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“Holocausto de Villa Jardín”: Niños calcinados en la Comisaria del Menor. Brutalidad Policial, Complicidad Política y Judicial

El 16 de octubre del año 1989, pierden la vida calcinados a 500º de temperatura 8 niños privados de su libertad por el delito de ser pobres, sometidos a tratamiento infrahumano, constituyendo “la mayor y más grave violación a los derechos humanos de la historia argentina en época democrática”, en palabras de Graciela Fernández Meijide, Secretaria de la CONADEP y por entonces Presidenta de la APDH nacional.

Tragedia conocida como el “Holocausto de Villa Jardín”, en cuya producción y posterior impunidad de todos y cada  uno de los funcionarios del gobierno responsables, cumplieron roles centrales Tievas como Jefe de los Fiscales, y Coll como Presidente  del STJ, ya que el largo calvario de vejámenes padecidos por los niños de la calle (“tiernas y silenciosas víctimas de la injusticia social, del abandono y de los abusos del  poder”, según lo  denunciara el sacerdote  Delis Luque).

El Padre Luque era conocido por todos los integrantes del máximo órgano jurisdiccional por reiterados informes del Juez de Menores Héctor Gallardo (ver diario “La Mañana”, pág. 8, edición del 28/10/1989), conforme lo  reconociera públicamente  el todavía Ministro  del STJ (ver diario “La Mañana”, pág. 17, edición del 31/10/89), aclarando  que así como los recibía se limitaba a remitirlos al  PEP a través del Ministro de Gobierno, sin adoptar medida alguna que hubiera evitado la inmolación y a lo cual estaban institucionalmente obligados.

Por el contrario, participaron de la estrategia política- judicial-legislativa fijada por el entonces gobernador Vicente Joga (el creador de la Comisaria de Menor) con los más conspicuos representantes de los tres poderes, inmediatamente después de ocurridos los hechos.

Así se decidió enviar a los cuatro niños quemados sobrevivientes al Paraguay para evitar todo contacto con la prensa, especialmente la nacional, que hubiera potenciado la conmoción ilimitadamente.

En el ámbito judicial los fiscales de “Tievita” inician una causa penal simplemente por “presuntas vejaciones” y así llega la causa a juicio, pese a mis reiterados pedidos, en calidad de parte querellante, de que se cambie la carátula con inclusión del  delito de estrago agravado con ocho muertes (coincidente con la tipificación de la Tragedia de Once, por ejemplo), responsabilizando a las autoridades del poder político, motivo por el cual deciden directamente suprimir del Código de Procedimiento Penal la figura del querellante particular, impidiendo  la intervención de las víctimas en el proceso.

Y, tras cartón dictan el sobreseimiento definitivo del Comisario, cortando de raíz toda posibilidad de procesar a los integrantes del PEP (ver diario “La Mañana”, pág. 16, edición del 15/10/91).

Numerosas entidades, especialmente las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, religiosas y estudiantiles, repudiaron la impunidad y reclamaron la intervención directa del por entonces Procurador General del STJ Héctor Tievas (ver portada y pág. 49 del diario “La Mañana”, con título catástrofe, edición del día 4/10/1992 y del diario “El Comercial” en su tapa y pág. 5 de la edición de la misma fecha).

Todo fue en vano, “Tievita” se mantuvo impertérrito, aplicando con coherencia la “Ley del Ñembo”. Siguieron irregularidades delictuales en la tramitación de la causa al punto tal de que el Presidente del Tribunal del Juicio fue el Dr. Carlos Ontiveros, quien  había intervenido en la etapa de instrucción en calidad de defensor de la Directora de Minoridad, entre otros funcionarios, razón por la cual estaba inhabilitado para juzgar.

“Jueces del anochecer polizontes del horror”

Los fiscales de “Tievita” nada cuestionaron y así fueron condenados a penas irrisorias cuatro simples agentes de policía, ninguno de los cuales las cumplió efectivamente.

Tamaña perversidad en el obrar para garantizar impunidad solamente es posible en liliputienses mentales y morales, que no recibieron el “soplo divino” insuflado por Dios para dar el salto cualitativo en la especie dejando de ser animales, de acuerdo al sacerdote y filósofo jesuita Thellar de Charden. “Jueces del anochecer polizontes del horror”, dice una estrofa de la canción que Fito Páez dedicó a Walter Bulacio de 17 años de edad, víctima de la brutalidad policial, con complicidad política y judicial, a la salida de un recital de los Redonditos de Ricota en el año 1991, en cuya causa la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), órgano máximo de la Justicia Argentina, dictó sentencia condenando al Estado con durísima critica al Poder Judicial, declarando la imprescriptibilidad de los delitos por violaciones a los Derechos Humanos cometidos “desde el  Estado”, equiparándolas a las cometidas “por el Estado” (delitos de  lesa humanidad). Posteriormente  nuestra Corte Suprema adoptó el mismo criterio para evitar la impunidad de los crímenes cometidos por la Triple A (caso “Yessi, Julio”).

Es decir que la causa de la Comisaria del Menor puede y debe ser reabierta. Nuestros niños formoseños en situación de calle, entre los cuales se encontraba el indiecito Dañacon de apenas 10 años de edad, no tienen una canción que los recuerde, pero en total orfandad, abandonados a su suerte, en estado de inanición, abusados en cuerpo y alma, decidieron  luchar por su libertad hasta perder la vida, dando un monumental ejemplo de dignidad a sus verdugos, a sus cómplices y encubridores de semejante crimen, domesticados todos para la obsecuencia, la claudicación y el sometimiento al poder. La impunidad perpetua el crimen, y según el Papa Juan Pablo II “sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz”.

PEDRO VELAZQUEZ IBARRA –Abogado

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