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La Nación: Advierten por violaciones a la libertad de expresión en Formosa

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Las presiones judiciales, condenas económicas contra periodistas y falta de independencia en la Justicia puso en alerta a la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), a entidades periodísticas y a dirigentes de la oposición, que advirtieron por un crecimiento del “feudalismo informativo” en el interior del país.

Gabriel Hernández, condenado a pagar 2 millones de pesos por daños y perjuicios cuando transmitía en su programa de radio Fantasía en 2013 un comentario de un oyente sobre el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La fundación LED, que dirige la expresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici, reunió en una videoconferencia a la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, el senador Claudio Poggi (Juntos por el Cambio – San Luis) y a representantes de entidades como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), para abordar la situación que atraviesa Diego Masci, periodista de San Luis de CNN Radio y dueño del portal ZBOL.com. Masci fue condenado a pagar 90 mil pesos de multa el 13 de agosto por publicar un video de la exministra de Educación provincial, Natalia Spinuzza, en la que la exfuncionaria reconoce haber consumido drogas durante un viaje a Holanda.

La jueza de San Luis Laura Molino condenó al periodista por “violación de intimidad” de Spinuzza, que debió renunciar a su cargo y actualmente es secretaria de Medio Ambiente.

La fundación LED afirma que el interior atraviesa un “contexto histórico de feudalismo informativo” y que se imponen sanciones a la prensa “con el consiguiente obstáculo para el acceso a la información pública”.

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, dijo que los casos de presiones a periodistas "impresionan por su arbitrariedad y gravedad"
La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, dijo que los casos de presiones a periodistas “impresionan por su arbitrariedad y gravedad” Fuente: Archivo – Crédito: Prensa Senado

“No se entiende, si no es en el marco de la censura. Apelaremos la condena, ya que el video circuló por medios nacionales y por redes sociales por el contenido de interés público que tenían las afirmaciones de la funcionaria de Rodríguez Saá”, dijo el periodista Masci.

Bullrich afirmó que los casos de presiones a periodistas “impresionan por su arbitrariedad y gravedad” pues “los periodistas no deben explicarle a nadie el origen de sus fuentes”, derecho que “está consagrado en la Constitución Nacional, en los artículos 14 y 43, y en el pacto San José de Costa Rica”.

“Me comentaron que en San Luis hay una ley que rige la libertad de expresión. No debe haber una ley, la mejor ley de libertad de expresión es la no ley. No hace falta, porque ya está muy claro en la Constitución. Nosotros podríamos ir por el camino de la búsqueda de declaración de inconstitucionalidad y llegar a la Corte Suprema de Justicia para sentar un precedente, para que en ninguna provincia pueda haber una restricción a un derecho constitucional. Los periodistas no tienen que explicar nada, los casos son tan evidentes y de tal gravedad que es muy importante que lleguen a la Corte o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó.

La videoconferencia también trató los casos de Juan Pablo Suárez, encarcelado en diciembre de 2013 en Santiago del Estero por publicar imágenes de una protesta de policías contra el gobierno provincial, y de Gabriel Hernández, condenado a pagar 2 millones de pesos por daños y perjuicios cuando transmitía en su programa de radio Fantasía en 2013 un comentario de un oyente sobre el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

En tanto, la exdiputada Giudici recordó que además de los periodistas, en los últimos meses, fueron denunciados ciudadanos como el actor Juan Acosta o el músico Rodrigo Etchudez por criticar en Twitter o Facebook la cuarentena y las medidas sanitarias en el marco de la pandemia.

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