Opinión

LA JUSTICIA EN SU LABERINTO: Necesidad y urgencia de un debate

Por: PEDRO VELAZQUEZ IBARRA. El desprestigio, la ausencia de credibilidad en su independencia, la inidoneidad e ineficacia en la gestión judicial, son públicamente conocidos como nunca ántes, apresurándome a señalar que, más que los jueces, los responsables son los dirigentes políticos que por acción u omisión alientan o consienten el desolador estado de anomia reinante, tanto a nivel nacional como local, con el indisimulado propósito de manipular la administración de justicia en favor de sus intereses (el Derecho nada importa), conformándose verdaderas bandas integradas por magistrados encargados de lo que debería ser la excelsa tarea de impartir justicia. Las palabras de ironía amarga de Bertolt Brecht están ahora en todas las cosas: “Los designios de Dios en el cielo y la coima a los hombres en la tierra, así son los modos del mundo.  Bienaventurados los corruptos porque frente a ellos los jueces se inclinan por la clemencia y así hasta un inocente puede quedar en libertad”.

DENEGACION DE JUSTICIA

En la Justicia Federal los dos Juzgados carecen de juez desde hace más de cinco años. Las causas por narcotráfico suman miles, prácticamente paralizadas, al igual que los de lesa humanidad, incluidas la de búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas. Se llegó al colmo de que kilos de cocaína secuestradas fueron robadas del propio edificio del tribunal para su comercialización, y fiscales, jueza subrogante y secretaria encubrieron tamaño delito. Otra jueza subrogante hace desaparecer mágicamente la droga de una causa con una resolución, consagrándose la impunidad de los delincuentes cuya persecución se declaró  política de Estado.

En la justicia local la cuestión se agrava por la imposibilidad  material de los magistrados y empleados del Poder Judicial  de  siquiera mitigar el colapso provocado por el enorme aumento de la litigiosidad en los últimos años, siguiendo el crecimiento poblacional, mientras la cantidad de juzgados es la misma que la existente hace 30 años. Y según nos enseñara el maestro Carlos Cossio: “Quien sabe que no tiene jueces no tiene por qué depositar su fe en las normas” (“La Política como Conciencia”, año 1957). Se difunde el  escepticismo sobre la posibilidad de dirimir pacíficamente, en el marco de la ley, los reclamos de los justiciables, Veamos.

En el fuero penal provincial se inician unas 20.000 causas anuales, de las cuales menos de 100 se elevan a juicio. Es decir que por año continúan acumulándose unos 19.900 expedientes a los ya existentes. La impunidad se institucionalizó, más allá de los denodados esfuerzos de los empleados encargados de proveer, todos los cuales quedan afectados por diversas patologías provocada por el estrés laboral, y también magistrados en general, quienes están imposibilitados de dictar fallos con mayor nivel técnico.

La situación en el Tribunal de Familia es especialmente grave ya que las demandas son urgentes e interesan al núcleo básico de la sociedad que es la familia. En  este tribunal se tramitan, estimativamente, unas  30.000 causas, las cuales por diversas circunstancias son atendidas generalmente por una sola jueza de las tres que integran el mismo. La solución consiste en llamar a  concurso y designación de otros dos jueces para cubrir la sala ya creada hace años. Entretanto se resolvió crear otra sala en la Cámara Civil y designar los jueces en el único tribunal que se encuentra al día en el dictado de sentencias. O las autoridades que deciden no tienen la más pálida idea de la que  pasa en el poder judicial o,  lo que sería peor, le importa un pito remediar la grave situación.

A su vez los reclamos de los trabajadores, otro sector social que corresponde sea atendido diligentemente sus demandas por créditos alimentarios, ofrece aspectos singulares que tornan inexplicable la enorme morosidad en la tramitación de las causas, al punto tal de que no obstante estár integradas las tres Salas del Tribunal del Trabajo, con un total de nueve jueces, y procedimiento oral, las audiencias para realizar los juicios se fijan a  más de dos años de iniciados, en el mejor de los casos.

