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La APDH cuestionó la ausencia de Estado, las mafias del narcotráfico y la detención política del wichí Agustín Santillán

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Luego que Amnistía Internacional, solicitara al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, la inmediata liberación del líder de la comunidad wichí Agustín Santillán, considerándolo un “preso político del gobernador”, la Asociación Permanente de los Derechos Humanos APDH Formosa, aseguró que el conflicto se agudiza cuando desde la estructura gobernante se tiende a negar o minimizar la realidad de Ingeniero Juárez y, cunado con la lógica de “enemigo peligroso” se individualiza una persona y se entiende que debe ser detenido para “pacificar”.

La APDH Formosa manifestó que la situación de violencia y desborde social en Ingeniero Juárez se debió entre otras “múltiples causas” básicamente a la ausencia y a políticas públicas ineficaces del Estado, frente a la alta vulnerabilidad de los pobladores, y a las condiciones de marginalidad, de las cuales son emergentes los hechos de violencia que llegaron a enfrentamientos entre criollos e indígenas.

Al empobrecimiento y la marginalidad de la población deben sumarse: “Ineficacia en el sistema de salud frente a las demandas de la población; Carencia de una buena administración de justicia y seguridad con situaciones de violencia institucional que acrecientan el resentimiento; Ausencia de obra pública preventiva; Problema habitacional no resuelto; Racismo y discriminación mutua que genera vínculos teñidos de resentimiento que afectan las relaciones de empatía entre los pobladores; Falta de trabajo y oportunidades; Drogas, alcohol y narcotráfico: Ingeniero Juárez es la localidad por donde ingresa la droga desde Salta y desde Paraguay.

“Los hechos que tuvieron lugar en Ingeniero Juárez no pueden ser leídos como un evento aislado, generado por un solo actor, el dirigente social Agustín Santillán y los jóvenes wichí. Hay múltiples responsabilidades”.
En esa relación social de gran inequidad, la demanda de vivienda, salud, tierras, trabajo, por parte de los indígenas es condenada socialmente por no considerar que sean sujetos de derecho que fueron despojados violentamente de sus territorios ancestrales”.
“A este cuadro social, debe sumarse el enorme poder que tienen las mafias del narcotráfico y la instrumentalización de las personas jóvenes”, enfatiza el documento de la APDH, que además señala un quiebre cultural.
AUSENCIA DEL ESTADO

El documento de la APDH señala que la sensación entre los pobladores es de una ausencia del Estado, que con más presencia policial, no consiguió encontrar una vía de superación de la crisis social como tampoco encauzarla a través de un diálogo genuino.

De la misma manera, urge actuar en la investigación de los hechos denunciados, conforme a derecho y con las garantías del debido proceso”, reclama e indica que es necesario que el Estado actúe con eficacia frente al avance del narcotráfico en la localidad.
Finalmente, el escrito de APDH especifica que el escenario se agudiza cuando desde la estructura gobernante se tiende a negar o minimizar el conflicto, y “paradójicamente”, se aplaca cuando se identifica un único autor visto como enemigo peligroso. Desde esta lógica, este “enemigo peligroso” debe ser detenido para “pacificar” y no se avanza en la investigación y abordaje de las múltiples causas que llevaron a esta crisis con alta conflictividad social.

Al identificar un único autor, y detenerlo, se genera una imagen de falsa calma, puesto que si bien a partir de este hecho se refuerzan las acciones de prevención y asistenciales necesarias, se dejan de lado otras líneas de acción indispensables para evitar la reiteración o agudización del conflicto”, concluye.

 

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