaciones compulsivas”, atentando  contra la dignidad de toda persona humana, sostiene el Dr. Velázquez Ibarra en sus graves cargos contra las dos juezas.-

EL CASO

En el mes de mayo del año anterior la madre de los menores decide dejar la vivienda que compartía con el padre, en  consideración a las graves y a veces violentas  desavenencias en la pareja, razones por las cuales se trasladó con sus hijos al domicilio de su madre, temiendo  que el maltrato verbal y las amenazas de las que era víctima desembocaran  en situaciones más trágicas aún.

A los pocos días, el padre se apropia del varón aprovechando que el mismo se encontraba  jugando en la vereda de la casa de su abuela materna. A su vez la nena de  dos años le es arrebatada a la madre mediante un ardid  en el Hospital Central, mientras se realizaba un examen psiquiátrico ordenado por la jueza Kalafattich, al cual fue conducida la victima por la policía desde el jardín de infante de los menores, sometida a un trato ultrajante.

Debido a estas circunstancias, la madre  quedo profundamente alterada emocional y mentalmente, iniciando un periplo de denuncias policiales, judiciales y ante los organismo  administrativos creados  por el gobierno, supuestamente destinados a  proteger a las mujeres contra toda violencia, comenzando por  la Secretaria de la Mujer, siguiendo por instituciones  religiosas, referentes de entidades defensoras de DD.HH y ante  el propio Tribunal de Familia donde  le indicaron contar una vez más sus padecimientos en la Defensoría de Menores, al concluir el cual recibió el comentario   de que su caso era “similar al de Barbie Velez y Fede Bal”, siendo aconsejada de que le convendría “dejar pasar todo” y reconciliarse con su marido. Evidentemente el funcionario judicial estaba muy informado  de los chimentos de la farándula, pero sin idea sobre el derecho.

El único  funcionario que mostró un atisbo de interés por atender el reclamo de la  mujer víctima de abuso de poder y violencia de género, fue el  Dr. Dante Navarrete quien efectuó una denuncia contra el padre de los  menores ante el Juez de Instrucción penal Gustavo Schaeffer, cuyos antecedentes no permiten asegurar cordura  en su tarea de impartir justicia, a lo cual cabe agregar su conocida vinculación institucional  con la jueza Dra.  Paz. Obviamente nada hizo y tampoco el encargado de la  Unidad de Asistencia a la Victima insto el trámite del proceso.

En resumen, nunca la madre  contó con asistencia técnica para hacer valer sus argumentos  en las causas judiciales, mientras que en los restantes organismos, incluido policía y centros de salud, la respuesta siempre fue la misma: la Dra. Kalafattich dio orden  que no se le atienda ningún reclamo.

Finalmente, y sin pretender abarcar todas las vicisitudes por la que atraviesa la pobre mujer, el día 1º del corriente  mes, se constituyó nuevamente un patrullero policial en el domicilio  donde reside con su madre, y munido de  una orden de la jueza penal Karina Paz irrumpen en la vivienda donde la víctima se encontraba ,y  sin contar  con orden de allanamiento, la sacan por la fuerza de su cama, donde se encontraba con una descompostura generalizada , nauseas, fiebre y agudo dolor de cabeza, para subirla a un patrullero y conducirla al, Centro  Médico Forense del Poder Judicial, al cual llegó con  profunda alteración emocional y mental, lógicamente. El exámen no pudo hacerse.

PROTECCION DE SALUD MENTAL

“La Ley nacional de Salud Mental Nº 26.657 establece en su primer artículo  derechos y garantías que tienen por objeto  la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos  humanos de aquellos con padecimientos mental, por el motivo que fuera. Y la norma  fija el marco jurídico- ideológico fijado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidad, consagrada en la ley nacional 26.378”- recordó el doctor Velazquez Ibarra, al criticar la  “terapia” a que es sometida la mujer víctima de abuso de poder y violencia de género, ignorándose los nuevos paradigmas en la materia para continuar las jueza Kalafattich y Paz con la estigmatización al ejercicio de sus derechos, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la joven madre, vedándole  el acceso a la justicia en el marco del debido proceso y pleno respeto al derecho constitucional de defensa, con una discriminación intolerable.

A propósito, el destacado profesional del derecho recordó también que para el Gral Videla, y parte de la sociedad, las Madres de Plaza de Mayo eran “locas” por reclamar por sus hijos, y por muerte hasta hoy, después de cuarenta años, no recuperaron su “salud mental” y continúan reclamando. Por suerte a ningún juez de la más  sanguinaria dictadura cívico-militar no se les ocurrió aplicar la “terapia” que aun hoy se continúa aplicando en Formosa, concluyó categóricamente el Dr. Velazquez Ibarra.-

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