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La Justicia no siempre es justa

La compra de dólar a futuro fue una decisión política. ¿Buena? Depende de quién lo mire, aunque hubo empresarios (sin simpatías con el kirchnerismo) que la justificaron en su momento porque necesitaban tener cierta previsibilidad para la compra de insumos importados. ¿Mala? Probablemente, sobre todo porque el gobierno de Cristina Kirchner realizó contratos de venta de dólar a futuro con vigencia hasta seis meses después de la conclusión de su mandato, en diciembre de 2015. Hubo contratos que duraron hasta junio de 2016. Pero si es una decisión política, desprovista de cualquier prueba de delito, a la Justicia no le corresponde juzgar si esa decisión fue buena o mala. Esa es la columna jurídica a la que se aferraron los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone (ninguno de ellos puede ser sospechado de cercanías con el kirchnerismo) en el voto mayoritario de la Cámara de Casación que sobreseyó este martes a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y a varios exfuncionarios del Banco Central, por la compra de dólar a futuro durante la administración de la actual vicepresidenta.

El tercer voto, el de la jueza Ana María Figueroa, pertenece a una persona con claras simpatías hacia la expresidenta. Figueroa aprovechó la oportunidad para vapulear a todos los jueces (o casi todos) que son considerados enemigos por Cristina; ni siquiera se privó del placer de describir el lawfare, el plato preferido del cristinismo cuando se refiere a las causas de corrupción durante los tres mandatos anteriores de los Kirchner. Es al revés: los votos de los jueces Barroeteveña y Petrone son la prueba de que el lawfare es una ficción que sirve solo para alimentar la victimización de la expresidenta. Son la prueba también de que la Justicia argentina puede rectificar decisiones que fueron malas o que se tomaron sin contar con todos los elementos probatorios. Figueroa no tuvo clemencia ni con el juez Claudio Bonadio, quien murió hace más de un año: sometió al difunto a la tortura de sus escritos militantes.

La prueba de que no hubo delito está en las conclusiones de la auditoría contable de los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Ellos aseveraron que no hubo daño al Estado con esa operatoria y que la decisión está dentro de las atribuciones del Banco Central, según su carta orgánica. Es la única causa en la que estaba imputado Kicillof. El caso del actual gobernador de Buenos Aires merece analizarse. Fue ministro de Economía, negoció la refinanciación de la deuda con el Club de París y la indemnización a la empresa Repsol por la confiscación de YPF (y ambas negociaciones fueron malas, según una opinión generalizada), y ahora es gobernador de la provincia más importante del país. A pesar de su personalidad extremadamente ideologizada, nunca se lo sospechó de corrupción ni se hicieron denuncias contra él. Si el lawfare es la persecución de los líderes progresistas o de izquierda por los poderes judiciales y mediáticos que responden a los intereses de la derecha política, ¿por qué se olvidaron de Kicillof? Porque el lawfare es una fantasía y porque Kicillof no dio nunca motivos para que se sospechara de su honestidad.

Los jueces Barroetaveña y Petrone invocaron, inclusive, argumentos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien señaló en un reciente fallo que la Justicia debe respetar también el principio de la división de poderes. Es decir: si el Poder Ejecutivo decide dentro de sus márgenes constitucionales de acción, y no existen pruebas de delitos, la Justicia no debe interferir. Esos jueces de Casación subrayaron también la necesidad de evitar la sobrejudicialización de las decisiones políticas. En otras palabras, dijeron que existen decisiones políticas no justiciables por malas, buenas, horribles o pésimas que sea. La evaluación de esas decisiones es un resorte de la política y, en última instancia, del electorado. El caso que se resolvió ayer tiene un precedente, porque esos mismos jueces (Barroetaveña y Petrone) sobreseyeron a Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central en tiempos de Macri, por una denuncia también por la compra de dólar a futuro. Es curioso, pero la denuncia la habían hecho Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi. En lugar de pedir por la inocencia de Sturzenegger (porque significaría su propia inocencia), Cristina quería que condenaran al exfuncionario macrista y la sobreseyeran a ella por el mismo supuesto delito. El odio no mira las consecuencias. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas (Confucio dixit).

