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El GildoKirchnerista exjuez federal de Formosa redobló su apuesta para frenar la conformación del Consejo de la Magistratura anulando un fallo de la Corte Suprema de Justicia

El ex juez federal de Formosa, Daniel Alonso, ahora en plena Pascuas desde Paraná aferrado a la doctrina feudal «Arroquigaray» con la cuál en 1999 un juez ordinario de primera instancia ordenó detener al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa Carlos Gerardo González, para facilitar la inconstitucional reelección indefinida del gobernador Gildo Insfran, en esta oportunidad con similar arbitrariedad y para favorecer las pretensiones de impunidad de Cristina Kirchner, volvió a desafiar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación e intenta prohibir al Congreso de la Nación envié 2 representantes, para trabar la conformación del Consejo de la Magistratura que tanto preocupa a Cristina Fernández de Kirchner.

En pleno domingo de Pascuas en sintonía con las pretensiones del Kirchnerismo y del Gobierno, y por iniciativa del diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, reabrió su juzgado para rechazar la apelación que realizó el fiscal contra su decisión de prohibir al Congreso que envíe a sus dos representantes al Consejo de la Magistratura, . De esa forma, a partir de un pedido del peronismo, el juez pretende bloquear una decisión de la Corte Suprema para normalizar el organismo, que se encarga de nombrar y remover magistrados.

Si el juez hubiera concedido la apelación, podría esta suspender su medida precautelar, pero al negarla, obliga al fiscal a ir con un recurso de queja a una instancia superior. De esa forma, el juez mantuvo en vigor el bloqueo a la decisión de la Corte.

El juez Alonso, formado en disciplinamiento y obediencia debida a poder político en Formosa, tiene vínculos y claras afinidades con el kirchnerismo. Fue candidato de la lista Celeste -afín al oficialismo- en la elección de jueces (fue tercero en la lista) para el Consejo de la Magistratura en 2014, que encabezaba Alberto Lugones, a quien Cristina quiere nombrar presidente del Consejo porque merece su confianza.

Sin embargo hay otro dato que siembra más sospechas. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner mandó el pliego de Alonso al Senado para que sea nombrado vocal de la Cámara de Apelaciones federal de Rosario. Hace un año y medio que Alonso tiene su pliego en el Senado a la espera que la vicepresidenta lo haga aprobar, para así convertirse en camarista. Pero eso no ocurre.

En paralelo, profesionales de la abogacía denunciaron al juez Alonso ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño para que prospere su juicio político. Dijeron que la decisión tomada por el magistrado, provoca la ”la paralización de tareas fundamentales del Poder Judicial y del propio Consejo, y la afectación del principio de Soberanía del Pueblo. Todo ello, con grave daño hacia las instituciones de la República y a la Constitución Nacional”.

“La decisión del magistrado carece de fundamentación razonada que refleje un análisis del asunto ni la procedencia o improcedencia de la pretensión, y viola la garantía de la tutela judicial efectiva”, entendieron los denunciantes. «La decisión del juez es arbitraria y no tiene fundamentos. “Tal atropello, provocó una grave afectación a la democracia viva en nuestras instituciones, a la seguridad jurídica y al funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, remarcaron.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tiene previsto asumir este lunes la presidencia del Consejo de la Magistratura, como cabeza de un organismo de 20 miembros, luego de que el Gobierno fracasó en su intento de aprobar una ley que devuelva el equilibro interno al organismo,

Este conflicto se inició cuando a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura con la actual integración de 13 miembros, dispuesta por Cristina Kirchner cuando era senadora.

Entendió la Corte que la reforma de Cristina Kirchner provocó su desequilibrio en favor de la política (diputados y senadores) y en desmedro de los jueces, académicos y abogados, los cuatro estamentos que integran el Consejo. Por eso la Corte dio un plazo que se venció la medianoche del viernes, para que el Congreso dicte una nueva ley o que se regrese a la integración original de 1999 de 20 miembros, con más jueces, abogados y académicos y menos legisladores. Y presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

Fueron elegidas dos consejeras abogadas (Jimena de la Torre, apoyada por Juntos por el Cambio, y María Fernanda Vázquez, con el apoyo del oficialismo), una consejera jueza (Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno) pero el Congreso no envió a sus dos consejeros políticos (el amparo del juez Alonso se lo prohibió) y resta elegir mañana al consejero académico que complete el número.

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