En los juzgados civiles se tramitan un promedio de 10.000 causas en cada uno, y ya a principios del mes de marzo del año 2016, en una nota dirigida al Superior Tribunal, las seis juezas del fuero de la ciudad capital (Dras. Claudia Pieske de Consolani, Brenda Zaracho de Del Vigo, Patricia Lugo; Claudia Pérez Grepo, Giselle Drovandi  y Judith Sosa de Lozina) denunciaron el estado de “colapso” del sistema judicial, reclamando “ampliar el número de juzgados, por lo menos al doble y especializar los fueros”, a cuyo fin piden se adopten las medidas necesarias para revertir el “estado crítico” del servicio de justicia. Hasta hoy tuvieron la peor respuesta el silencio.

Es llamativo que, pese al estado  de colapso en la justicia denunciado, en lugar de recurrirse a medidas sencillas, de  sentido común, fácilmente implementables, para revertir dicha situación, se promocionan y se crean institutos “novedosos”, con nuevas dependencias de dudosa eficacia, y se adhiere  a la  ley del narcomenudeo, por ejemplo, que solamente  son útiles para hacer marketing . Tampoco se cubren las vacantes de jueces de Menor, Civil 1 y de Instrucción 4, obviando por   ahora los graves problemas existentes en Clorinda, Las Lomitas y El Colorado.

Incluso un novel magistrado, en lugar de poner al día su juzgado, ya se encuentra propagandizando las supuestas ventajas del juicio por jurado para saldar una “deuda social originada en la Constitución de 1853” y, de paso, “democratizar la justicia”, delira.

ORALIZACION DE JUICIOS CIVILES.

Entre tantas  ocurrencias “novedosas”,  las “ventajas” de la oralizacion de los juicios civiles aparece rutilante y, podría ser  aprobada mediante una simple acordada por el Superior Tribunal de Justicia, asumiendo   de hecho función legislativa,  sin considerar las fundadas oposiciones de la casi totalidad de las juezas del fuero y sin consulta alguna con los abogados litigantes, modificando drásticamente las reglas del proceso por las cuales se encuentran en trámite miles y miles de juicios, atosigando aún más a los juzgados, especialmente a los Secretarios/as y empleados, a quienes se les impone tareas que son propias de las partes, al punto tal de que desaparecería  prácticamente el instituto de la caducidad, que, es sabido, obedece a razones de orden público y  está destinada a evitar  que los juicios se eternicen, circunstancias que seguramente originaran planteos de  inconstitucionalidad, provocando más demoras aun.

Tampoco se tiene presente que mientras el nuevo Código Civil impone en sus primeros artículos resolver los casos teniendo como fuentes del Derecho y aplicando las leyes, “conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos”, en su art. 1, y respecto a la interpretación de las normas, las mismas deben hacerse de acuerdo a  “los tratados sobre  derechos humanos”, en su art. 2,(sistema supranacional de legalidad), en Formosa la totalidad de la legislación local vigente proviene de la época del terrorismo de Estado, siendo particularmente repudiable que  un decreto del Gral. Colombo, condenado a 25 años de prisión por ser jefe y organizador de una asociación ilícita creada para cometer delitos de lesa humanidad, regule nada menos que la acción de amparo destinada a reclamar con  urgencia toda violación a los derechos y garantías constitucionales, justamente.

Es decir que para los formoseños sigue vigente un decreto que, amén de ser considerado impropiamente “ley”, lo dictó un genocida invocando autorización de la Junta Militar (Videla, Massera y Agosti) entre cuyas preocupaciones nunca se contó el respeto a los derechos humanos, ni falta hace decir. Una verdadera vergüenza institucional que mantiene a nuestra provincia fuera de la Argentina posdictadura cívico-militar.

Es necesario y urgente interpelar a las autoridades del poder político nacional, provincial y del Poder Judicial sobre la situación de la justicia, debatiendo públicamente con participación de dirigentes, funcionarios y especialmente legisladores provinciales y nacionales medidas concretas para garantizar el imprescindible servicio de justicia,  pues sin justicia para todos no habrá democracia plena ni paz social verdadera.-

PEDRO VELAZQUEZ IBARRA Abogado

 

 

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