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Julieta González condenó escrache policial y aseguró que «todo ciudadano tiene derecho a filmar los abusos policiales»

La periodista de Radio Parque doctora Julieta González, quien recientemente fuera escrachada públicamente por la policía provincial por registrar gráficamente la manera soberbia, violenta y altanera con que una oficial de policía intentó impedir que los abogados Marcela Canesín y Juan Manuel Arce pudieran en la comisaria cuarta acceder al número de un expediente sobre una denuncia de violencia de género, desaparición de un menor y amenaza de muerte.

Se trataba de un caso de extrema gravedad y urgencia, en la que está en juego la vida de una menor que hace más de una semana que está desaparecida, luego que junto con su madre fueran expulsadas de su hogar por un hombre violento y terminaran en condiciones de extrema precariedad, ambas refugiándose en el asentamiento San Juan I, desde donde su progenitor vino a arrancársela con mentiras de la manos de su madre, para luego desaparecerla amenazando con matarla a ella y a la menor si lo denunciaba, contó Julieta González quién junto al equipo jurídico de Libres estuvo en el asentamiento recibiendo la denuncia de la madre.

Por eso, atento la gravedad y urgencia del caso, junto al concejal Daniel Caballero acompañamos a Marcela Canesín y Juan Manuel Arce a ver el expediente, pero se encontraron con trabas y pretextos burocráticos que, a pesar de gravedad del caso,  intentaban impedir el libre ejercicio de la abogacía, hasta que de repente aparece en escena una agente gritando totalmente descontrolada e histérica “yo soy la autoridad” y luego de agredir a los abogados, me encara de manera totalmente violenta intentando impedir que registre el abuso policial, abundó Julieta González.

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En primer lugar: ella no es la autoridad absoluta, es una empleada pública que tendría que respetar el desempeño de los abogados que son auxiliares de la justicia, son un engranaje fundamental del sistema judicial, y deberían ser los primeros guardianes de la libertad y de la vigencia de los derechos constitucionales de los ciudadanos, explicó.

En segundo lugar: la gravedad del caso, la desaparición de un menor y la amenaza de muerte debería como servidora pública imponerle la responsabilidad institucional de priorizar la búsqueda de la resolución del conflicto, en lugar de actuar como una colifa o una talibán del califato de Gildo Insfran, reprochó.

En tercer lugar: el accionar de policías que son funcionarios públicos, son actos públicos de gobierno, que debe ser transparente y puede ser controlado para ver que cumplan con su deber, siempre y cuando no interfieran con su trabajo, aclaró.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de filmar el mal desempeño de los funcionarios públicos

Lo cierto es que todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional de registrar fotográficamente el mal desempeño de los funcionarios públicos, más aún en una provincia como esta degradada institucionalmente y con un Poder Judicial adicto al poder político. Y con más razón frente a los abusos, las arbitrariedades, la violencia institucional y el virtual estado policial de los cuales hay sobrados antecedentes, aseguró categóricamente la letrada de Libres.

Debemos recordar que existen garantías constitucionales que protegen a todas las personas ante la violencia institucional y ante el ejercicio abusivo de la función policial, cuyo deber es respetar y proteger, no perseguir selectiva o políticamente a ciertos grupos, dijo.

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Existe un derecho constitucional a filmar toda actuación policial. Filmar es un derecho a controlar ciudadanamente el desempeño de un funcionario público. Sacar una fotografía y/o filmar son derechos propios de la libertad de expresión que reconocen y protegen la Constitución y los tratados de derechos humanos, indicó.

La Policía no puede sacar, tapar o censurar los celulares de las personas que graban su actuar. Tampoco puede ordenar que las personas dejen de filmar. La Policía tiene el deber de respetar el derecho a firmarlos sin entorpecer su accionar, sea en un espacio público o privado. Los actos de la Policía son públicos sean en espacio público o privado. Un abuso policial en un espacio privado vuelve público ese acto inmediatamente por la afectación de terceros (Art. 19 CN) y por provenir de un funcionario público, filmar el actuar policial es parte del derecho de todos los habitantes, resaltó.

El accionar y la arbitrariedad policial son especialmente peligrosos en un contexto de abusos y violencia institucional como el nuestro, por eso el derecho a filmar su accionar es una legítima defensa colectiva frente al historial de persecución y arbitrariedades que , concluyó Julieta González.

 

 

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