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“Impulsan una Amnistía General por causas abiertas en razón de las normas o disposiciones sanitarias”

La totalidad de los diputados provinciales del bloque “Juntos por el Cambio-Frente Amplio Formoseño” presentaron un extenso proyecto de ley ante la Legislatura Provincial por la que propician conceder una amnistía general a favor de todas las personas con causas penales por supuesto quebrantamiento de normas sanitarias durante la pandemia.

“La amnistía que se propone es amplia y prácticamente engloba a todos los casos salvo aquellas en las que el imputado de la comisión del hecho resulte ser un funcionario público federal, provincial o municipal..»

Los legisladores propician una amnistía general a favor de todas las personas con causas penales, de faltas y/o administrativas en trámite en su contra, cualquiera fuese su estado de tramitación y sin que mediare condena, por supuesto quebrantamiento de normas sanitarias, previo informe de los organismos pertinentes.

Según el diputado Juan Carlos Amarilla, uno de los impulsores de la Iniciativa, “la amnistía que se propone es amplia y prácticamente engloba a todos los casos salvo aquellas en las que el imputado de la comisión del hecho resulte ser un funcionario público federal, provincial o municipal o en las que el hecho imputado consista en persona o grupo de personas, declaradas con resultado positivo a COVID 19, quienes a sabiendas de dicha circunstancia trasgredieron las normas sanitarias”.

«Muchas de las medidas sanitarias so pretexto de protegernos implicaron  una gravísima restricción de derechos constitucionales de los formoseños»

El Diputado Provincial y presidente del bloque Dr. Ricardo Carabajal indicó que muchas de las medidas sanitarias so pretexto de protegernos implicaron  una gravísima restricción de derechos constitucionales-tales como el transitar; entrar y salir del país en general y de esta provincia en particular; de trabajar; de estudiar, entre otros-, derechos también garantizados de forma operativa en todo el Plexo Convencional incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

La diputada Noelia Luna al referirse a tales vulneraciones de derechos esenciales afirmó que “se fue extendiendo en el tiempo a través de sucesivas prórrogas de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico provincial por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, y sólo reconoció contadas excepciones previstas en función de la esencialidad del servicio o trabajo que prestaban determinadas personas”.

El Diputado Provincial Osvaldo Zárate recordó que “en nuestro territorio formoseño se dictó la ley provincial 1697 de dudosa y cuanto menos cuestionable legalidad, que estableció entre otros aspectos el rango de ley de las resoluciones dictadas y a dictarse por parte del Consejo Integral de la Emergencia y en este sentido se halla en trámite su pedido de declaración de inconstitucionalidad en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En la extensa fundamentación del proyecto de ley suscripto además de los nombrados por Enrique Ramírez, Adrián Malgarini, Mirna Molinas y Andrea Tassel, se indica que “terminaron abriéndose más de treinta y cinco mil causas en el orden nacional en general y puntualizamos que en Formosa superan los ocho mil casos abiertos a automovilistas, transeúntes, usuarios de servicios de transporte, personas que se dirigían a su trabajo, familiares de personas enfermas, deportistas, entre otros muchos supuestos que se daban por la multiplicación de verdaderas fronteras interiores y dispersión normativa, que provocaba que lo que en un lugar era considerado un servicio esencial en otro no lo era, además de los excesos derivados de la inversión del principio de libertad personal que consagra el art. 19° de nuestra Carta Magna, lo que dio lugar a tener que tramitar permisos ante las autoridades para ejercer derechos individuales”.

Es insostenible-señala el proyecto- que se siga con la tramitación de causas ante el hecho de que la máxima autoridad del país y órgano emisor de tan severas restricciones fuera uno de los que las transgredió sus propias normativas, las que no sólo se contraponen con el principio de igualdad ante la Ley, sino que además pone en jaque la propia legitimidad que tienen las autoridades públicas para imponerles a los demás el cumplimiento de esas mismas normas”.

Entre los fundamentos también se recuerda que “en el ámbito local no estuvimos exentos de ese tipo de comportamientos ya que todos fuimos testigos de que en la propia Mesa provincial COVID19 no se respetaba el distanciamiento social ni se cumplían protocolos en las conferencias de prensa diaria, adecuando hace escaso tiempo su desenvolvimiento a la normativa que ellos mismos fijaban, incluso en su oportunidad trascendieron fotografías de uno de sus integrantes en una fiesta familiar clandestina, como de otros funcionarios y familiares incluso del propio Gobernador de la Provincia en su ciudad natal, sumado a ello las celebraciones de “El día de la lealtad” (17/10/20) y el lanzamiento de la fórmula de precandidatos a Diputados Nacionales, encabezada por el actual diputado Nacional Ramiro Fernández Patri en el Club San Martin de la ciudad de Formosa Capital”.

Los Diputados indicaron además que “las transgresiones a las restricciones que ellos mismos imponían no han tenido ninguna consecuencia penal, en tanto de manera incongruente existen causas penales contra personas que cometieron la “falta” de circular por la vía pública para ir a su trabajo, abrir sus comercios para poder vivir a visitar un familiar enfermo, o simplemente a tomar aire y ejercitarse o intentar desarrollar su actividad habitual del cual dependía su sustento”.  “En este último caso cabe mencionar que se perdieron miles de puestos de trabajo por el cierre de cientos de comercios”.

Para concluir señalaron que “la medida propuesta permitirá restablecer un sentido de verdadera justicia e igualdad ante la ley y evitará incurrir en la incongruencia de sancionar a los particulares por reglas e imposiciones arbitrarias que las propias autoridades provinciales incumplieron deliberadamente”.

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