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El sobrino de Jorge González y la hija de Gildo Insfran impulsan proyecto de Ley para avalar los abusos y las violaciones a lo DDHH del Gobierno y la mesa del COVID, y de paso delimitar las jurisdicciones judiciales

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Insólito!!!, a través de un mamarracho jurídico que pretenden convertir en Ley a través de la mayoría automática del bloque del PJ, el sobrino del Ministro Jorge Abel González, el diputado provincial Rodrigo Vera, la hija del gobernador Gildo Insfran, la diputada Yanina Insfrán, con el acompañamiento del diputado Agustín Samaniego, presentaron una aberración jurídica que pretenden convertir en Ley, para respaldar “¿una estrategia?” presente y futura de El Modelo Formoseño, que esta denunciada por ser groseramente violatoria de los Derechos Humanos y suficientemente condenada por la Justicia Federal, por la Cámara de apelaciones, por Amnistía Internacional y por todos los organismos de derechos Humanos.

Pretenden con una Ley provincial delimitar la competencia de la Justicia Federal

El Gobierno provincial y los hijos del poder, pretenden además con una Ley provincial delimitar la competencia de la Justicia Federal en materia de la cuestionadísima estrategia sanitaria aplicada por la provincia y su comando de emergencia liderada por tres abogados y sin Ministro de Salud respecto del coronavirus.

Pretenden respaldar lo actuado y por actuar, abarcando a los decretos del Poder Ejecutivo Provincial y a las resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 dictados y a dictarse en el ejercicio de sus respectivas competencias y en el marco de la emergencia publica en materia sanitaria vigente en todo el territorio nacional.

Desencajados por los más de 600 Hábeas Corpus otorgados por violar la libertad ambulatoria de los formoseños varados por parte de la justicia federal, por los pedidos de informes de la Corte Suprema,  de Amnistía Internacional y su moción de censura frente a la violación de los derechos humanos del gobierno de Insfrán, el Gildato ha encarado una batalla absurda contra el único Juez que se animó a contradecirlos y defender los derechos y las garantías de los formoseños, y en lugar de resolver el problema de más de 7500 formoseños varados, salió a confrontar, discriminar y castigar a los comprovincianos amparados por la justicia.

Primero fue la obsecuente y ridícula resolución declarativa del Superior Tribunal de Justicia reconociendo la competencia para elaborar políticas sanitarias del gobierno provincial, luego intimando a la justicia federal a no resolver sobre cuestiones propias del gobierno haciendo reserva de acudir a la Corte Suprema. Después el pedido de juicio político al juez federal subrogante, Fernando Carbajal, por parte del diputado Ramiro Fernández Patri y los diputados de Formosa en el Congreso de la Nación.

En ese escenario, el presidente nato de la Legislatura provincial, vicegobernador, Eber Solís, citó a la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales para tratar un proyecto de Ley que otorga jerarquía “legal” a la estrategia sanitaria de la provincia.

Y la división de poderes?, una Ley provincial puede delimitar la competencia de la Justicia Federal?

Es serio que la Legislatura respalde la estrategia sanitaria futura de un gobierno que ni siquiera tiene Ministro de Salud y que la Emergencia la comandan tres abogados, que quieren frenar el virus con la policía?

Por un lado el Superior Tribunal resuelve sobre la competencia de políticas sanitarias de la provincia y ahora la Legislatura provincial pretende crear una ley sobre la misma competencia ante lo que consideran una intromisión de la justicia federal en este campo.

Ninguno de los dos poderes aldeanos tienen injerencia sobre supremas leyes nacionales y mucho menos sobre la Constitución Nacional o los derechos humanos, aunque se quiera desviar el fondo de la cuestión con pronunciamientos hechos por encargo del Poder Ejecutivo“, condenó el Diario El Comercial.

Pero este enfrentamiento sesgado en realidad no pasa por las competencias para definir políticas sanitarias en la provincia sino pasa la lisa y llana violación de los derechos humanos de personas que están abandonadas por el estado a la vera de la ruta.

Pasa también por la violación del derecho constitucional a la libre circulación y pasa por la negligencia de no haber realizado ni considerado a futuro, el acondicionamiento de suficientes centros de cuarentena para recibir a corto plazo a cuantos formoseños quieran volver a la provincia y realizar la cuarentena.

Pasa por la falta de respuestas, por la ausencia de plazos definidos para el ingreso a la provincia y por el manejo discrecional, caprichoso y oscuro de un ingreso administrado que nadie sabe cómo funciona o en qué orden va.

Algo es seguro, no va en orden numérico ni se publican listados estimados de ingreso y muchas de las personas que han solicitado ingreso hace más de cinco meses podrían estar ingresando a la provincia recién el año que viene para el mes de abril, estimaron.

En una muestra del absurdo, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo no discuten como resolver la crisis humanitaria causada por el ingreso administrado, sino por congraciarse con los caprichos seniles y escleróticos de Gildo Insfran, que ahora descabelladamente intentan inventar sustento legal legislando sobre potestades de políticas sanitarias que son de interés general y afectan derechos constitucionales, sin considerar las personas abandonadas o las groseras falencias y manipulaciones del ridículo, tenebrosos y discrecional sistema de ingreso administrado a la provincia.

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