Confucio es oportuno para entrar en el caso que involucra a otro expresidente, Mauricio Macri. Dos jueces también de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, están siendo cuestionados por el cristinismo porque registran varios ingresos a la Casa de Gobierno y a la residencia de Olivos durante el mandato de Macri. Los seguidores de Cristina suponen que esos jueces fueron a reunirse con Macri para recibir instrucciones de cómo debían decidir en los casos de corrupción que acosan a la expresidenta. Las reiteradas presencias de esos jueces en dependencias presidenciales fueron actos muy desprolijos, desde ya. El cristinismo pidió a la Justicia que reclame formalmente el listado de todos los ingresos a la Casa de Gobierno y a Olivos durante el mandato de Macri. Un información errónea indicó que la jueza federal María Eugenia Capuchetti había aceptado el pedido del fiscal Franco Picardi, exfuncionario de Cristina, para que ordene el envío de esos ingresos a la Justicia Federal. Capuchetti solo resolvió una medida de prueba, pero nunca opinó sobre el fondo de la cuestión. Esa medida de prueba fue apelada por la defensa de Macri, apelación que Capuchetti consideró que no correspondía dársela, aunque le abrió la puerta al recurso de queja. Macri recurrió en queja a la Cámara Federal. Ahí está ahora la cuestión.

El tema es, en rigor, abstracto. Esos ingresos están en el sitio web de Poder Ciudadano después de que esta organización hiciera un juicio y lo ganara. Había sucedido lo mismo con Cristina Kirchner. Ella se negó a entregar la lista de sus ingresos a la Casa de Gobierno y a Olivos cuando era presidenta, pero Poder Ciudadano ganó un planteó en la Justicia y la lista de Cristina la terminó entregando Macri. Luego, fue Macri el que se negó a entregar la suya hasta que debió hacerlo por orden de la Justicia. Los planteos de Poder Ciudadano se respaldaron en ambos casos, extrañamente, en un decreto de Néstor Kirchner sobre el acceso a la información pública.

De la lista que se conoce puede concluirse que los jueces Hornos y Borinsky deberán excusarse en todos los casos en los que esté imputado Macri. Evidentemente, existe una relación, estrecha o lejana, entre ellos y el expresidente. Según diversas fuentes del macrismo, esos jueces fueron siempre al despacho presidencial por motivos institucionales, ya sea la situación de las cárceles (Hornos) o por las reformas al Código Penal (Borinsky). Pero siempre terminaban proponiéndose para el cargo de procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales, que está vacante desde la jubilación de Alejandra Gils Carbó. La influencia de ellos no fue importante según lo que pasó después: Macri propuso a Inés Weinberg de Roca, una jueza del Tribunal Supremo de la Capital, para reemplazar a Gils Carbó. Hornos y Borinsky se quedaron con las ganas de conducir las acusaciones en el país.

Concluir que Hornos y Borinsky hablaban de Cristina cada de vez que iban a la Casa de Gobierno o a Olivos es una deducción construida sobre una inferencia. Es, además, una excesiva estimación de sí misma por parte de la vicepresidenta, lo que no significa, por cierto, una novedad. Como en el caso del dólar a futuro, faltan pruebas para establecer que hubo un delito preciso. Sin embargo, el caso del dólar a futuro (y eventualmente el del caso del memorándum con Irán) no puede extrapolarse a las causas en las que realmente está probada la corrupción.

Una cosa es una decisión política y otra cosa es lavar dinero en los hoteles y edificios propios de Hotesur y Los Sauces, propiedades de la familia Kirchner. Una cosa es una medida de signo monetario para llevar tranquilidad al mercado cambiario y otra cosa es el despilfarro del dinero del Estado en obras públicas que siempre caían en las mismas manos. No es lo mismo el dólar al futuro que la causa de los cuadernos, en la que se cuentan cómo se entregaban y se cobraban los sobornos.

No es lo mismo lo que decidieron este martes los jueces de la Cámara de Casación que la libertad concedida a José López por jueces de un tribunal oral. El prontuario de corrupción de López incluye un acto de locura autoinculpatoria, como revolear bolsos con millones de dólares en una noche bonaerense, o declararse arrepentido ante los jueces por haber cobrado sobornos cuando era un crucial secretario de Obras Públicas. Crucial para el sistema de recaudación ilegal de dinero por parte del kirchnerismo. Si López puede estar en libertad después de tantas pruebas y confesiones, la prisión no está hecha para el kirchnerismo. Esas diferencias son capitales para entender que la Justicia no siempre es justa.

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