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Informe TN: Diputados pidió informe a Sergio López, de porqué actuó mediáticamente como abogado del Gobernador y no como Procurador del Poder Judicial

En nuestro carácter de Diputados Provinciales de Formosa y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo N° 113 segundo párrafo de la Constitución Provincial, nos dirigimos a Usted con el objeto de requerirle un pormenorizado informe sobre las actuaciones llevadas a cabo, en el marco de la investigación judicial sobre las mujeres embarazadas originarias de la etnia Wichí que aparecieron en un informe televisivo emitido por la señal “Todo Noticias” realizado en la localidad de El Potrillo.

Llama la atención porqué no intervino la Fiscalía, y los motivos de la celeridad de las conclusiones y publicidad del caso, como el adelanto -como si fuera vocero del Gobernador- que el mandatario puede accionar contra el medio nacional

Particularmente, le solicitamos que indique con claridad el motivo en el que se fundamenta la disposición por parte del Ministerio Público de una investigación de oficio por parte del Procurador General, y la razón por la cual no intervino una fiscalía de primera instancia tal como hubiera correspondido.

No es menor ni sobreabundante recordar, que en nuestro sistema procesal es la fiscalía la encargada de realizar la investigación de los delitos, y solo en casos particulares y cuando las circunstancias lo ameriten, el Procurador General puede, según el artículo 25 del Reglamento del Ministerio Publico “disponer la asignación especial de ciertas Causas, a uno o varios Fiscales, profesionales o empleados; atendiendo a principios de eficiencia, a los recursos humanos existentes, a la materia y a la política criminal del MINISTERIO PÚBLICO. Igualmente, podrá requerir informaciones sobre diversos casos de interés, realizar sugerencias, impartir directivas o participar con los Fiscales en determinados actos”.

En el caso investigado, se trata de la entrevista de un canal de noticias nacional a un grupo de mujeres embarazadas pertenecientes a la etnia wichi, quienes realizaron denuncias muy graves, no solo ante los medios, sino también ante la justicia federal y organismos internacionales de Derechos Humanos, por violación a sus derechos fundamentales.

El Ministerio Fiscal tiene el deber de investigar y debe otorgar protección a víctimas y testigos. Es por ello, que la investigación realizada por el Procurador General es, cuanto menos, llamativa por su celeridad, y publicidad, tanto de las mujeres embarazadas que participaron en la entrevista televisiva, como del resto de las personas pertenecientes a la etnia wichi.

Conforme se desprenden de los artículos publicados, en medios de circulación provincial, en los que se difunden “sus declaraciones públicas” referidas a los procedimientos efectuados por la Procuración Fiscal y el Fiscal Subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial de Formosa, en el ámbito del Escuadrón Ingeniero Juárez de Gendarmería Nacional el día 12 de marzo del corriente año. En esa locación pública, y en presencia de un número indeterminado de personas de la Comunidad de Juárez, se lleva adelante “la primera etapa de la investigación”, que consistió en la exhibición de las imagines difundidas por el canal 13 de Buenos Aires en el programa “Telenoche Investiga”, siendo punto de partida -aparente- de la investigación.

Los requerimientos que podrían haberse formalizado, apuntados periodísticamente, al médico a cargo del Hospital Ingeniero Juárez “sobre las supuestas o posibles mujeres aborígenes embarazadas” no se traducen en sindicaciones de identidad de persona alguna ni otras circunstancias que hagan presuponer a prima facie -salvo dichos indeterminados- señalamiento identitarios de las más de ochenta personas (80) EMBARAZADAS guarecidas en el monte formoseño, las que habrían sido “vistas” en el material periodístico difundido en el programa porteño.

Igualmente, sorprende que se pudiera haber llegado a determinar en las inmediaciones de Ingeniero Juárez, el lugar en donde supuestamente se habrían tomado las imágenes de la “ranchada” donde se alojarían las mismas a resguardo de las fuerzas del orden.

En el mismo sentido, las prontas conclusiones a las que arribó y difundió, que descartarían la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad, ya que se habría arribado y quedado en evidencia “la pretendida distorsión de los hechos que se quería presentar”, si bien se señala indeterminadamente a mujeres de más de 50 años -las que no podrían haber quedado embarazadas-, se asevera sin lugar a dudas que “todo habría sido un montaje, que había sido armado, incluso el ofrecimiento a cada participante de la nota televisiva de CINCO MIL PESOS ($5.000)”.

Como corolario -incluso ha sugerido a los medios de comunicación provincial-, que el Gobierno de la Provincia de Formosa podría accionar por daños y perjuicios a la señal televisiva por el informe emitido, resultan como mínimo alarmantes, asimilándose el rol del Procurador, al de un abogado “privado” defensor de los derechos del Gobierno de la Provincia.

Es por los motivos expuestos, que resulta urgente y necesario que se brinden las explicaciones pertinentes y se responda a la solicitud de informes presentada, para dar respuestas concretas a la ciudadanía a través de la Legislatura Provincial.

Sin otro particular, saludamos a Usted atte

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