DestacadasOpinión

El Congreso no puede ser una guarida para delincuentes

 3,726 total views,  4 views today

Opinión Silvina Martínez. Mucho se ha hablado sobre los fueros. Estas inmunidades no constituyen fueros personales, ni privilegios —que la Constitución prohíbe expresamente—, sino que la finalidad es la de proteger al legislador en su función, es decir, en el ejercicio de sus actividades, garantizando así la libertad de expresarse y de que no se cercene tal libertad con la amenaza del arresto.

Ahora bien, a pesar de las reglas contenidas en la Constitución Nacional, se creó un régimen especial destinado a establecer el procedimiento que debe seguirse cuando pesa alguna acusación penal contra un representante del pueblo, que es claramente inconstitucional, como desarrollaremos a continuación.

El 8 de septiembre del año 2000 se sancionó la ley 25320, que aprueba el llamado “nuevo régimen de inmunidades para legisladores y magistrados”. La ley 25320 establece un sistema de verdaderos privilegios que no son más que una irritante lesión al principio de igualdad, pues es injusto que a quien tuvo la suerte de obtener una banca legislativa se le otorguen poderes que generan una situación de privilegio, ya que la ley les da la posibilidad para que sean utilizados irrazonablemente, con fines distintos a los que tuvo en miras el constituyente.

Esta normativa exige que el juez pida autorización a la respectiva Cámara para allanar un domicilio de un legislador. Así lo requirió recientemente el juez Bonadio para allanar el departamento de Cristina Kirchner. Ahora dependemos de la ingenuidad de la senadora, quien, luego de autorizarse el allanamiento del domicilio, mantenga elementos comprometedores en relación con el hecho que se investiga.

A todo ello, debemos adicionar que la Cámara podría también negarle al juez que haga tales diligencias, resguardando las espaldas del legislador sospechado. La incongruencia de la norma con la Constitución Nacional es clara, violando el texto que se pretende reglamentar y creando un privilegio personal para los miembros del Congreso que vulnera abiertamente el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Debe quedar en claro que las inmunidades parlamentarias no son escudo constitucional para alentar la impunidad, sino herramientas para salvaguardar el ejercicio de las funciones que la Constitución acuerda a nuestros representantes.

El Congreso de la Nación no es una guarida para quien haya delinquido. La protección constitucional que tienen los legisladores de ninguna manera los hace impunes. Lo que está en discusión es si todos los presuntos delincuentes deben responder ante la Justicia o hay algunos que, por tener “chapa” de senadores o diputados, tienen un seguro. Un presunto corrupto no puede eximirse de toda responsabilidad por el hecho de estar sentado en una banca.

La genuina lucha contra la corrupción exige auditar todo el sistema legislativo, para identificar y eliminar todos los obstáculos para perseguir a quienes incurren en actos de corrupción. Y exige también zurcir los agujeros legales por los cuales se van todos los principios jurídicos y morales que debemos preservar.

Comments

comments

Comenta aquí