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La Corte, el enemigo al que Cristina Kirchner más teme y no puede doblegar

La vice no pudo impedir que el máximo tribunal amplíe y presida el Consejo de la Magistratura. Allí no podrá digitar más designaciones ni sanciones. Temor por las causas en su contra.

No por esperado, el golpe con el que la lacónica resolución de la Corte Suprema de Justicia disolvió las martingalas del kirchnerismo para burlar el fallo del máximo tribunal respecto del Consejo de la Magistratura fue menos brutal y doloroso para Cristina Kirchner. El máximo tribunal del país, inalcanzable para sus invectivas, sus tuits, las torpes maniobras de sus funcionarios y las operaciones de la prensa adicta a ella, es sin duda el enemigo al que la presidenta más teme, y que con su poder menguante no puede doblegar.

Ni las vacilaciones de Alberto Fernández ni las críticas más duras de la oposición política causan en la vicepresidenta reacciones tan virulentas como las que movilizan a todo el kirchnerismo duro cada vez que la Corte recuerda con alguno de sus fallos que ninguna iniciativa o ley puede burlar a la Constitución Nacional, cuya interpretación final está en manos del máximo tribunal.

La furia de Cristina -tal como se refleja en sus declaraciones y las jugadas políticas que ella ordena, que son las que importan- podría analizarse en dos planos.

El primero, más general, es institucional y también político. Acostumbrada a conducir dóciles mayorías en el Congreso, o a manipularlas desde una minoría intensa, la señora de Kirchner sólo encontró límites a sus proyectos en los fallos de la justicia. La Corte es, según esa lectura, el escollo más grande a su visión hegemónica del poder, y el recuerdo de que bajo un régimen republicano esa desmesura será contenida y eventualmente detenida o enfrentada por otro poder al cual ella no maneja, cuya cima se halla en el cuarto piso del palacio de Tribunales.

Desde la creación de impuestos hasta la apropiación nacional de regalías o fondos coparticipables con las provincias, por ejemplo, tienen o no luz verde con la firma de los cuatro ministros de la Corte. Ellos también tienen la última palabra respecto de los experimentos para acotar el alcance de los fallos judiciales, y para manosear los mecanismos de designación y remoción de los magistrados.

Esta última facultad desespera a Cristina, que desde la misma llegada al poder de su marido intentó quitársela a la justicia y a la oposición. A fines de 2005, desde su banca en el Senado, la flamante senadora por Buenos Aires -siempre había representado a Santa Cruz- impulsó una reforma del Consejo de la Magistratura sancionada al año siguiente, que a través de una reducción de la cantidad de consejeros -de 20 a 13- y el consecuente desbalance de los estamentos representados en el organismo, permitía al gobierno tener poder veto sobre cualquier decisión y estar a un paso de los dos tercios necesarios para designar jueces amigos o castigar a los réprobos.

Con una enorme e injustificable demora, la Corte sentenció que aquel cambio -de cuyos beneficios Cristina gozó en sus dos gobiernos- era inconstitucional, y que si no se sancionaba una nueva ley se debía volver a la integración del Consejo previa a la reforma. Eso es lo que la vice intentó resistir con todas sus armas, que ahora lucen oxidadas e insuficientes. No consiguió reemplazar aquella ley de su autoría por otra que con algún cambio mantuviera las trampas para que el oficialismo siguiera manejando el organismo. Y tampoco pudo detener la ejecución del fallo de la Corte, ni siquiera con su negativa a designar a un senador y un diputado por la segunda minoría. Con los demás consejeros listos para asumir, el tren no se detendrá, dijo la Corte este lunes.

A ese plano institucional, en el que al máximo nivel se discuten la división de poderes republicanos inspirada en Montesquieu y Rousseau, corresponden los principales análisis de la sentencia del máximo tribunal, y sus inevitables consecuencias políticas.

Pero hay un segundo nivel, más chiquito y personal pero no menos volcánico en lo que Cristina Kirchner presenta ante la sociedad como un enfrentamiento, o más dramáticamente como un «golpe institucional»: es que en los escritorios de la Corte ya están o terminarán los copiosos expedientes por corrupción en los que tanto ella como sus hijos están procesados y acusados de graves delitos contra el patrimonio estatal.

Una Corte legitimada en su ejercicio -pues también fallaron los argumentos para cuestionarla en su origen- es una pésima noticia para Cristina y su brillante abogado, el doctor Carlos Beraldi. Sólo con un maquillaje monstruoso y coloreado de golpismo, de lawfare y de rastreras intenciones políticas podrían llegar a buen puerto las gigantescas presiones que desde la misma llegada de Alberto Fernández al poder se vinieron desplegando sobre el máximo tribunal para que interviniera en las causas contra Cristina y las enviara al olvido.

Desde el desprolijo viceministro de Justicia Juan Martín Mena hasta su locuaz jefe, Martín Soria, pero principalmente el silencioso -y supuestamente «moderado»- ministro del Interior Wado De Pedro– operaron personalmente ante la Corte para aliviar el oscuro frente judicial de su jefa. Fracasaron.

Ese fracaso podría verse reflejado en próximas sentencias y resoluciones, que sin que nadie las interrumpiera continúan su camino en los tribunales. Y no sólo en los despachos de la Corte.

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